La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 20 votos de Morena, PT y Partido Verde, una reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución que impediría tener doble nacionalidad para aspirar a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen será discutido y votado próximamente en el Pleno de San Lázaro. La oposición rechazó la propuesta al considerar que limita derechos ciudadanos y podría afectar a millones de mexicanos que viven en el extranjero y cuentan con doble nacionalidad.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, sostuvo que la obligación de renunciar a otra nacionalidad ya está prevista en la legislación secundaria, aunque consideró que la iniciativa presidencial plantea llevar ese requisito a la Constitución.

“Es un requisito que se está estableciendo en la iniciativa que presenta la Presidenta, que ya está establecido (…) en la Ley Nacional de Migración, en el artículo 17, si no mal recuerdo, concatenado al 16, establece que cualquiera que quiera, no solamente para el cargo de presidente de la República o de gobernador, sino en general para un cargo de elección popular, tendrán que expresar la renuncia (…) a otra nacionalidad”.

Desde el PRI, su coordinador parlamentario, Manuel Añorve, adelantó que votarán en contra. Cuestionó que la medida pueda afectar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente quienes tienen vínculos familiares o laborales con Estados Unidos.

Desde el Partido Verde, Manuel Velasco planteó una postura menos definida; el coordinador parlamentario señaló que la mayoría de los senadores de su bancada le ha expresado su disposición para respaldar la iniciativa, aunque reconoció que existen legisladores que mantienen dudas sobre sus alcances.

Velasco subrayó que todavía habrá que esperar a conocer el dictamen final para determinar exactamente cómo quedará la propuesta.

El coordinador del Verde explicó que dentro de su bancada también hay senadoras y senadores con doble nacionalidad, algunos de los cuales estarían dispuestos a renunciar a ella. Sin embargo, aclaró que el tema continúa en una etapa de diálogo y debate interno.

“Hay libertad de decisión”, sostuvo al referirse a la posición que cada legislador podrá asumir frente a la iniciativa.

Con ello, el Partido Verde no cerró la puerta al respaldo, pero tampoco presentó una postura completamente unificada sobre el proyecto presidencial.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, lanzó una crítica frontal contra la iniciativa.

El panista calificó la propuesta como una “cortina de humo” y sostuvo que el tema de la doble nacionalidad ya se encuentra regulado.

Anaya vinculó además la discusión con la situación política de Sinaloa y afirmó que, desde su perspectiva, la iniciativa busca desplazar la conversación pública sobre los señalamientos relacionados con el gobierno de Rubén Rocha Moya.

El inicio del periodo ordinario de sesiones en las Cámaras de Diputados y Senadores se perfila ríspido por reformas polémicas como la prohibición de la doble nacionalidad para aspirantes a la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno. Opositores denuncian que la medida vulnera a los migrantes y busca frenar a perfiles específicos como Marcelo Ebrard.

A esto se suma la propuesta para que el Gabinete de Seguridad vigile e intervenga en las inversiones extranjeras estratégicas, lo que genera alertas por la militarización económica y la certidumbre jurídica. Con temas pendientes como la anulación de elecciones por injerencia externa, el Congreso arranca bajo una fuerte polarización política.

La propuesta del PAN para imponer penas equivalentes a cadena perpetua a servidores públicos que colaboren con el crimen organizado ya encontró un primer muro en San Lázaro: Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que su bancada no acompañará la iniciativa.

El planteamiento de Acción Nacional busca endurecer las sanciones contra funcionarios que se coludan, colaboren o faciliten las actividades de organizaciones criminales para influir en decisiones gubernamentales o incluso en procesos electorales.

La discusión ocurre en un momento en el que el vínculo entre política y crimen organizado se encuentra bajo un intenso escrutinio público y ahí Morena ya tiene una respuesta.

Ricardo Monreal señaló que el PAN está en todo su derecho de presentar iniciativas y buscar los votos necesarios para sacarlas adelante, pero dejó claro que los diputados de Morena no respaldarían una propuesta de este tipo.

Su argumento central es que incrementar las penas no necesariamente consigue reducir los delitos.

“Cuando sólo son artículos que elevan las penas, se les califica de draconianas”, sostuvo el legislador, al señalar que históricamente se ha demostrado que castigos más severos no han sido suficientes para combatir la delincuencia.

Monreal incluso recordó que en distintos momentos de la historia se recurrió a sanciones extremas, incluida la pena de muerte y otras medidas, sin que ello significara el fin de los delitos.

La iniciativa presentada por el PAN plantea modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para establecer sanciones de entre 80 y 140 años de prisión contra servidores públicos que participen, colaboren o faciliten la influencia de organizaciones criminales en decisiones de autoridades o procesos electorales.

José Elías Lixa, coordinador de los diputados panistas, defendió la propuesta como una forma de enfrentar lo que calificó como la “era de los narcopolíticos”.

El legislador sostuvo que cualquier funcionario que utilice las estructuras del gobierno para favorecer a criminales debería permanecer en prisión el resto de su vida.

Aunque el texto de la iniciativa establece una pena determinada en años y no utiliza literalmente la expresión “cadena perpetua”, Lixa argumentó que una condena de 80 a 140 años tendría, en la práctica, ese efecto para una persona.

Pese a anticipar el voto en contra, Monreal reconoció que los legisladores panistas tienen derecho a presentar la iniciativa y buscar que consiga la mayoría necesaria.

El coordinador morenista insistió en que su bancada no la respaldará, aunque aseguró que respetarán el proceso legislativo y el ejercicio de quienes impulsan la propuesta.

La iniciativa fue presentada en San Lázaro y turnada a comisiones para su análisis. Será ahí donde comience formalmente la discusión sobre hasta dónde deben llegar las sanciones contra funcionarios que colaboren con el crimen organizado.

TV Azteca reforzó su barra de análisis político con el estreno de Tolerancia Cero, la nueva mesa de debate y opinión de Azteca Noticias conducida por el periodista Manuel López San Martín, acompañado de tres de las posturas más críticas sobre la situación que enfrenta el país.

El programa de análisis llegó a la pantalla para confrontar la narrativa oficial y poner bajo el escrutinio público los acontecimientos sociopolíticos más relevantes que marcan el rumbo de México.

En su primera emisión, en la que participan María Amparo Cazar, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, analizaron el mensaje de la presidenta, Claudia Sheinbaum con motivo del Segundo Informe de Gobierno.

Los cuatro analistas coincidieron en que el informe ya no parece tal, sino un mecanismo de propaganda de difusión para hablarle a la base electoral de Morena, pero con cifras maquilladas.

"Es un país el que se vende todas las mañanas, es un país de fantasía", comentó Manuel López San Martín al contrastar cifras de la presidenta con las de organismos autónomos en temas como seguridad, educación, salud, desarrollo social, inversión extranjera, proyectos innovadores y las obras faraónicas que han dejado mucho que desear, lo cual pone en evidencia que la narrativa oficial no empata con la realidad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el cambio de nombre al partido político “Somos México” por Somos, y rechazó la propuesta del logotipo de la silueta de la República mexicana, ante lo cual deberá presentar un nuevo emblema que se analizará el 3 de septiembre próximo.

Durante la extensa sesión extraordinaria urgente del Consejo General del INE, los consejeros acordaron desvincular la palabra México del nombre original que tenía ese nuevo partido.

También determinó sustituir el actual emblena conpuesto por un gráfico del mapa de México, ya que se incumple con la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Así, por mayoría de 10 votos a favor y uno en contra de la consejera electoral Rita Bell López, el INE aprobó que el partido lleve el nombre de Somos con las letras rosas, pero deberá quitar la silueta de la República, esto con la finalidad, según aegumentaron, de evitar confusiones entre el electorado que se vincula con el país.

Arturo Chávez, consejero electoral afirmó que “mediante un elemento gráfico se reproduce la relación semántica que antes se expresaba con las dos palabras Somos México ”, y por ello propuso eliminar la silueta de la República, lo cual fue aprobado por nueve consejeros.

Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos ante el INE expresó su indignación, señalando que sus argumentos estaban fuera de la ley, pues hace 20 meses este órgano electoral avaló su nombre y emblema y ahora “se inventa un concepto de neutralidad semántica”.

El INE aprobó también que el número mínimo de personas afiliadas a los partidos políticos nacionales para la conservación de su registro, lo cual desató una serie de acusaciones entre los representantes de los partidos políticos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); Somos; Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

Jacquie L'Hoist, consejera ciudadana del partido "SOMOS", arremetió abiertamente contra la propuesta legislativa que busca prohibir que personas con doble nacionalidad puedan contender por las gubernaturas estatales o la Presidencia de la República . L'Hoist, quien posee la nacionalidad mexicana por nacimiento y la francesa por ascendencia paterna, utilizó sus plataformas digitales para cuestionar los tintes de clasismo y xenofobia que impulsan este tipo de proyectos. Aclaró que aunque no tiene aspiraciones de competir por la Presidencia ni por alguna gubernatura, resulta inaceptable que se pretenda restringir los derechos constitucionales de quienes también aportan activamente al desarrollo del país.

A través de un video difundido en su cuenta oficial de X, la activista expuso su historia familiar y condenó la intención de menoscabar la ciudadanía de los mexicanos con doble origen. "Soy ciudadana francesa porque mi padre llegó a México durante la Segunda Guerra Mundial y se casó con una mexicana. Nací aquí, tengo ambas nacionalidades y toda mi vida la he vivido en México. Sí, tengo pasaporte francés y me enorgullece un país cuyo emblema es libertad, igualdad y fraternidad. Lo que me parece terrible es que en México no se reconozcan mis derechos como mexicana. No quiero ser presidenta ni gobernadora, lo que no quiero es ser ciudadana de segunda", enfatizó.

Las declaraciones de la consejera se dan en el marco del paquete de iniciativas promovidas por el partido oficialista Morena y el Ejecutivo Federal para modificar el marco constitucional. La propuesta del grupo parlamentario de Morena contempla reformar el artículo 86 de la Constitución para establecer que cualquier persona que aspire a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deba contar con nacionalidad mexicana exclusiva.

De contar con otra ciudadanía, el proyecto exige la renuncia formal a ella previo al registro de la candidatura, además de prohibir el uso de pasaportes extranjeros, el ejercicio de derechos políticos en otros países y acogerse a protección diplomática exterior durante el desempeño del cargo.

El Gobierno Federal alista la presentación de una iniciativa de reforma constitucional encaminada a prohibir que personas con doble nacionalidad compitan por la Presidencia de la República, gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con la Consejería Jurídica de la Presidencia, el proyecto busca cerrar vacíos e imprecisiones interpretativas en el marco actual para garantizar que la soberanía nacional guíe a los mandatarios. De este modo, la propuesta plantea modificar el texto constitucional para exigir que los aspirantes renuncien formalmente a cualquier otra ciudadanía antes de solicitar su registro como candidatos, además de prohibirles adquirir otra nacionalidad mientras ejerzan el cargo.

La iniciativa estipula prohibiciones adicionales para quienes ocupen dichos cargos de elección popular, impidiendo el uso de pasaportes extranjeros, el ejercicio de derechos políticos en otros países o acogerse a protección diplomática exterior. Asimismo, se pretende elevar los requisitos de elegibilidad al contemplar que todo aspirante deba comprobar una residencia en territorio nacional de al menos 20 años previos a su postulación. El paquete de modificaciones se encuentra listo para ser enviado al Congreso de la Unión al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones para su análisis, discusión y votación por parte de los legisladores.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó, tras concluir la consulta pública, los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, aunque realizó algunos cambios y precisiones al documento.

La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, aseguró que la Comisión busca tutelar el cumplimiento de los mecanismos establecidos en la Constitución.

Entre los ajustes, los lineamientos establecen que los medios deberán preservar la pluralidad y la veracidad de la información; sin embargo, ya no se incluye la disposición que señalaba que la información histórica no debía presentarse como si fuera actual.

La CRT solo podrá intervenir y emitir recomendaciones cuando los medios no atiendan las quejas presentadas por los ciudadanos.

Además, las sanciones únicamente aplicarán si los medios no responden a las quejas de las audiencias o si no cuentan con un código de ética y un defensor de las audiencias.

La discusión sobre los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias volvió a encender el debate político; la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a periodistas, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos a participar en la mesa de análisis para evitar que la regulación termine convirtiéndose en un mecanismo que, desde su perspectiva, limite la libertad de expresión.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que no se deben dejar "huecos" legales que permitan interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades y que, bajo el argumento de proteger a las audiencias, se pueda terminar restringiendo el trabajo de los medios de comunicación.

La panista consideró que el debate no debe centrarse únicamente en el contenido de los lineamientos, sino en las facultades que podrían adquirir las autoridades encargadas de supervisarlos.

Uno de los principales señalamientos de Kenia López fue la utilización de términos que, aseguró, carecen de una definición objetiva y precisa.

Entre ellos mencionó expresiones como "información falsa", "descontextualizada", "veraz" u "oportuna", al advertir que, sin criterios jurídicos claros, podrían convertirse en herramientas sujetas a interpretación.

A decir de la diputada, existe el riesgo de que una autoridad administrativa termine evaluando contenidos periodísticos y que una versión distinta a la postura oficial pueda ser considerada motivo de sanción.

"La preocupación es que estos términos permitan que una autoridad revise contenidos periodísticos y que una diferencia respecto de la versión oficial termine con una sanción", planteó durante su intervención.

Para López Rabadán, el problema no se limita a las posibles multas, sino al efecto que podrían provocar antes incluso de ser aplicadas.

En ese sentido, afirmó que el temor a procedimientos administrativos o sanciones económicas podría incentivar la autocensura entre periodistas y empresas informativas.

"Esto de que el Gobierno sea el que vigile a los defensores de las audiencias de los medios va a ser una cosa brutal; es tener el zapato en el cuello", expresó.

Agregó que un escenario de ese tipo afectaría directamente a los medios de comunicación, a quienes ejercen el periodismo y, finalmente, a la ciudadanía.

"Por supuesto va a afectar a los periodistas, pero sobre todo va a afectar a la ciudadanía, que ya no va a tener la información totalmente clara, incluso distinta a la del Gobierno", sostuvo.

La legisladora insistió en que el miedo a multas o sanciones puede derivar en una autocensura que reduzca la pluralidad informativa.

Otro de los puntos que cuestionó fue el alcance de las atribuciones que se pretende otorgar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; la diputada demandó que cualquier facultad quede perfectamente delimitada en la ley y que existan definiciones objetivas para evitar decisiones discrecionales que puedan afectar el ejercicio periodístico.

A su juicio, una regulación sin límites claros podría generar incertidumbre jurídica tanto para medios como para comunicadores.

La discusión sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias sigue escalando tras las polémicas que desde su creación arrastra, ahora fue la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ( JUFED ) la que lanzó una advertencia: permitir que una autoridad gubernamental intervenga en la supervisión de contenidos de radio y televisión representa un riesgo para la libertad de expresión y podría incentivar la autocensura en los medios de comunicación.

A través de un comunicado, la organización sostuvo que el debate no gira en torno a si las audiencias deben estar protegidas algo que nadie pone en duda, sino al alcance que tendrían las nuevas facultades de la autoridad para revisar decisiones editoriales, interpretar conceptos ambiguos y eventualmente imponer sanciones.

La JUFED consideró que los cambios planteados van más allá de fortalecer los derechos de las audiencias. Su preocupación es que la autoridad administrativa pueda revisar el trabajo de los Defensores de las Audiencias, modificar sus resoluciones e incluso sustituir su criterio cuando considere que un medio incumplió con los lineamientos.

En términos prácticos, esto significaría que un mecanismo diseñado originalmente como de autorregulación dejaría de depender exclusivamente de cada medio de comunicación y pasaría a estar sujeto a supervisión gubernamental.

La asociación advirtió que ese esquema cambia los incentivos para periodistas, editores y empresas de comunicación, pues la posibilidad de enfrentar procedimientos administrativos o sanciones podría provocar que algunos temas dejen de investigarse o difundirse por temor a futuras consecuencias.

Otro de los puntos que destacó la organización es que la autoridad tendría margen para interpretar conceptos amplios, como qué información resulta suficiente, cuándo existió pluralidad de voces o si un contenido fue "veraz" o "descontextualizado".

Para la JUFED, el problema no radica en que las audiencias puedan presentar quejas, sino en que sea una instancia del Gobierno la que termine resolviendo controversias sobre contenidos periodísticos y decidiendo si un medio actuó correctamente.

La agrupación recordó que el artículo 6 de la Constitución protege la libertad de expresión y la difusión de ideas, por lo que cualquier regulación debe evitar convertirse en una herramienta de presión sobre las líneas editoriales.

A su juicio, cuando una autoridad puede revisar, modificar o sustituir decisiones editoriales bajo criterios abiertos, el riesgo deja de ser únicamente jurídico y comienza a impactar la libertad con la que periodistas y medios ejercen su labor cotidiana.