Actualmente, Nicaragua es un país en donde la única noticia que circula es la que aprueba la dictadura de Daniel Ortega, por eso, si los ciudadanos buscan información real, tienen que buscarla en medios que operan desde afuera, desde países como Costa Rica o Estados Unidos.

"¿Sabes cómo se destruye la prensa libre de un país entero?

No de un golpe, va poco a poco, medio por medio, periodista por periodista.

Nicaragua lo vivió y es una de las historias que hay que conocer.

Nicaragua tenía periódicos, radios, canales de televisión independientes, tenía periodistas que investigaban, que preguntaban, que incomodaban al poder.

Tenía todo eso, pero ya no lo tiene.

Daniel Ortega llegó al poder en 2007 con discursos de justicia social del pueblo de la revolución, del bienestar.

Nadie imaginó lo que vendría después.

En los años siguientes, Ortega fue cerrando medios de comunicación uno por uno. Radios, televisoras, periódicos.

En total, más de 60 medios de comunicación desaparecieron en Nicaragua, algunos los cerraron directamente, a otros les cancelaron la licencia, a otros los asfixiaron económicamente hasta que cerraron solos.

El diario La Prensa, por ejemplo, el periódico importante del país con décadas de historia, la policía entró a sus instalaciones, arrestó a sus directores y desde ese día solo pudo funcionar de manera digital.

Un año después, Ortega confiscó el edificio y lo convirtió en un centro cultural del Gobierno. Ese periódico que le había dado voz a los nicaragüenses durante décadas, se convirtió en propiedad del régimen que había criticado.

Más de 276 periodistas tuvieron que irse de al exilio para no ir a la cárcel, dejaron sus casas, sus familias, su país, todo por no callarse.

Los que se quedaron aprendieron a callarse solos sin que nadie se los ordenara por puro miedo. Y eso es lo más efectivo de la censura.

Solo necesitas que unos pocos paguen el precio para que los demás decidan que no vale la pena hablar.

Hoy Nicaragua es un país en donde la única noticia que circula es la que aprueba el gobierno, es un país en donde si buscas información real, pues tienes que buscarla en medios nicaragüenses que operan desde afuera, desde Costa Rica, desde Estados Unidos, no importa, desde cualquier lugar menos desde Nicaragua.

Ortega no dijo que estaba destruyendo la prensa libre, dijo que estaba combatiendo la desinformación, dijo que estaba protegiendo al pueblo.

Las mismas palabras que hoy empezamos a escuchar en México".

La sociedad civil representa el último bastión frente a los abusos del poder . En países como Cuba y Venezuela, la persecución estatal y el desmantelamiento sistemático de contrapesos han demostrado que, cuando se acalla a la ciudadanía y a las organizaciones independientes, una nación puede caer bajo el totalitarismo como fichas de dominó.

Exiliados de ambos países, como los cubanos Jorge Fernández y Yovanni Díaz, recuerdan que en sus tierras de origen criticar al régimen o publicar un meme puede costar la cárcel o la vida, despojando al pueblo de su dignidad y del derecho fundamental a debatir.

Por su parte, la activista venezolana Farida Acevedo vivió en carne propia la represión del régimen de Nicolás Maduro cuando su ONG de derechos humanos fue confiscada sin juicio ni derecho a la defensa. Hoy, desde el exilio en México, estos defensores advierten con preocupación los pasos que se dan en el país para restringir libertades, censurar voces críticas y debilitar los contrapesos institucionales. Como bien lo advirtió Martin Luther King, la peor tragedia no es la opresión de los malos, sino el estridente silencio de los buenos; por ello, instan a los mexicanos a defender la libertad de expresión antes de que sea demasiado tarde.

El afán de perpetuación en el poder y la paulatina destrucción de la institucionalidad democrática en Nicaragua alcanzaron un nuevo punto crítico. La Asamblea Nacional de ese país, bajo el control absoluto del oficialismo, comenzó el análisis de una iniciativa de reforma constitucional impulsada directamente por el presidente Daniel Ortega. La propuesta busca extender el periodo gubernamental de seis a siete años de manera renovable y sin límite de reelecciones, una maniobra que consolida el régimen autoritario que encabeza desde hace más de 19 años.

La iniciativa presentada ante el Parlamento nicaragüense otorga facultades para que el mandato presidencial pase de seis a siete años con posibilidad de renovación continua, reduciendo a cero cualquier posibilidad real de alternancia política. Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Asamblea Nacional y aliado del régimen, Gustavo Porras, justificó la medida argumentando la necesidad de un "ordenamiento institucional" para garantizar la continuidad del proyecto gubernamental y hacer frente a las necesidades del país.

"Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodos efectivos de siete años renovable, lo cual asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo", aseveró Gustavo Porras ante el Pleno legislativo.

Este nuevo exceso institucional se suma a las modificaciones aprobadas en 2025, donde el régimen designó como copresidenta a Rosario Murillo, esposa de Ortega, concentrando las decisiones de la nación dentro de un círculo dinástico y familiar. Ante el inminente avance de la reforma, instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han condenado el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua, advirtiendo que el régimen sigue cerrando de forma sistemática los espacios para la competencia política y los derechos fundamentales.

La historia de los regímenes autoritarios muestra un patrón sistemático: la censura de Estado nunca se presenta abiertamente, sino que se disfraza bajo discursos de buena voluntad, regulación y la supuesta " defensa de las audiencias ". Desde Hugo Chávez en Venezuela hasta el régimen castrista en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua, el guion ha sido idéntico: líderes que iniciaron prometiendo apertura y tolerancia terminaron calificando a los reporteros de "ignorantes", revocando concesiones a canales críticos o prohibiendo directamente cualquier medio opositor bajo el argumento de combatir la manipulación extranjera.

Esta manipulación y control de la verdad evoca la distopía planteada por George Orwell en 1984, donde el aparato estatal utilizaba la propaganda para señalar y linchar públicamente a los considerados "enemigos del sistema". Al final, los precedentes históricos demuestran que cuando el Estado interviene para normar los contenidos, imponer narrativas y acotar el criterio editorial, la libertad de prensa es la primera en caer, convirtiendo la regulación en la antesala del autoritarismo y dejando a la sociedad indefensa ante la verdad oficial.

Luego de las contundentes declaraciones del dictador Daniel Ortega , quien afirmó que en Nicaragua "nunca más habrá elecciones", la cúpula del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) salió a matizar el discurso oficial para aclarar que los procesos electorales continuarán, pero condicionados a una reforma normativa que el gobierno impondrá.

El jefe de la Asamblea Nacional de Nicaragua , Gustavo Porras, fue el encargado de anunciar un paquete de reformas constitucionales y legislativas. Según la narrativa del oficialismo, estas modificaciones tienen como objetivo blindar las urnas frente a lo que consideran interferencias de potencias internacionales y de la oposición.

"Decidimos cuándo y cómo van a ser nuestras elecciones (...) para no dejar ni un resquicio donde se pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos", aseveró Gustavo Porras durante su intervención.

El discurso de la "defensa de la soberanía" y el combate a la "injerencia extranjera" no es nuevo en la política latinoamericana. Diversos gobiernos de izquierda e ideales afines han utilizado este argumento para justificar mayores controles sobre las instituciones electorales, inhabilitar candidaturas opositoras y restringir la labor de organizaciones críticas.

En el caso de Nicaragua, el régimen encabezado por Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo busca cerrar definitivamente la puerta a cualquier opción de alternancia política. De acuerdo con el liderazgo del congreso nicaragüense, las votaciones no estarán abiertas para quienes califique como "enemigos del pueblo" o "golpistas".

El anuncio de las nuevas reglas electorales se suma a un largo historial de maniobras con las que el sandinismo ha consolidado su hegemonía desde la llegada al poder de Ortega en 2007:

• Reformas constitucionales: En 2009, la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable el artículo que prohibía la reelección consecutiva, facilitando la permanencia del mandatario.
• Bloqueo a la observación: Para los comicios de 2016, el régimen vetó la presencia de misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Centro Carter.
• Encarcelamiento de rivales: Durante el proceso electoral de 2021, los principales aspirantes de la oposición fueron detenidos bajo acusaciones de "traición a la patria", lo que llevó a la comunidad internacional a catalogar las votaciones como ilegítimas.

Con esta nueva reestructuración legal impulsada desde Managua , el régimen busca institucionalizar un modelo de participación restringida que asegure la continuidad del oficialismo sin margen para la competencia democrática real.

Luego de que el dictador Daniel Ortega anunció que las elecciones en Nicaragua habían llegado a su fin, Laureano Ortega se perfila como el sucesor del régimen.

Y es que la avanzada edad de sus padres hace pensar que cada vez está más cerca el momento en el que den un paso al costado y abandonen el poder presidencial.

Laureano Ortega es uno de los siete hijos de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y de la vicepresidenta Rosario Murillo.

Estudió Sociología y Ciencias Políticas en Managua y posteriormente cursó estudios de Cine en Costa Rica. Además, es tenor y director de la Fundación Incanto, dedicada a la promoción de la ópera y la música.

Ha participado en misiones internacionales, encabezado delegaciones y firmado acuerdos bilaterales con países como China, Rusia e Irán, pese a no tener un cargo oficial como diplomático. Entre las acciones más destacadas atribuidas a su gestión se encuentra su participación en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China en 2021.

En el ámbito económico también ha tenido responsabilidades públicas al frente de ProNicaragua, agencia encargada de promover la inversión extranjera, impulsó proyectos de gran escala como el Gran Canal Interoceánico y el satélite Nicasat-1.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y por supuestamente utilizar proyectos de inversión para beneficiar al gobierno y adquirir propiedades vinculadas con la ruta proyectada del canal interoceánico.

Además de Laureano Ortega, los otros seis hijos que Daniel Ortega y Rosario Murillo también están involucrados en temas de Nicaragua, principalmente en medios de comunicación.

• Camila Ortega Murillo: Coordina proyectos culturales y turísticos del gobierno y dirige la plataforma creativa "Nicaragua Diseña".
• Juan Carlos Ortega Murillo: Está al mando de empresas de medios de comunicación y productoras de propaganda oficialista.
• Daniel Edmundo Ortega Murillo y Maurice Facundo Ortega Murillo: Coordinan los canales de televisión de Nicaragua .
• Carlos Enrique Ortega Murillo y Luciana Ortega Murillo: Administran estaciones de radio y la infraestructura técnica de medios públicos.

En una declaración que confirma la consolidación de un régimen autoritario de partido único al estilo cubano o norcoreano, el dictador Daniel Ortega anunció abiertamente que suspenderá de forma definitiva los procesos electorales en Nicaragua .

Durante su intervención, Ortega aseguró que las urnas han sido utilizadas por la oposición para intentar usurpar el poder, por lo que promoverá leyes junto a la Asamblea Nacional de Nicaragua para bloquear cualquier intento de participación de quienes califica como "golpistas".

"Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones... para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder", sentenció Daniel Ortega, despojando de toda autonomía a los demás poderes del Estado.

La respuesta de la comunidad internacional no se hizo esperar. Desde Estados Unidos, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, comparó la maniobra del régimen nicaragüense con el modelo implementado en Cuba desde hace más de seis décadas: "Abolir las elecciones permite al gobierno atrapar a su pueblo", enfatizó el diplomático.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la administración de Donald Trump tomará cartas en el asunto ante lo que consideró un acto de cobardía por parte de la dictadura:

"La administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad. El compromiso de Ortega de abolir las elecciones demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense", afirmó Marco Rubio.

Desde el exilio, excandidatos presidenciales y activistas defensores de los derechos humanos también alzaron la voz para desmontar la narrativa del oficialismo en Managua:

• Juan Sebastián Chamorro (Excandidato presidencial): Señaló que el régimen busca imponer una farsa basada en el modelo de China, Cuba y Corea del Norte, donde los comicios simulados solo ocurren bajo el control absoluto de un partido único.
• Félix Maradiaga (Excandidato presidencial): Calificó la medida como un síntoma de debilidad: "No es una expresión de estabilidad de la dictadura, es una expresión de miedo".
• Salvador Marenco (Defensor de derechos humanos): Desde Costa Rica, advirtió que esta decisión perpetúa la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad y confirma la nula voluntad política del régimen para devolver la justicia y la libertad a los ciudadanos.

A pesar del intento del régimen Murillo-Ortega por instaurar un control definitivo en la región, la presión internacional y las denuncias de la oposición exiliada mantienen en la mira la crisis democrática que atraviesa Nicaragua .

Nicaragua enfrenta una crisis de libertad de expresión , porque durante varios años ha existido persecución contra periodistas y medios de comunicación, todo bajo las órdenes del dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

El país cerró prácticamente todos los espacios informativos no oficialistas mediante amenazas, encarcelamientos, exilios y leyes que castigan la difusión de información que la dictadura considera "falsa". Por ejemplo, la Ley Especial de Ciberdelitos castiga con 10 a 15 años de cárcel a quien publique informacion considerada como tergiversada.

Los periodistas exiliados advierten que la censura comenzó con ataques al periodismo, discursos de polarización y reformas legales que terminaron por consolidar un régimen autoritario. "En este momento que estamos haciendo esa entrevista, el gobierno ha desatado una nueva cacería silenciosa contra los periodistas que todavía quedan en Nicaragua", declaró desde el exilio Wilfredo Miranda.

El dictador nicaragüense, Daniel Ortega, anunció de manera oficial la suspensión definitiva de los procesos electorales en el país centroamericano , consolidando la cancelación del sistema democrático de sufragio. Durante un acto público masivo, el mandatario notificó que su administración no permitirá la realización de nuevos comicios para la renovación del Poder Ejecutivo, argumentando la necesidad de proteger la estabilidad del Estado frente a la influencia de sectores opositores y gobiernos extranjeros.

El pronunciamiento formal del régimen establece una ruptura definitiva con los marcos constitucionales en materia electoral. Con esta medida, el sandinismo busca anular cualquier posibilidad de alternancia en el poder, cerrando las vías de participación política legal para la ciudadanía nicaragüense y consolidando de manera abierta una estructura de partido único en el país.

Durante su intervención, el dictador nicaragüense justificó la cancelación del derecho al voto bajo una narrativa de defensa nacional frente a supuestas conspiraciones. Ortega declaró que en Nicaragua no volverán a haber elecciones para evitar que la oposición intente atrapar el Gobierno o el poder. Asimismo, adelantó que su administración buscará la aprobación de nuevas leyes destinadas a colocar un muro y un bloqueo legal a quienes calificó como golpistas y vendepatrias, asegurando que el bloque legal resistirá sin importar los recursos económicos que los bloques extranjeros otorguen a las agrupaciones críticas de su régimen.

La implementación de estas nuevas normativas complementará el marco de persecución política que la dictadura de Managua ha ejecutado durante los últimos años a través de juicios selectivos, inhabilitaciones y el despojo de la nacionalidad a líderes disidentes. La anulación del sistema electoral formal sitúa a Nicaragua en una posición de aislamiento internacional, en tanto las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la comunidad internacional sostienen las alertas por la liquidación absoluta de las libertades civiles en la nación centroamericana.

Nicaragua y Venezuela son dos países con serias restricciones a la libertad de expresión, de acuerdo con el Índice Chapultepec 2025 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Ambas naciones entran en la categoría de “Sin libertad de expresión”, ya que Nicaragua obtuvo una calificación de 18.22 puntos sobre 100, con lo cual se coloca en el lugar 22 de 23 países analizados.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dejado una estela de daño en la información en el país sudamericano, ya que en la categoría de “Ciudadanía informada y libre de expresarse” tiene una calificación especialmente baja de 2.33 sobre 30 puntos, lo cual refleja que prácticamente no existen espacios para la libertad de expresión.

Entre 2024 y 2025, el país ha “transitado hacia un modelo abiertamente totalitario bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, señala la SIP. Explica que diversas reformas constitucionales afianzaron el sistema de poder absoluto de la dictadura nicaragüense, con lo cual institucionalizaron la censura y persiguieron a los críticos del régimen.

Además, los poderes Ejecutivo y Judicial influyen en la restricción de derechos, mientras que el internet en el país es víctima de bloqueos y vigilancia.

“La represión contra periodistas ha evolucionado hacia formas más sofisticadas, como la intimidación psicológica y la vigilancia constante, obligando a muchos de ellos a operar en la clandestinidad o el exilio”, señala la SIP.

En cuanto a Venezuela , dicho país está en el último lugar del Índice Chapultepec , con apenas 7.02 puntos de 100 posibles.

En la categoría de “Control de medios y periodismo”, la nación venezolana obtuvo 4.18 puntos, la puntuación más baja de todos los países analizados.

El análisis de la SIP destaca que el Poder Ejecutivo venezolano influye de forma “muy fuerte” en la generación de condiciones adversas para la libertad de expresión, lo que ha llevado al cierre de más de 400 radiodifusoras, la desaparición casi total de periódicos independencia, así como un exilio de periodistas.

“La autocensura se ha instalado como práctica generalizada, mientras que los medios estatales operan como plataformas de propaganda. El silenciamiento de noticias relevantes, como el reconocimiento internacional a figuras opositoras, ilustra el nivel de control informativo impuesto”, destaca la SIP.

El Índice Chapultepec también puso a Cuba y a México al mismo nivel, debido a las restricciones que ambas naciones le han impuesto al periodismo libre y crítico.