El Paquete Económico 2027 plantea un escenario de presión para las finanzas públicas , de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Aunque no contempla nuevos impuestos ni aumentos generales en las tasas, la organización advierte que algunos cambios fiscales podrían aumentar la carga para algunas empresas, mientras que el crecimiento de la deuda y el costo de mantenerla reducen el margen disponible para destinar recursos a inversión y servicios públicos.

La Coparmex señala que el déficit, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, disminuirá de 4.1% a 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, este porcentaje es superior al 2.9% del PIB que se destina a inversión pública. Esto significa que se está utilizando deuda para financiar un gasto corriente y no una inversión productiva.

Además, el saldo total de la deuda pública llegará a 55% del PIB, el porcentaje más alto desde 1990. Ante este escenario, Coparmex considera necesario que el presupuesto dé prioridad al saneamiento de las finanzas públicas, la inversión productiva y las condiciones que permitan impulsar un mayor crecimiento económico.

Otro de los factores que reducen el margen disponible en las finanzas públicas es el costo financiero de la deuda. Para 2027, este gasto alcanzará 1.57 billones de pesos, lo que representa un incremento real de 11.8%.

A esta cantidad se suman 2.48 billones de pesos destinados a pensiones. De acuerdo con Coparmex, este monto equivale a dos de cada diez pesos del presupuesto y representa 6.2% del PIB.

Conforme aumentan estos compromisos que no pueden dejar de cubrirse, se reduce el espacio fiscal disponible para otros gastos.

El escenario planteado para la economía mexicana contempla un crecimiento de entre 1.5% y 2.5% para 2027, después de que anteriormente se estimaba un rango de entre 1.9% y 2.9%.

El Paquete Económico 2027 debe enfocarse en los resultados que genera cada peso público y en crear condiciones para que las empresas puedan invertir, crecer y generar empleos.

Con la reciente entrega del Paquete Económico 2027 bien nos podemos preguntar ¿a dónde se va nuestro dinero?, ¿cómo afecta directamente a nuestros bolsillos más allá de lo macro?, pues pese a que todos los días vemos que la infraestructura del país no está en su mejor momento, parece ser que no es prioridad, por lo menos en esta entrega.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), muestra que la situación es alarmante porque el costo financiero de la deuda se estima en 4.0% del PIB . Esto significa que los puros intereses que genera pedir prestado superan a todo el dinero destinado a la construcción de infraestructura y obras públicas (la cual proyecta una inversión de apenas 2.9% del PIB, un recorte del 10.7% respecto al Gasto Neto Total).

Dicho en palabras simples: le pagamos más al dinero prestado que a levantar banquetas , pavimentar calles, equipar hospitales o construir las escuelas que México urge.

El verdadero problema estructural, de acuerdo con lo señalado por el CIEP es sobre cómo se va está hipotecando el futuro con los compromisos financieros y es que pese a los esfuerzos gubernamentales por reducir el déficit, la deuda pública alcanzará el 55.0% del PIB en 2027, lo que representa un aumento de 3.6 puntos porcentuales respecto a lo aprobado en 2026, es decir, una escalada de la deuda total.

De seguir así, la deuda pública puede escalar hasta el 56.5% del PIB, manteniendo un costo financiero estimado de 3.7% del PIB para 2032. Es como si una persona solo estuviera pagando los puros intereses de sus tarjetas de crédito y que año con año se queda sin dinero para arreglar goteras, comprar productos que necesite para trabajar o atender emergencias en la casa.

El gobierno decide apostar todo a pagar el gasto actual, pero a costa de dejar sin dinero las obras, el mantenimiento y la energía que el país necesitará mañana, heredando una deuda que seguirá pesando sobre las próximas generaciones.

El reciente Paquete Económico 2027 , entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, dibuja un escenario complejo donde se deja ver que la prioridad gubernamental se concentra en sostener el vasto entramado de programas sociales y pensiones universales, frente a una evidente contención en áreas de inversión productiva. Así es como impacta al ciudadano de a pie.

De acuerdo con el análisis de los 15 puntos clave del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el proyecto fiscal para el próximo año busca recortar el déficit y consolidar las finanzas públicas, aunque esta disciplina financiera alcanza de forma directa a sectores estratégicos como la infraestructura y la industria petrolera.

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Mientras que el gasto federalizado (el que transfiere a las entidades federativas (estados y municipios) y los recursos destinados a salud y educación registran incrementos importantes con la justificación de apuntalar los compromisos de la administración.

El impacto más visible de este ajuste presupuestario recae en los recursos asignados al sector energético y de obras públicas. Según la radiografía económica, se propone una inversión que resiente reducciones significativas del Gasto Neto Total, mientras que las transferencias y el menor apoyo financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex) reflejan una contracción importante justificada como parte de una estrategia de contención del gasto operativo de la petrolera.

Esta disminución en los flujos destinados a la paraestatal contrasta fuertemente con el robusto presupuesto asignado a los fondos de cuidados, pensiones y educación básica, los cuales concentran la mayor parte de los recursos públicos y con ello de nuevo está sobre la mesa el cuestionamiento sobre cómo financiar el desarrollo nacional sin descuidar los equilibrios macroeconómicos, pues todo golpea al país al final.

Para los especialistas, este diseño económico confirma que el margen de maniobra fiscal se encuentra estrechamente limitado por el peso ineludible del gasto social. Así, mientras el Estado blinda los apoyos universales y el sistema de salud, el costo de la consolidación fiscal recae en la desaceleración de proyectos de infraestructura y en un menor margen operativo para las empresas productivas del Estado, marcando el pulso financiero que imperará durante todo el ejercicio fiscal de 2027.

Programas sociales, la prioridad del Gobierno. El Paquete Económico 2027 deja al descubierto la nueva ruta del gasto público , así como la forma en la que el Gobierno administrará el dinero de los mexicanos a lo largo del siguiente año.

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el Paquete Económico ante la Cámara de Diputados, el cual corresponde al tercer paquete económico presentado durante el gobierno de Claudia Sheinbaum .

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que por cada $100 pesos que gaste el Gobierno de México, alrededor de $27.30 pesos serán destinados a los programas sociales y pensiones, superando a los gastos dirigidos a obras públicas, pero ¿cómo se repartirá el dinero de los mexicanos?

Para el siguiente año, el Gobierno de México destinará $9.80 pesos para programas sociales por cada cien pesos, mientras que en las pensiones y jubilaciones invertirá alrededor de $17.50 pesos.

Otros gastos por cada $100 pesos en México:

• $15 pesos - Costos financieros
• $14.70 pesos - Participaciones federales
• $5.30 pesos - Otros programas y proyectos de inversión física
• $1.40 pesos - Nuevos trenes
• $3.00 pesos - Inversión a Pemex y CFE
• $33.30 pesos - Otros gastos.

El centro de investigación aseguró que la composición del gasto público del siguiente año revela claramente las prioridades fiscales del Estado mexicano.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Hacienda, los llamados programas prioritarios concentrarán recursos por 1 billón 25.4 mil millones de pesos durante el próximo año.

La propuesta destaca además por otro elemento: No contempla nuevos impuestos, al mismo tiempo, Hacienda estima que los ingresos tributarios representarán 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

El paquete parte también de una expectativa de crecimiento económico de alrededor de 2% para 2027, de acuerdo con lo informado por la dependencia.

El Paquete Económico es el conjunto de proyectos legislativos y documentos fiscales que el Poder Ejecutivo presenta cada año al Congreso de la Unión para su análisis y aprobación, en el que se define cómo es que el Gobierno del país obtendrá y gastará los recursos públicas durante el siguiente año fiscal.

Esta tarde, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, documento con el que el Gobierno de México plantea las bases para los ingresos y el gasto público del próximo ejercicio fiscal.

El documento corresponde al tercer paquete económico presentado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y, de acuerdo con Amador Zamora, refleja la ruta que seguirá el gobierno federal para conducir la política económica durante el próximo año.

Durante la ceremonia de entrega, el secretario destacó el comportamiento reciente de la economía mexicana y sostuvo que el país ha mantenido una inflación estable y ha continuado creciendo.

Como parte de los datos expuestos, señaló que durante el segundo trimestre de 2026 el Producto Interno Bruto creció 1.9% anual con cifras desestacionalizadas.

Además, indicó que ese resultado representó el mayor avance trimestral desde el primer trimestre de 2022.

Con esta referencia, Hacienda estima que la economía mexicana tendrá durante 2027 un crecimiento de entre 1.5 y 2.5% en términos reales.

La expectativa forma parte de las previsiones económicas que acompañan al Paquete Económico y que servirán como referencia para la discusión del presupuesto del próximo año.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Hacienda, los llamados programas prioritarios concentrarán recursos por 1 billón 25.4 mil millones de pesos durante el próximo año.

La propuesta destaca además por otro elemento: no contempla nuevos impuestos, al mismo tiempo, Hacienda estima que los ingresos tributarios representarán 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

El paquete parte también de una expectativa de crecimiento económico de alrededor de 2% para 2027, de acuerdo con lo informado por la dependencia.

¿Vuelven a gastar de más? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará el Paquete Económico 2027 ante el Congreso de la Unión este 8 de septiembre, en el que se incluirá el presupuesto de egresos de la federación, la ley de ingresos y los criterios generales que se les cobrará a los mexicanos el próximo año.

Para este año se espera que el déficit presupuestario se ubique en 4.1%, cifra que las calificadoras piden bajar debido a que podría afectar a la clasificación de la deuda en México, impactando la economía de miles de mexicanos.

“La calificación de la deuda nos impacta a todos y todo el mundo, aunque piensa que no, está invirtiendo su Afore en la deuda del Gobierno de México (...) Prácticamente todos los mexicanos estamos invirtiendo nuestros ahorros”, explicó Carlos Mota, para Hechos AM.

“Es como dar un tarjetazo en los mercados internacionales”.Por otro lado, la proporción de la deuda respecto del PIB se ubica en 51.1%., pues Hacienda argumenta quiere aumentarlo debido a la falta de ingresos en México.

51.1% proporción de la deuda respecto del PIB y es lo que Hacienda quiere aumentar un poco más por la falta de ingresos.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analiza un posible ajuste al impuesto que pagan las bebidas alcohólicas. La propuesta contempla un incremento de entre 60 centavos y un peso por cerveza, dependiendo de su precio y presentación.

La cerveza podría costar un poco más el próximo año. La razón: dentro de los trabajos para definir el Paquete Económico 2027, diputados analizan una propuesta para modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a las bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la propuesta presentada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el ajuste podría representar entre 60 centavos y un peso adicional por cerveza, dependiendo del precio y la presentación del producto. La medida, sin embargo, todavía se encuentra en análisis y no representa un aumento aprobado.

La discusión forma parte de los trabajos de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Carol Antonio Altamirano.

El legislador ha explicado que existen propuestas para revisar el esquema fiscal de las bebidas alcohólicas, así como de otros productos, dentro de la discusión del paquete económico del próximo año. La intención sería revisar algunos gravámenes, aunque el Paquete Económico 2027 no contempla, de inicio, la creación de nuevos impuestos estructurales.

Una de las propuestas plantea que el ajuste a la cerveza podría generar alrededor de 6 mil 500 millones de pesos adicionales en recaudación, de acuerdo con estimaciones presentadas durante los trabajos legislativos.

Aquí está uno de los puntos centrales de la discusión. Aunque el incremento planteado por unidad podría parecer pequeño, cualquier modificación al impuesto puede tener efectos a lo largo de la cadena: productores, distribuidores, tiendas, restaurantes, bares y, finalmente, consumidores.

Una cerveza que llega fría a una mesa o a una tienda es el último eslabón de una cadena en la que participan distintos negocios y trabajadores. Por ello, el impacto de una modificación fiscal no necesariamente se limita al fabricante.

Para el consumidor, la pregunta sería cuánto de ese posible incremento terminaría reflejándose en el precio final.

Entre los argumentos expuestos por los legisladores está la revisión del tratamiento fiscal de las bebidas alcohólicas y su posible impacto en términos de salud y recaudación.

La discusión ocurre además junto con propuestas para aplicar o modificar impuestos relacionados con productos que contienen altos niveles de sodio, como algunas sopas instantáneas, salsas, aderezos y otros alimentos procesados.

En el caso específico de la cerveza, los promotores de la propuesta han señalado que se trata de una bebida con una participación muy importante dentro del mercado de bebidas alcohólicas en México y que un ajuste moderado por unidad permitiría incrementar los ingresos públicos.

No necesariamente. Por ahora, se trata de una propuesta que deberá continuar su proceso de discusión legislativa. El monto definitivo, en caso de que avance, todavía puede cambiar.

Así que, por el momento, no hay un nuevo precio oficial para la cerveza en 2027.

Lo que sí está sobre la mesa es una discusión que podría impactar a uno de los productos más presentes en reuniones, comidas, partidos y celebraciones de los mexicanos.

La pregunta ahora es si ese posible incremento se quedará en los productores o terminará reflejándose también en el bolsillo de quienes compran una cerveza.

La discusión apenas comienza, porque con la chela NO.

Si el próximo año algunos productos llegan a costar más, el motivo podría estar en un impuesto que todavía ni siquiera está definido; la discusión sobre los impuestos para 2027 ya comenzó en la Cámara de Diputados, pero hay una precisión importante: el posible aumento a productos con sodio y bebidas alcohólicas aún no es un hecho.

El Paquete Económico 2027 todavía no ha sido presentado, por lo que cualquier cambio en estos gravámenes tendrá que pasar primero por la propuesta del Ejecutivo y posteriormente por la discusión y aprobación del Congreso.

Lo que sí existe, hasta ahora, es una señal desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre los temas que podrían entrar a la discusión fiscal del próximo año.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, señaló que entre los posibles ajustes están los productos con sodio y las bebidas alcohólicas.

La referencia está relacionada con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y con el argumento de utilizar este tipo de gravámenes como una herramienta vinculada con temas de salud.

El legislador recordó que durante la discusión fiscal para 2026 se aprobaron incrementos relacionados con refrescos y cigarros. Bajo esa lógica, explicó que el sodio y las bebidas alcohólicas podrían convertirse en algunos de los asuntos pendientes para la discusión del siguiente paquete económico.

La Comisión de Hacienda estimó que en 2027 se podrían obtener más de 18 mil millones de pesos con el alza al IEPS, que terminarían pagando los ciudadanos.

"Hay productos que tienen un exceso de sodio y por exceso de sodio hacen daño y por exceso de sodio no se les cobra el IEPS, la propuesta es que no formen parte de la canasta básica", declaró Altamirano.

El problema es que en la canasta básica no aparecen los embutidos, como el jamón y la salchicha, o las sopas instantáneas; tampoco salsas ni aderezos.

Si finalmente se aprueba un aumento del IEPS para determinados productos, las empresas tendrían que asumir el nuevo costo fiscal y, dependiendo de sus decisiones comerciales, este podría trasladarse total o parcialmente al precio final.

En términos sencillos: un mayor impuesto podría significar que ciertos productos cuesten más al momento de comprarlos; sin embargo, todavía no es posible decir cuánto subirían ni cuáles productos específicos serían afectados, porque no se conocen las tasas, reglas ni alcances de una eventual propuesta.

Por eso, cualquier cifra que actualmente se maneje como un supuesto aumento debe tomarse con cautela.

De acuerdo con lo señalado por Carol Antonio, los impuestos considerados “estructurales”, entre ellos el IVA, mantendrían el rango actual.

El diputado afirmó que no se contemplan modificaciones a los principales impuestos, en línea con el compromiso de no incrementar ni crear nuevos gravámenes.

Pero existe otro elemento que puede generar confusión.

El legislador recordó que los impuestos pueden actualizarse año con año conforme al comportamiento de la inflación. Esto no significa necesariamente que se esté creando un impuesto nuevo, sino que existen mecanismos de actualización que forman parte de la política fiscal

El sector empresarial llamó al Gobierno federal para administrar los recursos públicos, reducir los gastos considerados superfluos y evitar que el dinero recaudado se destine a proyectos que no generen beneficios para el país para el Presupuesto 2027.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, señaló que el próximo paquete económico debe contemplar no solamente los ingresos que tendrá el Gobierno, sino también se debe realizar una revisión de los gastos.

El paquete económico de 2027 deberá ser entregado al Poder Legislativo en septiembre de 2026, por lo que el sector privado ya fijó parte de sus expectativas sobre lo que deberá contener.

Medina Mora sostuvo que el Gobierno debe analizar cuidadosamente en qué se gastará el dinero que recaude durante el próximo año, además de reducir gastos innecesarios en obras no rentables.

La petición del sector empresarial es clara: “menos gastos superfluos y mayor atención a proyectos productivos” que permitan impulsar el crecimiento económico del país.

Medina Mora insistió en que los recursos públicos deben tener un mejor destino y que no se deben financiar proyectos que no sean productivos.

Para los empresarios, una adecuada planeación del presupuesto es fundamental para mantener la confianza y generar condiciones que permitan que las inversiones continúen .

El líder del CCE también destacó que el sector privado necesita certeza jurídica, reglas claras y respeto a la ley para poder avanzar con sus proyectos.

El líder empresarial también se refirió al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sostuvo que la ley debe aplicarse de forma justa.

Medina Mora consideró positivo que se haya reconsiderado la situación y afirmó que ninguna persona debe estar por encima de la ley.

“Lo que queremos es que la ley se respete”, expresó el dirigente empresarial, quien agregó que estarán atentos a que el proceso concluya.

Para el sector privado, el objetivo es que Sinaloa pueda recuperar condiciones de normalidad y certidumbre que permitan nuevamente impulsar las inversiones y la actividad económica.

El pleno del Senado aprobó este martes los dictámenes de la Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que forman parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2026.

La decisión se dio en medio de fuertes tensiones y críticas por parte de la oposición, que cuestionó los nuevos impuestos y las atribuciones que se le otorgan al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre las medidas aprobadas se incluyen impuestos a bebidas azucaradas, cigarrillos, videojuegos y apuestas en línea. La oposición acusó que estas cargas impositivas impactarán directamente en el bolsillo de los mexicanos.

La senadora Cristina Ruiz Sandoval (PRI) señaló que, a pesar de las promesas de austeridad republicana, los recursos públicos se han destinado a gastos superfluos y corrupción, mientras que los ciudadanos son los que finalmente pagan más por todo.

Por su parte, el senador Raymundo Bolaños (PAN) criticó el aumento de impuestos bajo el pretexto de “impuestos saludables”, señalando que estas medidas son un disfraz para imponer cargas económicas adicionales, y advirtió que se abre la puerta al “terrorismo fiscal”.

La reforma también otorga al SAT nuevas atribuciones para vigilar operaciones en plataformas digitales, lo que generó preocupación sobre la posible intromisión en la privacidad de los ciudadanos.

El senador Manuel Añorve (PRI) aseguró que estas facultades podrían utilizarse de manera excesiva, y señaló que el país aún enfrenta un grave problema de corrupción relacionado con el tráfico de combustible, conocido como huachicol fiscal, que afecta directamente al presupuesto público.

Los documentos aprobados fueron turnados al Ejecutivo Federal, mientras que este miércoles el Senado analizará la Ley de Ingresos, la cual definirá los recursos con los que contará el gobierno para el próximo año.

La aprobación del paquete económico 2026 deja en evidencia las tensiones entre el gobierno federal y la oposición, y marca un camino de debate intenso sobre impuestos, gasto público y facultades del SAT en los meses por venir.