A un año de haber entrado en funciones la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la rendición de su primer informe de actividades dejó un saldo crítico. Ministros en retiro y analistas advierten sobre un evidente deterioro institucional, destacando un rezago del 60% en la resolución de asuntos pendientes y constantes descuidos técnicos durante las sesiones del Pleno.

El primer año de gestión también ha quedado marcado por un profundo divisionismo interno, encabezado por las confrontaciones directas de la ministra Lenia Batres Guadarrama contra sus pares, en medio de sus aspiraciones por presidir el alto tribunal. A las disputas se suman escándalos por gastos excesivos, como la compra de camionetas de lujo, una costosa ceremonia de toma de protesta y la exigencia de un mayor presupuesto para 2027 .

“No me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Constitucionalidad 69/2026 para prohibir la realización de “campañas coordinadas” en el estado de Michoacán.

Esta acción de inconstitucionalidad fue promovida por el partido político Movimiento Ciudadano (MC) en contra del Decreto 476 por el que se modificaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Dicho Decreto, aprobado por la alianza oficialista de Morena y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) en el estado de Michoacán, limita los alcances políticos de las candidaturas independientes, como se transcribe a continuación:

“DECRETO 476 - MICHOACÁN: Artículo 169. Tratándose de candidaturas independientes, las campañas electorales deberán realizarse de manera individual, autónoma e independiente, por lo que no podrán desarrollar actos conjuntos o coordinados de campaña entre sí, compartir propaganda, imagen, emblema, plataformas comunes, estrategias de promoción conjunta, eventos proselitistas simultáneos o cualquier mecanismo que implique asociación política o actuación electoral colectiva. 

Se considerará prohibida toda forma de campaña conjunta o alianza de facto entre candidaturas independientes que genere frente al electorado una percepción de bloque, agrupación, frente o plataforma común. “

En este contexto, el 27 de agosto de 2026, el Pleno de la SCJN validó el Decreto 476 en lo que se refiere a que las candidaturas independientes deben realizar campañas de manera individual, autónoma e independiente.

Y no solo eso, pues, además, los ministros declararon constitucionales las disposiciones que prohíben a las candidaturas independientes realizar campañas coordinadas, compartir propaganda, imagen, emblemas, plataformas electorales, estrategias de promoción o eventos proselitistas.

Es decir, el fallo de la Corte legalizó la desventaja de Grecia Quiroz como representante del “Movimiento del sombrero” frente a una eventual candidatura independiente por el gobierno del estado de Michoacán.

No podrá compartir propaganda, imagen, emblema o promover estrategias de articulación política con otras corporaciones y/o asociaciones (no necesariamente partidos políticos) por mandato de la Corte.

Ni más ni menos.

En octubre de 2005, Jorge Castañeda Gutman llevó a la justicia internacional el asunto de las candidaturas independientes en México.

Su caso fue estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente juzgado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

La CoIDH obligó al Estado mexicano a modificar la Legislación Nacional para adoptar medidas que le arrebataran a los partidos políticos el monopolio de la representación y participación política.

Hoy, a casi 21 años de distancia, parece que no hemos avanzado sino, al contrario: hicimos como que hicimos pero al final no hicimos nada. Muy mexicano de nuestra parte.

A un año de la llegada de las y los nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emanados de una cuestionada elección popular marcada por el uso de acordeones y su cercanía con Morena , el balance del máximo tribunal dista del discurso de austeridad con el que asumieron el cargo. La promesa de no dejarse guiar por el dinero se vio empañada desde el inicio con una ceremonia de protesta que costó más de 1.2 millones de pesos, el gasto de casi 300 mil pesos en 12 togas y la polémica asignación de camionetas de lujo nuevas y blindadas, beneficio al que solo renunciaron tras ser exhibidos públicamente.

Más allá de los gastos superfluos y episodios como el uso de las instalaciones para la grabación de promocionales de botanas, el Pleno se ha transformado en un escenario de confrontaciones intestinas y fallos bajo la lupa. Las disputas encabezadas por Lenia Batres, quien no oculta sus aspiraciones para presidir la Corte entre constantes pifias técnicas en sus intervenciones, han dejado al descubierto tensiones por el manejo presupuestal y decisiones cuestionables orientadas a favorecer los intereses del partido en el poder, evidenciando el deterioro institucional en el primer aniversario de la reforma judicial .

La definición jurídica sobre el futuro de las candidaturas independientes en Michoacán se encamina a una nueva pausa en el Máximo Tribunal del país. Desde el exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, señaló que el análisis del proyecto de resolución, programado en el orden del día de este lunes, se reprogramará para después.

La presidenta municipal acudió a las instalaciones del tribunal para dar seguimiento a la sesión donde se prevé discutir la validez de las reformas que restringen la propaganda y los símbolos compartidos entre aspirantes ciudadanos, advirtiendo que la postergación en el pleno extiende el clima de incertidumbre legal para los proyectos independientes rumbo al proceso electoral de 2027 .

La alcaldesa de Uruapan llegó acompañada de parte de su gabinete y también de integrantes del Movimiento del Sombrero a la sede de la Suprema Corte.

El Máximo Tribunal del país tiene en sus manos la revisión constitucional de la reforma electoral aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso local, la cual prohíbe explícitamente que los aspirantes independientes utilicen emblemas repetidos, propaganda común, una identidad compartida o estructuras territoriales conjuntas.

La controversia gira en torno a si estos candados normativos vulneran los derechos político-electorales y la libre asociación ciudadana, al estar diseñados para desmantelar al Movimiento del Sombrero, también conocido como "La Sombreriza", corriente independiente que conquistó Uruapan bajo el liderazgo del asesinado edil Carlos Manzo y que hoy encabeza Grecia Quiroz.

La Corte deberá determinar si la facultad otorgada a la autoridad electoral para cancelar registros por "alianzas de facto" ajusta su marco a la Constitución o si representa un veto desproporcionado contra las candidaturas no partidistas.

El ambiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece que no es del todo bueno, pues la ministra Lenia Batres hizo un señalamiento que no se esperaba.

No es la primera vez que la hermana de Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), está en polémica.

Lenia Batres señaló a sus compañeros del Pleno de la Suprema Corte de tener una animadversión insana contra ella, después de que sus compañeros cuestionaran uno de sus proyectos.

La ministra criticó en un documento el presupuesto de la Corte solicitado para el próximo año y pidió eliminar privilegios en el máximo tribunal y, según ella, su posición provocó la represalia de los demás ministros.

"Originalmente, siete ministros manifestaron estar a favor del proyecto; inexplicablemente, fueron manifestándose, retirando su voto a favor y manifestando voto en contra", expresó Lenia Batres en la sesión.

La Suprema Corte dio a conocer la aprobación de su propuesta de presupuesto para 2027, lo cual se llevó a cabo en sesión privada el pasado 6 de agosto.

Se trata de un monto de 6 mil 104.5 millones de pesos, lo que representa un incremento del 12.7 % respecto al ejercicio anterior tras haber enfrentado recortes significativos en 2025 y 2026.

El máximo tribunal asegura que 8 de cada 10 pesos solicitados se destinarán a pago de sueldos y prestaciones garantizadas por ley.

Mientras que el resto de los fondos permitirá dar mantenimiento a sus instalaciones, modernizar equipo operativo con más de 20 años de antigüedad e incluir un seguro de gastos médicos mayores para su personal, sin contar a los ministros, dicen, bajo una política de austeridad y eficiencia institucional.

"El Pleno de la SCJN aprobó un anteproyecto de presupuesto de 6,104.5 mdp para 2027, bajo una política de austeridad responsable, eficiencia institucional, respeto a los derechos laborales y cumplimiento de su mandato constitucional", informó en X.

Apenas la ministra Lenia Batres cometió un nuevo tropiezo en la sesión del máximo tribunal del país.

En sesión, cuando se pronunciaba sobre el abandono de dos jurisprudencias relacionadas con el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la ministra se confundió sobre cuáles eran los criterios en discusión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, esquema que permite concentrar recursos de cuentas de retiro no reclamadas por trabajadores mayores de 70 años afiliados al IMSS y al ISSSTE. El Gobierno sostiene que el dinero será utilizado para fortalecer las pensiones, mientras críticos cuestionan quién administrará esos recursos y bajo qué reglas.

La controversia gira alrededor de una bolsa estimada en 40 mil millones de pesos. Mientras el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, defendió que no se trata de una expropiación sino de un cambio de administrador, opositores y especialistas han advertido riesgos para la confianza en el sistema de ahorro para el retiro y cuestionado el destino final de los recursos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, por mayoría de 8 votos a 1, que los jueces federales ya no pueden conceder suspensiones para desbloquear de forma total las cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Con esta decisión, el tribunal modificó el criterio que sostenía la anterior integración de la Corte y revocó la suspensión definitiva otorgada por una jueza federal de Jalisco, por lo que los recursos investigados por presuntas operaciones irregulares permanecerán asegurados durante el proceso legal.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de acuerdo con su sitio de internet, se creó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004.

El objetivo de la UIF es sumar al combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo.

Sus principales tareas son implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de dichos delitos.

De acuerdo con la UIF, el congelamiento de cuentas bancarias de una persona se lleva a cabo ante la presunción de conductas ilícitas.

El 6 de abril de 2016, la Suprema Corte reconoció la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2022.

Este regula la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para incluir a alguien en la Lista de Personas Bloqueadas cuando existan indicios suficientes de su posible relación con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados.

El Pleno consideró que el bloqueo de cuentas previsto en este esquema es una medida de naturaleza administrativa y preventiva, orientada a proteger el sistema financiero y a cumplir compromisos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nuevamente fue clara y este martes 4 de agosto de 2026 reiteró que los municipios no pueden realizar cobros por infraestructura en materia de telecomunicaciones.

El máximo tribunal del país invalidó partes de la Ley de Ingresos 2026 del municipio de Santa Clara, Durango, que contemplaba cobros que corresponden exclusivamente a las autoridades federales.

El Pleno determinó invalidar los cobros municipales que invaden la competencia federal en materia de telecomunicaciones .

"Que establecen cobros por la instalación y/o construcción de antenas y torres de telecomunicación y/o radiodifusión o similares, y para la construcción de tuberías para líneas de fibra óptica, telefónica o similares",expuso Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN.

No es la primera vez que se ha dado un fallo como este por el mismo tema. Ya lo ha hecho en San Marcos y General Canuto A. Neri, en Guerrero. Así como en Apan, Yahualica y San Felipe Orizatlán, en Hidalgo.

"Se invalidaron normas que preveían cobros por licencias de construcción respecto de antenas de radio, telefonía celular, televisión y comunicación anual por unidad", añadió la mministra Yasmín Esquivel.

Así que las determinaciones de la Corte son contundentes en esta materia. Ya hay precedentes y terminarán por erradicar todos los cobros que pretendan hacer los municipios sobre instalaciones federales.

En julio pasado, la Corte determinó que la regulación en materia de telecomunicaciones es un tema de competencia federal y los municipios no pueden realizar cobros por instalación u operación, retiro de antenas, mástiles, cableado, entre otros.

El máximo tribunal del país invalidó el cobro de cuotas en las leyes de ingresos de los municipios de San Marcos y General Canuto A. Neri, en Guerrero.

No obsatnte, las resoluciones de la Corte no han sido acatadas por Guadalupe López González, alcaldesa de Morena en Salvador Alvarado, en Sinaloa.

La edil pretende cobrar cientos de millones de pesos a empresas de telecomunicaciones, telefonía, internet y televisión que utilizan infraestructura federal a través del cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García, la cual frena por completo cualquier intento de destituirlo o inhabilitarlo de su cargo a raíz del juicio político promovido en su contra.

De acuerdo con la notificación publicada la tarde de este 13 de julio de 2026 en la página oficial de la Corte, las autoridades correspondientes pueden continuar con el proceso y el desahogo del juicio político que han promovido en su contra.

Sin embargo, tienen estrictamente prohibido ejecutar cualquier medida que lo separe de sus funciones como gobernador del estado de Nuevo León.

El tribunal concedió la suspensión provisional con la cual se impide emitir una determinación final sobre el proceso iniciado por la Comisión Anticorrupción, hasta que se resuelva el fondo de la controversia constitucional.

La resolución indica que "procede conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional.

“Con esta medida se salvaguarda el normal desarrollo de la administración pública estatal, así como el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su titular”, indica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) determinó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) pueda entregar un solo permiso para que varias personas realicen actividades relacionadas con el autoconsumo lúdico de cannabis y THC.

El máximo tribunal del país aclaró que este permiso conjunto es válido siempre y cuando cada solicitante esté explícitamente reconocido como titular en el documento.

"Se confirma que una autorización conjunta para el autoconsumo lúdico de cannabis y THC puede ser válida para diversas personas", publicó la Suprema Corte

Esta determinación surgió luego de que un grupo de nueve personas impugnó un permiso colectivo argumentando que debían recibir licencias individuales.

Las nueve personas solicitaron a la COFEPRIS una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo lúdico o recreativo de cannabis y THC, como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte.

El Pleno de la Corte concluyó que la expedición de un solo documento administrativo no restringió ni disminuyó el alcance de los derechos reconocidos a las personas beneficiarias, por lo que confirmó la resolución que tuvo por cumplida la denuncia realizada.

En julio de 2021, el Pleno del Alto Tribunal resolvió una declaratoria de inconstitucionalidad mediante la cual eliminó la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de cannabis y THC (en conjunto conocidos como marihuana) que establecía la Ley General de Salud.

A partir de la resolución, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, podría autorizar el cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de la mariguana con fines recreativos a las personas adultas que lo soliciten.

Lo anterior en el entendido de que dicha autorización no podrá incluir en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto de enajenación y/o distribución de tales sustancias.

Además, este derecho nunca podrá ejercerse frente a menores de edad, ante personas que no den su autorización en un espacio público, ni al realizar cualquier actividad que pueda ser riesgosa para terceros, como conducir un vehículo.