Si le preguntas a un vecino cuándo fue la última vez que fue a votar, casi seguro te dirá que en junio de 2024, cuando elegimos a la presidencia y a los diputados. Sin embargo, eso no es del todo exacto.

En México acabamos de vivir una votación histórica, pero también muy enredada y criticada. Aquí te explicamos de forma sencilla cuándo fue, qué se votó y por qué expertos afirman que las cosas no salieron tan bien como el oficialismo quiso creer.

Fue el domingo 1 de junio de 2025 cuando las casillas volvieron a instalarse en todo el territorio. Lejos de las habituales contiendas entre colores partidistas para definir gubernaturas o alcaldías, esta jornada extraordinaria se convirtió en un experimento inédito: la primera elección directa de jueces, magistrados y ministros encargados de impartir justicia en el país. Si bien la renovación de los poderes tradicionales por la vía de los partidos políticos ocurrió en 2024, el verdadero antecedente inmediato que hoy sirve de laboratorio para las autoridades y analistas es este proceso judicial de 2025.

El diseño de la votación obligó a la ciudadanía a enfrentarse a extensas sábanas de papel repletas de nombres y trayectorias profesionales de candidatos desconocidos para la mayoría de las comunidades.

Periodistas expertos en materia político-electoral , tanto de medios o independientes, así como organizaciones civiles encontraron que la votación de 2025 dejó tres grandes problemas que nos afectan a todos:

1. Boletas imposibles de entender: Votar se convirtió en un dolor de cabeza. En lugar de cruzar un logo conocido, a la gente le entregaron sábanas llenas de nombres y profesiones de personas que nadie conocía. Esto provocó mucha confusión; muchos prefirieron no ir a votar y otros terminaron cruzando nombres al azar, lo que demuestra que el sistema no fue amigable con el ciudadano.
2. ¿Jueces libres o elegidos por los políticos? El principal riesgo que denuncian los analistas es que se perdió la independencia de la justicia. Se suponía que este cambio era para que los jueces no le debieran favores a nadie, pero las listas de candidatos fueron filtradas y acomodadas por comités del gobierno. Al final, terminaron ganando perfiles muy cercanos al partido en el poder, con la implementación de acordeones para indicarle a los votantes cómo debían marcar la boleta, lo que pone en riesgo que la justicia sea pareja para todos.
3. El INE, bajo demasiada presión: Organizar esta elección fue una bomba de tiempo para el Instituto Nacional Electoral (INE). Se les obligó a armar una votación gigantesca en tiempo récord, con reglas improvisadas y, además, con menos dinero. Esto dejó al INE muy desgastado, una señal de alerta preocupante porque en el 2027 viene la verdadera "mega elección" donde se cambiarán miles de cargos en todo México.

Después de la aprobación de tres reformas electorales en la Cámara de Diputados, las tres se turnaron al Senado de la República. Allá, la reforma al Poder Judicial fue la primera que se discutió. En poco más de seis horas, los senadores desahogaron el primer dictamen que les llegó de San Lázaro relativo a la reforma al Poder Judicial. Fueron 87 votos a favor y 40 en contra, por lo que se alcanzó la mayoría calificada.

Las comisiones del Senado de la República aprobaron en una discusión de casi tres horas la minuta enviada por la Cámara de Diputados sobre la reforma Judicial , avanzando con una serie de modificaciones clave que ya fueron turnadas al Pleno para su análisis.

Un ajuste relevante es la reconfiguración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quedará integrada por dos secciones, aunque ambas solo podrán operar con la autorización del Pleno. La discusión del dictamen continúa en curso dentro del Senado.

El ajuste principal de este dictamen consiste en mover la polémica fecha para que los ciudadanos elijan a jueces, ministros y magistrados por voto popular. Originalmente planeada para 2027, la jornada electoral se postergará hasta el domingo 4 de junio de 2028. Sin embargo, el punto que encendió los reclamos de la oposición y las dudas en el propio oficialismo fue un beneficio de última hora para la cúpula electoral: una cláusula que permite la reelección y la extensión de mandato para los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A diferencia de otras reformas donde el oficialismo ha votado de manera unánime y sin cuestionamientos, el incentivo otorgado a los integrantes del Tribunal Electoral provocó una fractura interna en la bancada de Morena, donde varios legisladores no estuvieron de acuerdo con los alcances del dictamen.

La votación en el Pleno reflejó estas inconformidades:

• A favor: 322 votos por parte de las bancadas de Morena , PT y Partido Verde.
• En contra: 132 votos de los bloques de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano), a los que se sumó el voto en contra de un diputado de Morena.
• Abstenciones: 22 votos, todos pertenecientes a legisladores de Morena que decidieron no respaldar la línea de su partido.

Se les dieron 6 años y se les dieron 2 y se les va a volver a dar otro y todavía lo que ustedes nos están proponiendo es que les demos otros 6 años, ¿eso es lo que quieren? Es una vergüenza que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México", dijo el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.

Mientras la oposición acusó que retrasar la elección demuestra los errores de planeación de la reforma original y calificó el acuerdo con el Tribunal Electoral como un intercambio de favores políticos, el bloque mayoritario comenzó de inmediato con la discusión de las reservas en lo particular para concluir el proceso legislativo.

La oposición dijo que con esta decisión se aprobó el segundo piso de la destrucción del Poder Judicial. "Esta no es una reforma judicial, es el maquillaje de un fracaso y de un desastre que ustedes generaron porque terminaron con los equilibrios democráticos, terminaron con el Poder Judicial, se apoderaron de él", reprochó Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI.

Los legisladores reprocharon los vicios y madruguetes que se presentaron en la discusión, así como la velada intención de lograr un mayor control de las instituciones electorales. Al respecto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, cuestionó los acuerdos pactados en el dictamen: "Que magistradas y magistrados del Tribunal Electoral permanezcan otros seis años en su cargo. Si de esta magnitud son las concesiones y las prisas, de ese tamaño serán los errores y los favores políticos a los integrantes del Poder Judicial".

La reforma permitirá que se aplace la elección de juzgadores para el 2028 y que sea concurrente con la revocación de mandato, algo que tampoco gustó en la oposición. La senadora priista Carolina Viggiano arremetió contra esta estrategia: "Si ustedes no quieren revocar a la presidenta, ¿por qué promueven la revocación? Porque quieren estar ahí engañando al pueblo".

Durante la sesión, la bancada del PAN no dejó pasar la oportunidad de hablar del villano del momento acusado de vínculos con los narcos: Rubén Rocha Moya . El senador panista Ricardo Anaya subió a la tribuna con una propuesta irónica para la mayoría: "Aquí la pregunta es si las compañeras y compañeros de Morena también se quieren poner la playera de 'Yo con Rocha'; aquí trajimos muchas, están disponibles, bienvenidas, hay de todas las tallas".

Sin embargo, todos los de la autollamada Cuarta Transformación rechazaron ponerse la playera de Rocha. Hasta el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña , que tanto lo ha defendido, le hizo el feo al obsequio mientras en el fondo se escuchaba el sonido ambiente con los gritos de "narco-Morena". Finalmente, la reforma se turnó a los congresos estatales para su análisis y discusión.

El bloque oficialista en el Congreso de la Unión dio el primer paso definitivo para reconfigurar los tiempos de la implementación de la reforma al Poder Judicial . Durante el periodo extraordinario de sesiones, avanzó en comisiones el dictamen que busca aplazar por un año la elección de jueces, magistrados y ministros, una modificación que ha generado un intenso estira y afloja dentro y fuera del Poder Legislativo.

La votación del dictamen reflejó la ya conocida fractura parlamentaria, sumando un total de 29 votos a favor por parte de las bancadas de Morena , el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En contraste, la oposición cerró filas con 11 votos en contra provenientes de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes acusaron que el retraso en los comicios solo prolonga la incertidumbre institucional en el país.

En medio de la discusión sobre el aplazamiento de la Elección Judicial, Morena incorporó de última hora una reserva que encendió el debate en el Senado y abrió un nuevo frente de críticas por parte de la oposición.

La modificación planteada permitiría que magistrados electorales actualmente en funciones puedan , lo que en los hechos extendería su permanencia hasta 2034. El cambio fue agregado durante la discusión del dictamen y comenzó a debatirse en lo particular durante la sesión de este miércoles.

La oposición acusó que el ajuste no formaba parte del debate central y que fue introducido “por la puerta trasera”. Desde el PAN adelantaron que no participarían en la discusión de esa reserva, al considerar que Morena intentó incorporar el tema sin una deliberación amplia ni transparente.

En paralelo, legisladores del PRI señalaron que la propuesta entra en contradicción con el discurso que el propio oficialismo había sostenido sobre la no reelección dentro del nuevo modelo judicial. Según expresaron, abrir la posibilidad de que magistrados electorales permanezcan más tiempo en el cargo rompe con el argumento de renovación institucional que Morena había defendido en meses recientes.

Desde el sector empresarial jalisciense hubo respaldo a la propuesta de aplazar la reforma judicial, aunque acompañado de una advertencia clara: mover la fecha no basta si no se atienden los problemas estructurales del sistema de justicia en México.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco consideró favorable que exista apertura para revisar el modelo planteado y que la eventual elección vinculada a la reforma pueda diferirse hasta 2028.

Luis Beas, presidente del organismo en la entidad, sostuvo que el aplazamiento permitiría disminuir la presión operativa y abrir una ventana para corregir fallas en la propuesta original. Aun así, subrayó que la discusión no debe quedarse únicamente en cambiar el calendario.

“El hecho de postergar puede ayudar a construir mejores condiciones, pero eso no significa que los desafíos de fondo desaparezcan”, señaló.

A pesar de que el bloque de la autodenominada Cuarta Transformación mantuvo la disciplina partidista para asegurar la aprobación, el avance del dictamen no estuvo exento de fisuras discursivas. Las legisladoras de Morena, Olga Sánchez Cordero y Mariana Benítez, junto con la diputada Lilia Aguilar del PT, dieron su voto a favor en lo general, pero adelantaron que la discusión estará lejos de ser tersa.

Las tres parlamentarias anunciaron que presentarán formalmente una serie de reservas para el debate en el Pleno. El objetivo de estas modificaciones es incluir puntos críticos y candentes sobre la carrera judicial y la equidad de género que actualmente el dictamen no contempla, lo que abre un nuevo frente de negociación interna dentro del propio oficialismo.

Cabe señalar que el dictamen se sube hoy mismo a discusión y votación en lo particular ante el Pleno, en una sesión que se prevé maratónica.

Morena batea las reservas de Olga Sánchez Cordero a la Reforma Judicial 2.0. Olga propuso proteger derechos laborales, evitar presiones políticas sobre jueces y elevar requisitos técnicos para ministros y magistrados, pero su propia mayoría las rechazó.

Con curules vacías, un senador de Morena nuevamente ausente -para variar- y la tensión política escalando, el Congreso de la Unión abrió un periodo extraordinario que ya encendió las alarmas de la oposición. Lo que debía ser una discusión legislativa terminó convertido en un choque frontal por el control del Poder Judicial, las elecciones y el futuro político del país rumbo a 2028.

La escena no pasó desapercibida: de 500 diputados solamente acudieron 356; faltaron 144. En el Senado, apenas 72 de 128 legisladores se presentaron. Entre los ausentes volvió a aparecer el nombre que ya incomoda dentro y fuera de Morena: Enrique Inzunza, señalado en versiones y cuestionamientos públicos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Y mientras el oficialismo aceleraba el arranque del periodo, la oposición acusó que detrás de las nuevas reformas existe un intento de construir un sistema político donde Morena pueda decidir qué elección vale y cuál no.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, lanzó una de las críticas más severas contra las reformas electoral y judicial impulsadas por Morena.

Según el legislador, las modificaciones constitucionales abrirían la puerta para anular elecciones bajo argumentos ambiguos relacionados con la “soberanía nacional” o presuntas intervenciones extranjeras.

Para Anaya, el riesgo está en la redacción de conceptos amplios que podrían utilizarse políticamente contra cualquier actor incómodo, desde organismos internacionales hasta medios de comunicación o asociaciones civiles.

“Es una absoluta trampa para que Morena pueda anular literalmente la elección que se les pegue la gana”, acusó el senador panista al salir de la reunión de la Junta de Coordinación Política.

El legislador aseguró que el bloque oficialista ya tiene los votos suficientes para sacar adelante las reformas, pese al rechazo de la oposición, y sostuvo que Morena busca construir “un andamiaje constitucional” para mantener el control político del país.

Además, lanzó otra acusación delicada: afirmó que las reformas también buscan blindar al oficialismo ante cuestionamientos internacionales relacionados con presuntos nexos entre autoridades y grupos criminales.

Desde el PRI también llegaron señales de confrontación. El coordinador priista, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará en contra de los dictámenes relacionados con la reforma judicial y electoral.

Añorve acusó que Morena pretende mantener el control sobre la designación de jueces y magistrados mediante operadores políticos y los llamados “acordeones”, utilizados durante el proceso judicial.

Incluso ironizó sobre los nuevos requisitos para llegar a cargos judiciales: dijo que ya no bastará tener título en Derecho, sino también “ser cercano a un influyente de la 4T”.

El priista afirmó que la reforma terminó por destruir la carrera judicial y los mecanismos de evaluación profesional que existían anteriormente.

El senador Javier Corral de Morena criticó la reforma a la reforma judicial que impulsa su partido y su gobierno. Dijo que no es lo que requiere el país. Acusó a los diputados encabezados por Ricardo Monreal de negarse a escuchar a los senadores de su propio movimiento. Destacó que es momento de que sean más cuidadosos los de Morena en temas tan importantes para el país.

La ausencia de Enrique Inzunza durante la instalación de la sesión alimentó todavía más las críticas opositoras, justo cuando Morena impulsa reformas que, según PAN y PRI, buscan concentrar poder en las instituciones electorales y judiciales.

Mientras el oficialismo defiende las iniciativas como mecanismos para proteger la soberanía nacional, la oposición sostiene que el verdadero objetivo sería construir herramientas legales para controlar futuras elecciones y reducir cualquier contrapeso político.

¿La economía de México está en peligro? Javier Laynez, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lamentó que la reforma judicial ha desincentivado la inversión al país, pues nunca existió un diagnóstico para hacerlas.

Estas declaraciones fueron hechas durante su participación en la mesa "Invertir en México entre la oportunidad y la incertidumbre".

Además advirtió que se han tomado decisiones que lo único que generan es más incertidumbre, poniendo como ejemplo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ahora puede bloquear cuentas sin orden judicial, asegurando que "siembra un nivel de incertidumbre".

Por otro lado, agregó que la desaparición de reguladores ha dado al traste en la legalidad.

En su turno, Mariana Campos, directora de "México Evalúa" explicó que nuestro país ha retrocedido en materia de estado de derecho, asegurando que el índice internacional, World Justice Proyect que mide el estado de derecho, colocó a México en el lugar 121, de 143.

"México está más cerca de Venezuela", que es el último de esta tabla. Esto demuestra como nuestro país se ha ido alejando más de la incertidumbre que la confianza.

"Como fuimos debilitando instituciones, la reforma judicial con otras reformas constitucionales, el TMEC incierto, cuarto la amenaza de la calificación y ahí es donde también hay una reiteración de qué se rompe la confianza de largo plazo de México y la manera de aterrizar eso en el sistema financiero es perdiendo el grado de inversión", explicó la directora de México Evalúa.

Por su parte, Juan José Álvarez Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que los capitales llegan a donde existe la confianza y dónde hay estabilidad, lo cual es fundamental en los momentos de revisión del T-MEC.

México no puede desperdiciar la oportunidad de lograr un mayor desarrollo económico. De ahí que dijo, “No se pueden detener las inversiones por ejemplo por insuficiencia energética (...) El país necesita más infraestructura logística”

Se les avisó. La reforma al Poder Judicial es un fracaso y Morena ya está observando los resultados de esta pésima decisión; pero en lugar de aceptar sus errores, el oficialismo busca ocultar la realidad de México. Después de que su estrategia mostró las primeras fallas operativas, intentan corregir las pifias y presentaron formalmente una iniciativa presidencial que busca, irónicamente, reformar la reforma aprobada en 2024.

La propuesta principal consiste en aplazar hasta el 4 de junio de 2028 la elección de 800 jueces y magistrados, un movimiento con el que se evidencia que las advertencias técnicas tenían fundamento. "Con ello se busca atender los desafíos logísticos planteados por diversos actores, entre ellos el INE ", justificó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmando que el oficialismo se dio cuenta hasta ahora de que la elección intermedia y la judicial eran materialmente imposibles de realizar de forma conjunta en 2027.

A pesar del intento por matizar el golpe logístico, las modificaciones presentadas no corrigen lo que en esencia fue apoderarse del Poder Judicial, por lo que en la oposición adelantaron de inmediato su rechazo absoluto a la propuesta en el Congreso.

"Están maquillando el desastre... No eliminan el acarreo y no eliminan tampoco, por supuesto, el acordeón ", denunció el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve. Con esto, Morena y sus aliados irían completamente solos en su propósito de maquillar el desastre de la elección judicial, acelerando los tiempos legislativos para forzar su aprobación. "Deberá ser una reforma Constitucional. Median 5 días para que puedan conocer del dictamen y discutirlo y analizarlo en las comisiones", adelantó por su parte el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier.

El fondo de la discusión sigue intacto. Para los bloques opositores, aplazar las fechas de las votaciones no resuelve la crisis institucional ni la falta de perfiles independientes en los juzgados del país.

"Lo que ellos están creando es un Poder Judicial a modo y una impartición de justicia a modo. Solamente le están dando una manita de gato y, como se dice en el argot popular, se le hizo bola el engrudo a la 4T", sentenció el priista Manuel Añorve. Al final, entre las atrocidades que dejó la reforma judicial original de 2024 fue una Suprema Corte diseñada a modo, un punto crítico que la propuesta oficial que será discutida en las comisiones del Congreso simplemente no planea modificar.

La reaparición de Miguel Ángel Yunes Linares en el Senado volvió a generar polémica. El exmandatario regresó como senador suplente para ocupar el lugar de su hijo, en medio de críticas por su voto a favor de la reforma judicial impulsada por Morena.

Su presencia no pasó desapercibida. Cuestionado por medios, Yunes evitó profundizar en el tema y aseguró que lo ocurrido “ya está en la historia”, lo que solo avivó el debate en torno a su papel en una de las decisiones legislativas más controvertidas de los últimos años.

El tema central es su voto a favor de la reforma judicial, una decisión que, según sus críticos, fue clave para que el bloque oficialista alcanzara los números necesarios.

Desde entonces, se ha señalado que su respaldo representó un giro político inesperado, considerando su pasado como opositor. Incluso dentro de su propio partido hubo reclamos, como el del senador Marko Cortés, quien lo acusó de traicionar no solo a su bancada, sino a quienes votaron por un contrapeso en el Congreso.

La figura de Yunes Linares ha estado marcada por múltiples acusaciones a lo largo de su carrera política. Diversos actores políticos y organismos han señalado presuntos casos de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y manejo irregular de contratos durante su paso por el gobierno de Veracruz y otras responsabilidades públicas.

Incluso, la lideresa sindical Elba Esther Gordillo llegó a acusarlo públicamente de irregularidades millonarias durante su gestión en el ISSSTE.

Además, instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) han sido mencionadas en relación con expedientes que, según versiones, estarían vinculados a investigaciones en su contra.

En los últimos años también han circulado versiones sobre posibles investigaciones en Estados Unidos, relacionadas con presunto lavado de dinero. Estas especulaciones se intensificaron tras la difusión de un audio en el que Yunes hablaba sobre problemas con su visa.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses sobre alguna sanción migratoria en su contra o de su familia.

Lo que sí ha llamado la atención es que los Yunes han sido vistos recientemente en destinos como Europa, pero no en Estados Unidos, donde anteriormente tenían propiedades.

El regreso de Yunes Linares al Senado se dio luego de que su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez , solicitara licencia. Fue en ese contexto que el exgobernador ocupó el escaño y participó en la votación de la reforma judicial, lo que detonó una ola de críticas tanto dentro como fuera del ámbito político.

Llama la atención que años atrás, Yunes Linares fue uno de los principales críticos de Andrés Manuel López Obrador, a quien cuestionaba por supuestos vínculos y decisiones políticas.

Hoy, su participación en una reforma impulsada por el bloque cercano al oficialismo ha generado cuestionamientos sobre su congruencia política.

La narrativa dio un giro que hace apenas unos meses parecía impensable: quienes defendieron a capa y espada la reforma judicial hoy hablan de corregirla. Lo que antes era “democratización del Poder Judicial”, ahora empieza a describirse, incluso desde sus propias filas, como un experimento con fallas evidentes.

Legisladores de Morena han comenzado a admitir que el modelo con el que se eligieron jueces, ministros y magistrados no está dando los resultados prometidos. La famosa tómbola, los “acordeones” y el proceso que se vendió como una vía para acercar la justicia al pueblo, hoy enfrenta cuestionamientos por la falta de perfiles sólidos en puestos clave.

El señalamiento ya no viene solo de la oposición. El senador Javier Corral advirtió que ignorar los errores de esta elección judicial podría tener consecuencias serias, particularmente en materia económica. La falta de certidumbre jurídica, dijo, podría traducirse en menor inversión y en un clima de desconfianza para quienes ven en México un destino para capital.

No es un argumento menor. Durante meses, especialistas, organismos y actores políticos alertaron que modificar de raíz la estructura del Poder Judicial sin mecanismos claros de evaluación abriría la puerta a improvisaciones. En su momento, esas críticas fueron desestimadas.

Ahora, la diputada Mariana Benítez Treviño plantea la necesidad de aplicar evaluaciones rigurosas a los aspirantes a juzgadores. La propuesta, en sí misma, no es polémica. Lo que resulta inevitable es la pregunta: ¿por qué no fue prioridad antes de implementar una reforma de tal magnitud?

La discusión actual parece moverse entre el reconocimiento tácito de que algo salió mal y el intento de ajustar sin admitir plenamente el alcance del problema. Porque no se trata solo de mejorar filtros o endurecer requisitos, sino de revisar un modelo que, según sus críticos, debilitó la profesionalización del sistema judicial.

Más de uno sabe que el expresidente López Obrador es un terco y necio… Y no lo digo yo, que no doy paso sin huarache, lo dicen sus colaboradores, las canciones e, incluso, el mismo Andrés Manuel.

Esa cualidad 100% obradorista lo ha llevado a sitios importantes, como la presidencia de la república después de varios intentos fallidos con diferentes partidos políticos.

Pero también lo ha llevado a la línea de fuego en más de una ocasión; un ejemplo de esto es la controvertida Reforma Judicial del 15 de septiembre de 2024.

El 28 de abril de 2022 el entonces presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma constitucional que contempló por primera vez la elección de personas juzgadoras.

Sin embargo, la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados terminó por sepultar las aspiraciones del presidente y la iniciativa se atoró en el proceso legislativo y no alcanzó el requisito de mayoría calificada para su aprobación.

Fiel a la cualidad que lo distingue, AMLO impulsó el famoso Plan “B” que el 22 de febrero de 2023 fue aprobado en lo general y particular por el Pleno del Senado de la República.

Una serie de reformas a Leyes secundarias (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de Comunicación Social, Ley General de Responsabilidades Administrativas y la expedición de una nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral) que no necesitaron mayoría calificada.

Como era de esperarse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválido el Plan “B” del presidente que por supuesto no se quedó de brazos cruzados.

El 5 de febrero de 2024, López Obrador regresó a su intento de reforma constitucional apostando todas sus fichas a una victoria aplastante de su sucesora: Claudia Sheinbaum Pardo. Y le salió.

Después de varias trampas al proceso legislativo, como el secuestro de legisladores, supuestas extorsiones y cambios de bando entre los partidos políticos ( ver Caso Yunes Linares ), se aprobó la Reforma Judicial.

La reforma fue un fracaso. Muchas personas llegaron a ocupar cargos jurisdiccionales sin preparación; algunas de ellas, inclusive, permanecen en sus cargos dando pena ajena.

Por lo anterior, legisladores de Morena presentaron este 21 de abril de 2026, una reforma de la Reforma Judicial para corregir los errores que se originaron de la necedad de Andrés Manuel López Obrador.

Esta reforma modifica 10 artículos de la Constitución: 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122, para hacer énfasis en la profesionalización de los perfiles de las personas juzgadoras e, incluso, regresa al modelo de salas en la SCJN, ahora llamadas “secciones”. ¡Pero qué necesidad!

Lo que mal empieza mal acaba. Hoy los legisladores preparan una nueva reforma para corregir las indolencias de la Reforma Judicial del 2024. ¿Por qué permitimos tanta necedad? ¿Teníamos que pasar por todo esto para regresar al mismo punto?

Bien lo dijo el autor del 18 Brumario de Luis Bonaparte: “La historia ocurre primero como tragedia y después como farsa” y, agregaría, para el caso mexicano, termina como comedia.

En fin, el PRI robó más.

La crisis por la reconfiguración del sistema de justicia en México escaló nuevamente al plano internacional durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en territorio guatemalteco.

En este foro, una delegación integrada por 20 jueces y magistrados que fueron cesados de sus cargos tras la implementación de la Reforma Judicial expuso el debilitamiento de los contrapesos democráticos en el país.

La presencia de los juzgadores en Guatemala no es un hecho aislado, sino un seguimiento directo a las audiencias realizadas en noviembre de 2024 en Washington, donde ya se advertía sobre los riesgos estructurales de la reforma. En esta ocasión, la denuncia se centró en un "deterioro acelerado" que, según los ponentes, compromete la imparcialidad de los tribunales y deja en la vulnerabilidad a millones de ciudadanos.

Durante la intervención de Emilia Molina, magistrada en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras alertó que la independencia judicial en México ha sido socavada por el nuevo marco legal, lo que genera un precedente peligroso para el resto de las naciones latinoamericanas.

Su mensaje fue una exhortación directa a los países presentes para observar con detenimiento lo que ocurre en territorio mexicano:

“A los demás países presentes en esta audiencia les digo claramente: no permitan que este modelo se replique. Mi país ofrece un ejemplo preocupante en la región. Defender la independencia judicial hoy es defender los derechos de quienes más necesitan justicia mañana”.

Para la magistrada, la reforma no solo afecta la estabilidad laboral de quienes integraban el Poder Judicial, sino que fractura el acceso a la justicia de más de 130 millones de personas, quienes ahora enfrentan un sistema cuya autonomía ha sido puesta en entredicho.

La delegación de juzgadores enfatizó que la soberanía nacional no debe ser utilizada como argumento para desmantelar la carrera judicial y sustituirla por modelos que carezcan de blindajes contra presiones políticas.

Según lo expuesto ante la CIDH, los puntos críticos del reclamo incluyen ell cese masivo de funcionarios experimentados; la falta de jueces independientes impacta de forma directa en la resolución de casos de alto impacto social y que sin tribunales autónomos no existen garantías para la protección de los derechos humanos frente a posibles abusos de poder.

La audiencia concluyó con la solicitud formal de los jueces para que la Comisión mantenga un monitoreo constante sobre la situación en México, subrayando que la independencia de los tribunales es el último muro de defensa de una democracia funcional.