La violencia en Sinaloa no solo cobra vidas, también destruye economías. En el corazón de Mazatlán , conocido como la Perla del Pacífico, los comerciantes del emblemático mercado de mariscos La Changueras viven una de las peores crisis de su historia que afecta la venta de camarón.

El culpable tiene nombre: la inseguridad heredada por el conflicto armado que estalló bajo la administración de Rubén Rocha Moya y que hoy enfrenta la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

Los vendedores de camarón, producto insignia de la región, reportan una caída en sus ventas de hasta el 70%. La razón es clara: los turistas simplemente ya no llegan. El miedo a la violencia ha alejado a quienes históricamente representaban su principal fuente de ingresos.

La situación es tan crítica que los propios vendedores afirman que sus ganancias no alcanzan ni para cubrir el gasto básico del hielo necesario para conservar el producto bajo las altas temperaturas del puerto.

Un año ha pasado desde que Carlos Emilio Galván Valenzuela salió de un restaurante-bar en Mazatlán, Sinaloa acompañado por varios hombres. Desde entonces, su familia sigue sin saber dónde está.

La madrugada del 5 de octubre de 2025, Carlos Emilio, originario de Durango, se encontraba con su padre y unas primas en Terraza Valentinos, en la zona cercana al Malecón y la Zona Dorada de Mazatlán.

En algún momento se levantó para ir al baño. Ya no regresó con su familia.

La desaparición marcó el inicio de una búsqueda que llevó a sus seres queridos a salir a las calles tanto en Durango como en Mazatlán para exigir que se localizara al joven.

Con el paso de los días, el caso comenzó a generar presión sobre autoridades estatales y posteriormente pasó a manos de instancias federales.

La Fiscalía de Sinaloa informó que, después de revisar las cámaras de seguridad del establecimiento, se estableció que Carlos Emilio salió del lugar por su propio pie.

Posteriormente, según la investigación, abordó una camioneta acompañado por varios hombres.

El entonces vicefiscal de la zona sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, explicó que el joven salió del establecimiento y posteriormente subió al vehículo junto con otras personas.

Desde entonces, no se ha informado públicamente sobre el paradero de Carlos Emilio .

La desaparición también alcanzó al entonces secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, quien tenía participación en negocios de entretenimiento, entre ellos el establecimiento relacionado con el caso.

Poco más de dos semanas después de la desaparición, Velarde Cárdenas dejó su cargo.

Posteriormente, el caso avanzó hacia instancias federales. Durante la última semana de septiembre, la Fiscalía General de la República habría llamado a declarar a Velarde Cárdenas y a Isaac Aguayo Roacho en relación con la investigación.

Estos movimientos ocurrieron al mismo tiempo que la Unidad de Inteligencia Financiera informó sobre el congelamiento de cuentas del exfuncionario, aunque se trata de asuntos que deben distinguirse de la investigación por la desaparición de Carlos Emilio.

A un año de aquella madrugada, Brenda Valenzuela Gil , madre del joven, publicó este 5 de octubre un mensaje para recordar a su hijo y mantener vigente su búsqueda.

“365 días sin CARLOS EMILIO”, escribió, antes de convocar a un Santo Rosario virtual a las 7:00 de la noche.

En otra publicación, resumió el último año con una pregunta que sigue sin respuesta:

“¿DÓNDE ESTÁS?”

La madre describió estos 365 días como un periodo marcado por la angustia, el cansancio y la espera, pero aseguró que su familia no ha dejado de buscarlo.

También agradeció a quienes han acompañado el caso y pidió que el nombre de Carlos Emilio siga presente mientras continúan las investigaciones.

Lo que se conoce públicamente es que el joven ingresó al establecimiento, salió posteriormente y abordó una camioneta con varios hombres.

A partir de ese momento, su rastro se pierde.

Hasta este 5 de octubre, la familia continúa esperando información sobre su paradero y mantiene activa la exigencia de que el caso avance.

Para esta noche, sus familiares y personas que han acompañado la búsqueda tienen previsto reunirse de manera virtual para rezar por su regreso.

Ascensión “N”, de 86 años, estaba en el patio de su casa cuando hombres armados comenzaron a disparar contra una vivienda ubicada justo enfrente. Un proyectil la alcanzó y terminó con su vida.

El ataque armado ocurrió alrededor de las 19:00 horas sobre la calle Girasol, entre 19 de Septiembre y 22 de Septiembre, en la colonia 10 de Mayo, al sur de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado abrió fuego contra una casa de dos plantas. Los disparos impactaron la fachada y los cristales del inmueble.

Ascensión se encontraba en el exterior de su propio domicilio, frente a la vivienda atacada, cuando uno de los proyectiles la alcanzó.

La mujer sufrió heridas de gravedad y murió en el lugar.

Las autoridades establecieron que Ascensión no se encontraba dentro de la casa contra la que iba dirigido el ataque. La mujer estaba en su domicilio y quedó en medio de la agresión.

Por ello, fue considerada una víctima colateral del ataque armado.

Vecinos que escucharon las detonaciones pidieron ayuda al 911. Poco después llegaron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para asegurar la zona.

Hasta el momento no se ha informado quiénes fueron los responsables de disparar contra el inmueble ni cuál habría sido el motivo de la agresión.

Tampoco se reportan personas detenidas por estos hechos.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones y de la recolección de indicios para intentar establecer quiénes participaron en el ataque.

El área fue acordonada mientras personal especializado realizaba las diligencias correspondientes.

Los investigadores recabaron evidencias relacionadas con los disparos y comenzaron a integrar la carpeta de investigación.

Mientras tanto, familiares identificaron a la víctima como Ascensión “N”, de 86 años.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reporta que elementos de la Policía Municipal de Mazatlán fueron víctimas de un ataque armado en un carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

La agresión de los civiles, quienes formarían parte de un grupo criminal, provocó el despliegue del Grupo Interinstitucional, por lo que pudieron controlar la situación y evitaron afectaciones en los vuelos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reveló que el ataque se dio en una carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

“La SSP Sinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, se registró una agresión a personal de la Policía Municipal en inmediaciones de la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de Mazatlán, por lo que se desplegó de inmediato el Grupo Interinstitucional a la zona”, informaron en un comunicado.

El Grupo Interinstitucional de Sinaloa es un conjunto de fuerzas de seguridad formado por los tres niveles de gobierno para combatir la delincuencia y proteger a la población en los municipios del estado.

“La situación se encuentra bajo control, el aeropuerto opera con normalidad para aquellas personas que tienen sus vuelos programados. En cuanto al hecho de inseguridad, se mantienen recorridos preventivos, por lo que se solicita a la sociedad en general a evitar el lugar y atender las indicaciones de las autoridades”, agregaron.

Además, pidieron a la población reportar cualquier actividad sospechosa en la zona a los números 911 y 089.

Hasta el momento no hay reporte de heridos, víctimas mortales o detenidos por el ataque armado.

En un segundo comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el Aeropuerto Internacional de Mazatlán opera con normalidad tras la agresión contra policías municipales.

“La SSP Sinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de Mazatlán se encuentra completamente libre a la circulación”, añadieron.

El cínico senador sinaloense, Enrique Inzunza, minimizó la solicitud apoyada por más de 23 mil firmas ciudadanas que exigen se le inicie un juicio de procedencia y retiro de inmunidad procesal en la Cámara Alta. Al ser encarado sobre el reclamo social que exige investigar sus nexos con el crimen organizado, el senador oficialista apeló al volumen de su votación para descalificar la relevancia de la petición, asegurando que su legitimidad constitucional proviene directamente del respaldo de las urnas en el pasado proceso electoral.

"Lo que le puedo decir es que yo respeto cualquier expresión, pero a mí me eligieron casi 650 mil sinaloenses hombres y mujeres, libres y honestos. 650 mil personas de Sinaloa, libres, honestos, en un ejercicio democrático, creo que los números hablan por sí mismos", espetó Inzunza para escudarse tras el caudal de su votación. Con esta postura, el senador pretendió equiparar la recolección de firmas con un ejercicio menor, argumentando que el mandato popular recibido en las urnas prevalece sobre las exigencias ciudadanas que buscan llevarlo ante las autoridades judiciales.

La reacción del legislador se da luego de que el pasado martes un colectivo de ciudadanos y representantes de la sociedad civil acudiera formalmente a las instalaciones del Senado de la República para entregar la documentación sustentada por más de 23 mil firmas. El paquete enviado a la Mesa Directiva exige formalmente abrir el trámite de desafuero para que Inzunza responda sin el cobijo de la inmunidad parlamentaria ante los señalamientos que pesan sobre su trayectoria política y judicial en Sinaloa.

Vania Pérez Morales, principal impulsora de la iniciativa, reaccionó al intento de minimizar del senador. A través de su cuenta de X comentó: "El senador Inzunza minimiza nuestras firmas, sigamos firmando la exigencia para que renuncie".

El feminicidio de María Fernanda Gastélum, una mujer embarazada de ocho meses, volvió a colocar la violencia contra las mujeres en Sinaloa bajo los reflectores; el crimen ocurrió en Los Mochis y las imágenes de una cámara de seguridad permitieron observar parte de los momentos previos y posteriores al ataque.

María Fernanda llegó en su automóvil al estudio de fotografía donde trabajaba. En las imágenes también aparece un hombre que aparentemente la esperaba en el lugar. La cámara no registró el momento exacto del asesinato, pero sí captó al presunto agresor cuando salió del sitio después del ataque.

El video también permitió observar la vestimenta del hombre señalado como responsable; las imágenes contradicen, según lo expuesto en el guion, versiones que apuntaban a que llevaba un uniforme de la Comisión Federal de Electricidad; se observa una prenda negra con una franja blanca.

La familia de María Fernanda exige justicia y espera que las investigaciones permitan esclarecer el asesinato de la joven, quien tenía ocho meses de embarazo.

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El caso ocurre en un contexto de violencia contra mujeres en Sinaloa; el guion señala que al menos 109 mujeres más han sido asesinadas durante el año y sostiene que los feminicidios no han cesado en la entidad.

A esta situación se sumaron dos nuevos asesinatos registrados en Mazatlán durante el mismo día, de acuerdo con la información presentada en el material.

La sucesión de estos casos mantiene nuevamente la atención sobre la violencia que enfrentan las mujeres en distintos puntos de Sinaloa.

La Administración de Control de Drogas (DEA) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, quien es líder del Cártel de Sinaloa tras la captura de su padre, Ismael Zambada, apodado “El Mayo”.

La emisión de la alerta ocurre un día después de que el Departamento del Tesoro sancionara tanto a Zambada Sicairos como a políticos y dueños de empresas en Tijuana, quienes estarían involucrados en actividades relacionadas con el narcotráfico y lavado de dinero del crimen organizado.

La ficha de búsqueda emitida este miércoles 30 de septiembre por la DEA establece que la última ubicación del “Mayito Flaco” es en la Ciudad de México. La agencia detalla que es un hombre de tez blanca, 1.80 metros de estatura, 81 kilogramos de peso, cabello color café, ojos cafés y nacido en 1982.

La DEA aclara que Zambada Sicairos puede estar armado y es peligroso, por lo que los ciudadanos no deben intentar aprehenderlo.

Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, asumió el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras la detención de su padre, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, ocurrida en julio de 2024. Nació en Anaheim, California, en 1982, por lo que cuenta con doble nacionalidad.

En julio de 2014, un gran jurado del Distrito Sur de California acusó formalmente a “Mayito Flaco” por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Estados Unidos lo señala como responsable de dirigir las actividades criminales del Cártel de Sinaloa , entre ellas el tráfico de estupefacientes, asesinato, extorsión, corrupción y secuestro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cierra la pinza aún más contra el Cártel de Sinaloa y hoy, 29 de septiembre de 2026, anunció sanciones contra 25 empresas y 21 personas, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco” , quien es líder de la organización delictiva.

Las sanciones van principalmente contra personas, empresas e incluso políticos que han permitido el lavado de dinero del cártel, por medio de negocios afincados en Tijuana, Baja California.

“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro. Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro, en un comunicado.

“Mayito Flaco” asumió el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras la detención de su padre, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, ocurrida en julio de 2024. Cuenta con doble nacionalidad, al haber nacido en Anaheim, California, en 1982.

Un gran jurado del Distrito Sur de California acusó formalmente a “Mayito Flaco” en julio de 2014 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Estados Unidos lo señala como responsable de dirigir las actividades criminales del Cártel de Sinaloa, entre ellas el tráfico de estupefacientes, asesinato, extorsión, corrupción y secuestro.

En la lista de sancionados también figuran Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, así como los políticos Carlos Alberto Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres, ligados a la facción de "Los Rusos" en Mexicali.

Mientras que de otra red relacionada con José Ángel Rivera Zazueta, están sancionados Rafael Buenrostro Martín, exoficial de aduanas y quien trabajó como asesor legislativo, y Diosvanyu Chapotin Villalba, encargado del tráfico de estupefacientes y socio en el lavado de dinero de Rivera Zazueta.

“Buenrostro proporcionó favores políticos e influencia para impulsar la organización criminal de Rivera Zazueta a cambio de sobornos”, afirma el Departamento del Tesoro.

La senadora Paloma Sánchez señala que resguardo parlamentario mintió al decir que, por instrucciones directas de la Mesa Directiva, presidida por el morenista Higinio Martínez, impidieran el paso a la activista Vania Pérez Morales y a una delegación de ciudadanos procedentes de Sinaloa. La comitiva acudió al recinto parlamentario para presentar formalmente la entrega de casi 20 mil firmas reunidas a través de la plataforma Change.org, en las que se exige la separación del cargo del senador Enrique Inzunza Cázarez.

Señaló que el grupo notificó su visita con anticipación mediante oficios dirigidos a la Mesa Directiva y a las distintas bancadas parlamentarias, el personal de resguardo legislativo mantuvo cerradas las puertas. La senadora priista Paloma Sánchez acudió a la entrada principal para interceder por los manifestantes, denunciando que la medida respondió a un intento deliberado de censura: "Aquí estamos, mandamos desde ayer el oficio, y dicen que la Mesa Directiva no los deja pasar. Aquí está Vania que trae la denuncia, aquí vienen los sinaloenses, y casualmente, como saben a lo que vienen, no dejaron pasar".

La exigencia ciudadana emana de la acusación formal interpuesta el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. En dicho expediente judicial, las autoridades estadounidenses señalan al senador Enrique Inzunza y a otros involucrados por vínculos ocn el narcotráfico y delitos vinculados con armas de fuego, situación que motivó la recolección de apoyos digitales para exigir el retiro de su fuero constitucional y la apertura de indagatorias.

Ante el cerco instalado en las puertas del Poder Legislativo, Pérez Morales recriminó la falta de disposición de los coordinadores y parlamentarios para entablar un diálogo con la sociedad civil. La negativa de la Mesa Directiva a recibir a la delegación sinaloense evidencia la estrategia de opacidad y protección política hacia sus integrantes.

A diferencia de gobiernos anteriores que fueron incapaces de contener al crimen organizado, la administración morenista —desde López Obrador— habría construido una alianza política deliberada con el narco, con fines electorales y de reparto de poder, fenómeno que el autor denomina "narcopolítica". Bajo esta lectura, la acusación contra Rocha Moya no sería la de un simple político corrupto, sino la de un gobernador que llegó y gobernó Sinaloa como socio directo del narcotráfico.

Desde Palacio Nacional se reconoció, sin advertirlo, esta dinámica al comentar que antes del conflicto interno en Sinaloa "las cosas estaban muy bien", lo que revelaría conformidad con una "paz narca" sostenida por el pacto entre cárteles.

La violencia estalla cuando ese pacto se rompe: el gobernador habría tendido la trampa que permitió la captura del "Mayo" por parte de "los Chapitos", traicionando a su propio socio.

La confianza con la que "el Mayo" y su acompañante asistieron a la reunión se explicaría precisamente por la sociedad política previa con el gobernador. La conclusión es contundente: la violencia en Sinaloa es resultado directo de la ruptura de ese pacto narcopolítico, no de su ausencia.