¡Se volvió viral! Una joven de Nuevo León llamada Escarleth Palacios se volvió tendencia en redes sociales por crear a famosa "tanda de novios" .

La regiomontana conocida por sus bailes y su estilo de vida en TikTok, decidió llevar el concepto de "tanda" a un nivel jamás antes visto: mezclarla con el amor.

La propuesta es simple pero algo costosa, y ha puesto sobre la mesa el debate sobre qué tan ético, y seguro, es este tipo de intercambios.

La dinámica propuesta por la influencer consiste en que cinco personas tengan la oportunidad de ser sus novios por siete días. Para entrar al sorteo, los interesados deben realizar una aportación de 2 mil 500 pesos a la semana durante un periodo de cinco semanas. Al final, cada participante habría desembolsado un total de 12 mil 500 pesos.

Lo que ha levantado muchas dudas es que Escarleth no ha detallado qué incluyen esos siete días, cuáles son las reglas de convivencia o si el dinero será reembolsado de alguna forma.

Escarleth es una influencer mexicana que ha construido su comunidad a base de tendencias y contenido de su estilo de vida.

Esta "tanda" ha dividido a su audiencia: mientras unos lo ven como una oportunidad, otros cuestionaron su propuesta.

Respecto a las "tandas", la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) mencionó que son esquemas de ahorro informal que ponen en peligro tu capital. Al no ser instituciones financieras reguladas, no existe un contrato que te proteja si el organizador desaparece con el dinero.

En el caso de la tanda de Escarleth, no hay una figura legal que garantice que el "premio" se cumpla o que el dinero se administre correctamente, lo que deja a los participantes totalmente desprotegidos ante un posible incumplimiento.

La CONDUSEF también advierte que muchas de estas dinámicas en redes sociales suelen disfrazar estructuras piramidales como la "Flor de la Abundancia" o "Mandala". Estos sistemas prometen multiplicar tu inversión, pero requieren que siempre entre gente nueva para sostenerse.

Cuando la cadena se rompe, los que aportaron al final pierden todo.

La CONDUSEF recuerda que no puede defenderte si tienes problemas en una tanda o pirámide, ya que no son figuras reconocidas por la ley.

Antes de depositar para una de estas tandas, piensa en los riesgos dos veces.

Uno de los personajes más cercanos al expresidente López Obrador se encuentra en serios aprietos financieros. Epigmenio Ibarra, el principal propagandista del "obradorato", enfrenta una realidad donde las deudas finalmente le respiran en la espalda. A pesar de haber sido uno de los "consentidos" de la administración pasada, el tiempo se le agota para pagar los millones que debe al erario.

La polémica comenzó en 2020, en plena emergencia sanitaria. Mientras el gobierno federal aseguraba que no habría rescates ni subsidios para empresas, la productora de Ibarra, Argos Producciones, recibió un préstamo de 150 millones de pesos a través de Bancomext. "Recordemos que el gobierno fue muy claro al decir que no iba a haber subsidios... y pese a eso Argos recibe un préstamo de más de 150 millones", señala Valeria Durán, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La opacidad rodea no solo el préstamo, sino la garantía que el productor ofreció para obtenerlo. Epigmenio dejó en prenda equipo audiovisual, computadoras, vehículos e incluso las ganancias proyectadas de un contrato firmado en 2013. A siete años de distancia, la deuda sigue viva.

El sexenio de su amigo terminó, pero el pago no llegó. Al contrario, la deuda fue reestructurada una y otra vez. La última modificación se dio apenas unas horas antes de que López Obrador dejara la presidencia, permitiendo a Ibarra "estirar la liga" y posponer sus compromisos financieros hasta el 2027.

A los 150 millones de Bancomext se suma un adeudo fiscal que arrastra desde el año 2000. Según la investigación de MCCI, Argos Producciones debe más de 8 millones de pesos en impuestos. Tras años de impunidad, las autoridades hacendarias parecen haber perdido la paciencia. "Van a terminar embargando sus bienes porque lo ve el gobierno como la última alternativa para recuperar lo que no se les ha pagado", advierte Durán.

Pero Ibarra no es el único. La investigación también pone la lupa sobre Arturo Ávila y su empresa IBN, quien a pesar de recibir jugosos contratos directos, también se encuentra en la lista de morosos que le han dado la espalda al SAT. Para los "consentidos" de la 4T , parece que la hora de rendir cuentas finalmente ha llegado.

Mientras el gobierno no garantiza seguridad o minimiza temas importantes como lo que ocurre en el Golfo de México , las organizaciones de la sociedad civil denuncian que la autoridad sí prefiere irse en contra de los ciudadanos. Hoy, diversas fundaciones exigen "piso parejo" y mayor certidumbre jurídica frente a las recientes regulaciones fiscales del SAT.

La indignación surge tras la rapidez con la que el Servicio de Administración Tributaria otorgó la autorización de donataria a la asociación civil "Humanidad con América Latina", invocada por el expresidente López Obrador para donar recursos a Cuba. Frente a este "fast-track", otras organizaciones denuncian un trato desigual ante la ley.

Juan Antonio Medina, de la organización "Queremos por Ustedes", denunció que mientras él lleva un lustro intentando cumplir con el trámite, la fundación del expresidente lo logró en menos de tres semanas.

"En mi caso llevo cinco años solicitando la donataria... y a esta fundación en diez o quince días se la dieron, violando todos los protocolos y reglas de operación", señaló al exhibir sus documentos de solicitud pendientes desde septiembre del año pasado.

Más allá de la rapidez, las asociaciones civiles denuncian una falta de transparencia, pues el protocolo habitual exige a cualquier fundación trabajar al menos seis meses con su objeto social y presentar evidencias rigurosas antes de obtener el registro.

"Generaron un conflicto precisamente por no respetar las reglas de operación... una vez que se constituye una asociación o una fundación tenemos que ir al SAT por nuestro registro de contribuyentes, ya con esto tenemos que trabajar seis meses... con nuestro objeto social. Esto tiene que ir acompañado con evidencias, videos, fotografías, una relación de beneficiarios", dijo Juan Antonio Medina.

Tampoco se explican cómo la asociación vinculada al expresidente pretende enviar donativos a otro país sin contar con un organismo internacional intermediario ni las autorizaciones bancarias que exigen las nuevas normas.

"Independientemente de donativos sean privados o públicos tiene que tener aparte la autorización para tanto para recibir como para enviar al extranjero y con las nuevas normas tiene que tener la autorización bancaria, si no existen ninguna de las dos es imposible que así de bote pronto empiece a donar y enviar a otro país", menciona.

El reclamo de la sociedad civil es claro: exigen que la justicia no se base en influencias políticas , sino en el cumplimiento estricto de la norma para todos los ciudadanos por igual. Dijo Juan Antonio Medina, de "Queremos por Ustedes": "Que la ley sea pareja para todos, como debe de ser. Yo no creo que la ley sea negociable o por influencias".

La organización Amnistía Internacional México alzó la voz contra la reciente decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de cancelar la autorización para recibir donativos deducibles a 113 organizaciones civiles. A través de una serie de pronunciamientos, el organismo internacional advirtió que esta medida no es un simple trámite burocrático, sino una estrategia para debilitar y controlar a quienes vigilan al poder en el país.

Para Amnistía Internacional, la pérdida del estatus de donataria autorizada representa un obstáculo crítico para la operatividad de estas ONG, impactando directamente en áreas sensibles como la defensa de derechos humanos, el apoyo legal a víctimas, la atención a la violencia de género y la protección de territorios indígenas.

La organización señaló que lo ocurrido en México no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia regional hacia la implementación de leyes que buscan asfixiar a la sociedad civil bajo el discurso de la transparencia. "Gobiernos que dicen promover transparencia… pero en realidad buscan controlar y debilitar a la sociedad civil", sentenció el organismo.

Asimismo, denunciaron la existencia de un "doble estándar" en la fiscalización de recursos en México:

• Carga excesiva para ONG: Se les exigen informes duplicados, requisitos reiterativos y controles previos que consumen tiempo vital de operación.
• Opacidad gubernamental: Instituciones públicas que, pese a ejercer el presupuesto nacional, siguen sin transparentar el uso de sus recursos con el mismo rigor.

Amnistía Internacional subrayó que debilitar a las organizaciones es, en última instancia, debilitar el tejido social y la democracia. Al reducir la capacidad de las ONG para documentar abusos, vigilar elecciones e impulsar leyes, se abre la puerta a que la corrupción y los abusos de autoridad crezcan sin contrapesos.

"El debate real no es 'control vs libertad'. Es: ¿queremos un país donde nadie vigile al poder?", cuestionó la organización, haciendo un llamado urgente a establecer reglas claras y justas que permitan la transparencia sin asfixiar a quienes sostienen las causas sociales en México.

El Servicio de Administración Tributaría (SAT) canceló los permisos de más de cien organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos deducibles de impuestos, argumentando que no cumplen los requisitos de la ley vigente.

Y la cosa se pone peor, el SAT amenazó que si en doce meses no regularizan su situación deberán transferir su patrimonio a otra donataria autorizada, por lo que las organizaciones se ven acorraladas.

Por otro lado, con una velocidad extraordinaria, se dio autorización a una donataria que recaudará dinero para la dictadura cubana.

Entre las organizaciones afectadas por el Servicio de Administración Tributaria, destacan lo siguiente:

• México Primero: Enfocada en el derecho a la educación. 
• México Evalúa: Con amplios análisis de políticas públicas, impunidad y corrupción.
• Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO): Con trabajos en economía, energía y género.
  

Entre las organizaciones afectadas, también está Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Adicionalmente, el SAT dio de baja DEFINITIVA a otras 13 asociaciones del padrón de donatarias.

La estricta revisión del Servicio de Administración Tributaria sobre el cumplimiento de los requisitos fiscales a más de cien ONG’s contrasta con la velocidad con la que se creó y autorizó como donataria a la Organización “Humanidad con América Latina”, que promueve el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Una A.C, para recaudar dinero a favor de la dictadura socialista que tiene sometido al pueblo de Cuba, desde el pasado 17 de febrero de 2026.

Su registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se formalizó el pasado 9 de marzo de 2026, el mismo día obtuvo la autorización, cuando el trámite puede tomar meses o incluso años.

Siempre estuvo frente a sus narices: una mujer operó durante los últimos siete años una red de huachicol fiscal a unos cuantos metros de las oficinas regionales del SAT en Tlalnepantla y defraudó al fisco con más de tres mil millones de pesos.

"Estamos revelando el caso de Julia Mendoza Cruz, que es una mujer que fue identificada como una presunta contrabandista de combustible que operó justamente en las narices de las oficinas del SAT", dijo Valeria Durán, de Mexicanos Contra la Corrupción.

En esta pequeña puerta negra, ahora aparentemente abandonada, aun se puede ver el nombre de Julia Mendoza Cruz.

Aquí opero discretamente en el sexenio pasado, nadie la molesto. Aun hay un timbre y una grabadora para dejar el mensaje, preguntamos por ella, pero no obtuvimos respuesta.

Sus vecinos aun la recuerdan: "Tócale, ya tiene rato que no la veo, ya tiene como dos tres años”.

De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, desde el 2024 ya había sido señalada como facturera, pero fue hasta el 11 de febrero pasado que el SAT la señala de defraudación fiscal.

Esta mujer participó en más de dos transacciones con compañías texanas para introducir millones de litros de diésel, aceites y químicos.

"Estas factureras que nosotros habíamos detectado desde 2024, habían recurrido a una compleja operación para clonar los pedimentos legales de importación y de esa forma habían logrado introducir volúmenes mayores de los que se les habían autorizado”, dijo Valeria Durán, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Desde esta pequeña puerta negra, ubicada casi en la esquina de la avenida Mariano Escobedo, Julia Mendoza emitió cientos de facturas que respaldaron sus operaciones de importación de diésel y químicos, justo enfrente de las autoridades fiscales a las que defraudó por más de tres mil millones de pesos.

Aún se desconoce su paradero o si le abrieron ya una carpeta de investigación. Así el nivel de combate al huachicol fiscal en nuestro país.

Durante los últimos siete años, una estructura dedicada al tráfico ilegal de energéticos funcionó con total libertad a escasa distancia de las instalaciones regionales del SAT en Tlalnepantla.

La principal implicada en este millonario desfalco ha sido identificada como Julia Mendoza Cruz, quien presuntamente encabezó una red que logró evadir al fisco por una suma superior a los tres mil millones de pesos.

Lo más sorprendente del caso es que el centro de mando de estas actividades ilícitas se encontraba en una modesta puerta de color negro, situada casi en la intersección con la avenida Mariano Escobedo, justo a la vista de las autoridades encargadas de la vigilancia fiscal.

En ese sitio, que hoy luce señas de abandono pero que aún conserva el nombre de la sospechosa y un dispositivo para grabar mensajes, la mujer trabajó sin ser molestada durante toda la administración federal anterior.

A pesar de la cercanía con las oficinas del SAT, la operación se mantuvo activa y discreta, permitiendo que se emitieran cientos de facturas que servían de sustento para actividades de importación irregulares.

Aunque se ha intentado localizar a Mendoza Cruz en dicho domicilio, hasta el momento no se ha obtenido respuesta alguna, pese a que los habitantes de la zona todavía guardan memoria de su presencia en el lugar.

La magnitud del fraude se sustenta en una compleja arquitectura operativa. Según las indagatorias realizadas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción, la involucrada ya contaba con señalamientos como facturera desde el año 2024. Sin embargo, no fue sino hasta el reciente 11 de febrero que el organismo tributario la acusó formalmente de defraudación fiscal.

La investigación detalla que esta red participó en más de dos mil transacciones comerciales con entidades ubicadas en el estado de Texas, Estados Unidos, con el objetivo de ingresar al territorio nacional millones de litros de aceites, químicos y diesel.

El método utilizado consistía en la manipulación de documentos oficiales. Las empresas fachada detectadas desde finales de 2024 empleaban una técnica de clonación de pedimentos legales de importación.

Mediante este engaño, los contrabandistas conseguían introducir cargamentos de combustible en volúmenes mucho más elevados de los que originalmente les habían sido autorizados por las dependencias correspondientes. Esta maniobra permitió el flujo constante de hidrocarburos de forma ilegal bajo la apariencia de operaciones legítimas.

A pesar de que el daño al erario público supera los tres mil millones de pesos, el desenlace de esta historia de huachicol fiscal sigue siendo incierto. Desde la pequeña entrada donde se generaba la documentación que amparaba el ingreso de diesel y sustancias químicas, se burló la vigilancia de las autoridades hacendarias durante casi una década.

Actualmente, se ignora la ubicación exacta de Julia Mendoza Cruz y no se tiene claridad sobre si las instituciones de justicia han iniciado formalmente un expediente de investigación criminal en su contra. Este caso pone en evidencia los desafíos actuales en la supervisión de la importación de combustibles y la vulnerabilidad de los controles fiscales en puntos estratégicos del país.

Con la abrumadora mayoría de Morena, se aprobó reformar el Código Fiscal 2026 en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX). Hoy, la oposición advierte que estos cambios podrían abrir la puerta al terrorismo fiscal contra los capitalinos.

“Lo que se reformó fue, principalmente, detectamos en los artículos 73, 76 y 77 del Código Fiscal una disposición que habla sobre determinación presuntiva. ¿Qué significa esto? Que el propio gobierno puede determinar si pagaste bien o no pagaste bien tus impuestos”, señaló Diego Garrido, diputado del PAN en la Ciudad de México.

La reforma introduce y amplía la figura de la determinación presuntiva, que permite a la autoridad del gobierno de la Ciudad calcular cuánto cree que un ciudadano debió pagar de impuestos, aun cuando haya cumplido ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Ellos dirán que no importa lo que tú declares, lo que tú pagues de impuestos; ellos van a determinar presuntivamente cuánto es lo que tú tengas que pagar y esto significa un terrorismo fiscal”, añadió el legislador panista.

El PAN advierte que esta facultad puede derivar en inscripciones a padrones fiscales, plazos cortos para defenderse y mayor presión sobre los contribuyentes.

“Si ellos determinan que presuntivamente no estás pagando lo debido, te meten a un padrón, te criminalizan, te meten a padrones fiscales y no te dan oportunidad de poderte defender. Te dan solo 15 días para poder establecer algún contacto”, dijo.

Especialistas advierten que, además, la reforma podría permitir al gobierno capitalino acceder a información detallada de los contribuyentes capitalinos y utilizarse para muchos fines.

“O que tengan propiedades en la Ciudad de México: van a poder saber dónde vives y, por ejemplo, si tienes una casa, saber cuánto estás teniendo de ingresos en esa casa; si tienes un negocio, ahí pueden saber cuántos ingresos estás teniendo en tu negocio”, explicó Arturo Herrera, economista.

Para la oposición, en esta reforma no hay detalles y nada está claro, por lo que advierten que esto abre la puerta a la inquisición hacendaria .

En respuesta directa a los comentarios realizados hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera , Grupo Salinas fijó su postura oficial: existe total voluntad para "cerrar este capítulo" de confrontación y pagar lo que legalmente corresponda, siempre y cuando exista certidumbre jurídica y transparencia en los cobros.

La empresa enfatizó que su objetivo no es mantener el conflicto, sino encontrar una solución definitiva dentro de un marco de legalidad claro, alejándose de interpretaciones arbitrarias.

"Nuestra voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente nos correspondan, siempre ha existido. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica", se lee en el posicionamiento.

Grupo Salinas subrayó que su compromiso con el fisco es comprobable, destacando que durante el periodo que abarca esta disputa han entregado a la Hacienda pública más de $285 mil millones de pesos.

"Nuestra voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente nos correspondan, siempre ha existido, y se demuestra con la entrega al fisco de más de $285 Mil Millones de pesos durante el periodo que abarca esta disputa", se menciona en el mensaje de Ricardo B. Salinas Pliego.

Grupo Salinas precisó que el desacuerdo actual no es una negativa total, sino una diferencia específica sobre las pérdidas fiscales de los periodos 2008 al 2013.

La empresa argumenta que el monto reclamado por la autoridad está inflado por recargos y actualizaciones que consideran injustos. Señalan que estos cobros extra derivan de:

1. Interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad que orillaron al litigio.
2. La prolongada duración de los tiempos del sistema judicial, ajena a la empresa.

Para destrabar el litigio de los $31 mil millones de pesos mencionados por el Gobierno, Grupo Salinas lanzó una propuesta de prudencia y transparencia: esperar a enero.

La condición para avanzar es que el SAT entregue por escrito y de manera detallada:

• Los fundamentos legales de la cifra.
• Un desglose transparente de los cálculos que sustentan dicho adeudo.

"Solo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa y fortalecer el Estado de derecho que el país necesita", concluye el mensaje.

En medio de una intensa controversia y protestas, la Cámara de Diputados, con el respaldo de Morena y sus aliados, ha dado luz verde a una reforma al Código Fiscal de la Federación para 2026 .

Esta modificación legal otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) facultades significativamente mayores, abriendo la puerta a la vigilancia de las actividades de los contribuyentes en plataformas electrónicas. Los críticos han calificado el dictamen como un "Código Fiscal espía" y una expresión de "autoritarismo".

La nueva disposición establece que el Gobierno federal podrá tener acceso a los registros de todo lo que los ciudadanos compren, vendan, renten, contraten o descarguen a través de cualquier servicio digital.

Esto incluye plataformas de streaming, clubes virtuales, sitios de citas, servicios de enseñanza remota, aplicaciones de pruebas o ejercicios, y plataformas que actúan como intermediarias entre terceros.

La reforma permite específicamente a la autoridad fiscal el acceso constante y en tiempo real a los registros de estas plataformas. Esta vigilancia ha generado alarma entre algunos legisladores de la oposición.

Por ejemplo, Héctor Saúl Tellez, diputado del PAN, calificó la medida como un "terrorismo fiscal" y cuestionó la necesidad de que la autoridad fiscal sepa detalles tan íntimos como el consumo de entretenimiento o los bienes y servicios rentados o comprados digitalmente.

Por su parte, Morena defiende la medida, afirmando que su alcance está limitado estrictamente a la información que la autoridad requiere para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales, con el objetivo de evitar abusos en la recopilación de datos.

La nueva legislación también introduce mecanismos severos de coerción. Las plataformas digitales que no permitan el acceso a sus registros se exponen a ser bloqueadas temporalmente. Además de esto, las nuevas facultades del SAT incluyen la capacidad de clausurar negocios e incluso de tipificar a un contribuyente como delincuente, con la consecuente posibilidad de enfrentar penas de prisión.

El documento que sustenta la reforma argumenta que es indispensable contar con un marco normativo que facilite a las autoridades fiscales obtener la información necesaria para monitorear las obligaciones de los participantes en el sector de la economía digital. Se sostiene que los modelos de negocio digitales tienen un impacto que va más allá de lo fiscal y aduanero, abarcando lo económico y tecnológico.

El SAT será el organismo encargado de definir, mediante reglas generales, las características de los sistemas y registros que faciliten a los prestadores de servicios digitales la aplicación de esta nueva norma. Adicionalmente, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encargará de la gestión tecnológica y el análisis de datos relacionados con estas nuevas atribuciones.

Tras horas de debate, la medida fue finalmente aprobada únicamente con los votos de los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, y ha sido remitida al Senado para su proceso de ratificación.