Autoridades del estado de Campeche confirmaron un macabro hallzgo durante este fin de semana. Fue el sábado 12 de septiembre que autoridades del municipio de Escárcega encontraron dos cuerpos sin vida en un camino de terracería ubicado junto a las vías del Tren Maya .

Esto es lo que dijeron las autoridades sobre la identificación de las víctimas y todo lo que encontraron en la escena.

El reporte fue atendido el sábado por elementos de la Policía Estatal, esto luego de que alguien hiciera el llamado.

Los elementos llegaron a una zona de terracería que corre paralela a las vías del Tren Maya, en la localidad de División del Norte, dentro del municipio de Escárcega, Campeche.

Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron la presencia de dos personas sin vida sobre el camino.

Ambos cuerpos tenían varias heridas aparentemente causadas por disparos de arma de fuego.

También lograron asegurar casquillos y evidencias que se integrarán a la carpeta de investigación que ya abrieron las autoridades.

Tras verificar la situación, el personal de la policía dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

Peritos y agentes de investigación se trasladaron al punto para hacer el procesamiento de la escena del crimen y ordenar el traslado de los cadáveres al servicio médico forense.

Hasta el momento, las autoridades informaron más sobre la identidad de las dos personas que fueron localizadas.

El primer cuerpo fue identificado formalmente en el lugar por un familiar que llegó tras el reporte.
El segundo cuerpo sigue en calidad de no identificado mientras se hacen las pruebas correspondientes.

Serán autoridades las encargadas de hacer las necropsias para saber la razón exacta por la que murieron ambas víctimas.

Además, las autoridades de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana comentaron que se mantienen los trabajos de investigación en la zona para recabar datos que permitan dar con los responsables.

Desde su inauguración en 2023, el Tren Maya ha acumulado pérdidas por más de 14 mil millones de pesos y cada día que pasa, el hoyo financiero crece 27 millones de pesos más. Para que el proyecto no pierda dinero, cada boleto tendría que costar más de 209 mil pesos, pero como eso es imposible, todos los mexicanos lo estamos subsidiando.

Un vagón del Tren Maya se descarriló cuando avanzaba cerca de la estación San Francisco de Campeche, provocando una maniobra de frenado repentino que encendió las alarmas entre la tripulación y el pasaje.

Videos tomados por los propios usuarios captaron el momento en que las puertas se abrieron para iniciar la evacuación. Decenas de familias tuvieron que bajarse con equipaje en mano y caminar sobre el balasto a lo largo de la vía para regresar a la zona de andenes, resguardados por el personal operativo.

Dora Valenzuela J., escribió en Facebook sobre el incidente: "El Tren Maya descarrilado muy cerca de la estación de San Francisco Campeche, a esperar que nos muevan en camión a otra estación ya sea a Tenabo o Edzná para luego tomar el tren que nos llevará a nuestro destino. Gracias a Dios todos bien, solo el susto".

Afortunadamente, el saldo blanco se confirmó minutos después, ningún viajero ni integrante de la tripulación resultó herido. Las autoridades desplegaron camiones de trasbordo para mover a la gente hacia las estaciones operativas más cercanas (Tenabo y Edzná) y completar las rutas programadas. Mientras tanto, se mantiene a la espera el dictamen del peritaje técnico para esclarecer qué causó el accidente.

El percance en Campeche se suma a un expediente de fallas operativas y salidas de vía que la obra ha acumulado desde su puesta en marcha a finales de 2023:

• 25 de marzo de 2024 (Tixkokob, Yucatán): Un vagón se salió de los rieles cuando ingresaba a baja velocidad a la estación. El incidente se atribuyó posteriormente a problemas en el cambio de agujas mecánico.
  
• 16 de abril de 2024 (Izamal, Yucatán): Se reportó un desperfecto similar con un vagón saliéndose de la línea al momento de ingresar a la terminal.
  
• 19 de agosto de 2025 (Izamal, Yucatán): El vagón del tren se descarriló al aproximarse a la estación del Tramo 3, causando interrupciones en el servicio y movilización de usuarios.
  
• Fallas eléctricas y mecánicas (2024 - 2025): Entre las suspensiones más destacadas se encuentran la paralización total del servicio el 20 y 21 de enero de 2024 por desconfiguración eléctrica, así como desocupaciones de emergencia en Valladolid por pérdida de potencia en el motor.
  

Deficiencias operativas y estructurales: Esto es lo que reconoció el propio Tren Maya en su programa anual de trabajo 2026, estos aspectos afectan su funcionamiento. Entre las problemáticas principales se encuentran la escasez de personal calificado y la falta de especialistas en sistemas ferroviarios, lo que obstaculiza tanto las contrataciones como la marcha general de la red.

Entre trabajos inconclusos y falta de talleres de mantenimiento, la infraestructura del proyecto aún presenta trabajos inconclusos en áreas críticas para la eficiencia operativa. Se suma la electrificación de vías y la habilitación de circuitos eléctricos que siguen en fase de construcción.

Además de los rezagos técnicos, el diagnóstico oficial advierte sobre riesgos ligados a una deficiente comunicación interna y a vulnerabilidades como amenazas de sabotaje y ciberataques, todo ello sumado a los impactos ambientales documentados durante su construcción, como la afectación a miles de hectáreas de selva y cenotes.

Al Gobierno Federal le preocupa que una mentira pueda salir en la televisión, pero le tienen totalmente sin cuidado los mentirosos de casa. Durante años, la conferencia mañanera fue aprovechada para soltar más de 110 mil falsedades con total impunidad. Basta con recordar solo algunas de ellas: prometieron cuidar a la institución militar y regresar a los soldados a sus cuarteles; sin embargo, hoy las Fuerzas Armadas no solo siguen en las calles, sino que controlan puertos, aduanas, fronteras, administran y ejecutan obra pública y realizan tareas de seguridad a través de la Guardia Nacional.

La realidad también le dio un duro golpe a la narrativa ambiental de la 4T. Aseguraron categóricamente que no iban a tumbar ni un solo árbol, pero datos de la propia administración federal confirmaron una afectación de más de 7.3 millones de árboles talados. Del mismo modo, en 2022 prometieron que a más tardar a finales del año siguiente se tendría un sistema de salud pública como el de Dinamarca o mejor; hoy, López Obrador se fue a mecer a su hamaca en Palenque mientras dejó a los pacientes del país sufriendo en clínicas y hospitales tirados en el piso por falta de camillas y con diagnósticos erróneos. En resumen, el Gobierno Federal no busca acabar con las mentiras: solo quiere ser el único que pueda transmitirlas.

Durante la conferencia mañanera de este martes, la titular de la Secretaría de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, anunció ajustes al decreto en la materia para reducir de 17 a solo dos los motivos para reservar datos oficiales: interés público y seguridad nacional.

La funcionaria aseguró que cuando un expediente contenga elementos sensibles, se priorizará la emisión de versiones públicas para liberar el resto del contenido; sin embargo, el anuncio contrasta irónicamente con el historial reciente del gobierno, que ha utilizado sistemáticamente el concepto de "seguridad nacional" como el pretexto perfecto para clasificar y ocultar información incómoda sobre sobrecostos, fallas logísticas y tragedias humanas.

Durante la mañanera, Raquel Buenrostro destacó que el decreto es para "fortalecer la transparencia" y busca que todas las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones legales. En ese sentido, la promesa que hizo fue que se consolidará la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) donde se actualizarán de forma mensual los contratos del gobierno y se transparentarán estados financieros, auditorías e información estratégica de las empresas filiales de Pemex.

A lo largo de los últimos años, la etiqueta de "seguridad nacional" no ha servido para proteger al país, sino para blindar los expedientes más cuestionados de la administración pública. La lista de la opacidad está encabezada por proyectos emblemáticos marcados por la opacidad presupuestal y fallas de origen:

• El Tren Maya , caracterizado por el sobreprecio e impacto ambiental.
• La Megafarmacia del Bienestar, sumida en el colapso logístico.
• El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
• Contratos y costos de las vacunas contra el Covid-19 .
• Los peritajes tras la explosión en Tlahuelilpan.
• La compraventa del avión presidencial.

La reserva de datos por hasta cinco años también ha servido para congelar expedientes de seguridad y corrupción que comprometen políticamente al gobierno. Casos como:

• El operativo fallido del "Culiacanazo" en el que se liberó a Ovidio Guzmán.
• La declaración patrimonial del exfiscal Alejandro Gertz Manero .
• La tragedia de la pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.
• Más recientemente, la investigación sobre el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén , permanecen archivados lejos del escrutinio público.

Con estas modificaciones, solo el tiempo dirá si la reducción formal de las causales de reserva se traduce en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas o si, por el contrario, la etiqueta de "seguridad nacional" continuará funcionando como la coartada perfecta para ocultar los datos más incómodos del poder.

La clasificación de información pública volvió a colocarse en el centro del debate político. En los últimos años, distintos expedientes relacionados con obras emblemáticas, investigaciones de alto impacto, contratos gubernamentales y hechos de interés nacional han sido reservados por periodos de hasta cinco años, una práctica que especialistas consideran un obstáculo para la rendición de cuentas.

El tema cobra nuevamente fuerza luego de que se conociera que el Gobierno de México clasificó como confidencial, por cinco años, la información relacionada con las investigaciones sobre presuntos vínculos entre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , y el senador morenista Enrique Inzunza con el Cártel de Sinaloa.

La decisión se suma a una larga lista de expedientes que permanecen fuera del alcance del escrutinio público. Entre ellos destacan documentos relacionados con proyectos prioritarios de la administración federal, investigaciones sobre accidentes y contratos gubernamentales.

Para organizaciones dedicadas al análisis de la seguridad y la transparencia, el uso recurrente de la clasificación de documentos ha dejado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica constante.

Fernando Escobar, integrante de Causa en Común, señaló que anteriormente la justificación más utilizada para negar información era la seguridad nacional.

"Se aluciera que la información tenía que ser reservada o clasificada por razones de seguridad nacional para no proporcionarla. Entonces era decisivo, como un obstáculo para la transparencia", explicó.

Entre los casos más conocidos aparecen documentos relacionados con el Tren Maya , proyecto que ha enfrentado cuestionamientos por sus costos y por el impacto ambiental señalado por distintos sectores.

También permanecen reservados diversos datos sobre la Megafarmacia del Bienestar, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otros proyectos impulsados durante el actual gobierno federal.

De acuerdo con el especialista, el problema ya no solo radica en la decisión política de restringir información, sino también en deficiencias administrativas dentro de las instituciones.

"Te habla ya no nada más de una voluntad política de no proporcionar información, sino también de una enorme problemática administrativa dentro de las instituciones para no generar esa información", afirmó.

La clasificación de documentos también alcanza investigaciones relacionadas con hechos de seguridad pública y protección civil.

Entre los expedientes reservados se encuentran datos sobre el costo de las vacunas contra COVID-19, informes de Pemex relacionados con la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, el contrato de compraventa del avión presidencial, los reportes oficiales del llamado "Culiacanazo", cuando Ovidio Guzmán fue liberado en 2019, así como información sobre la tragedia de la pipa ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Aunque las reservas tienen una vigencia determinada, especialistas advierten que ello no garantiza que los documentos sean divulgados una vez concluido ese periodo.

Fernando Escobar consideró que la estrategia de comunicación oficial privilegia la difusión de información presentada desde el propio gobierno, en lugar de abrir completamente los expedientes al escrutinio ciudadano.

A su juicio, existe la posibilidad de que la información continúe administrándose mediante versiones parciales o presentaciones oficiales, sin que necesariamente se entreguen los documentos completos solicitados por la ciudadanía.

El debate sobre la transparencia también se intensificó tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que durante años resolvió recursos de revisión cuando dependencias federales negaban información pública.

Diversos sectores consideran que la ausencia del organismo autónomo podría dificultar el acceso ciudadano a expedientes relacionados con el ejercicio del poder, mientras que el gobierno ha sostenido que el nuevo modelo permitirá reorganizar las funciones de transparencia.

La devastación de la selva maya se ha consolidado como uno de los capítulos más controvertidos en la historia de la infraestructura moderna de nuestro país, en específico, los daños ambientales sobre el Tren Maya.

A través de una rigurosa investigación especial presentada por el periodista Hugo Vela para Azteca Noticias, especialistas y activistas ambientales revelaron las dimensiones del daño ecológico y financiero provocado por la construcción del Tren Maya, catalogado por expertos como la obra emblema de lo que no se debe hacer en la gestión pública.

La pérdida forestal supera ya los siete millones de árboles talados, transformando drásticamente el paisaje del sureste mexicano y dejando una huella de carbono cuyas consecuencias climáticas afectarán a las próximas generaciones.

El costo económico tampoco es menor, pues al erario público le ha significado una inversión superior a los 550 mil millones de pesos, restando recursos críticos a otros proyectos prioritarios de mitigación ambiental.

El saldo más destructivo se localiza bajo el suelo, donde se documentó la perforación de más de 130 cenotes sagrados y la inminente contaminación del acuífero subterráneo, la reserva de agua dulce más importante de la nación. Esta insostenibilidad financiera y ambiental continúa dominando los debates entre los ambientalistas.

Un convoy del Tren Maya que cubría el tramo entre las estaciones Leona Vicario y Cancún tuvo una presunta falla eléctrica durante la noche del miércoles 1 de julio de 2026, con lo cual se detuvo a mitad del trayecto y los pasajeros se quedaron varados por horas.

Testimonios de pasajeros recabados por Azteca Noticias señalan que el convoy debía haber llegado a la estación a las 20:00 horas, pero no fue hasta las 2:50 horas de este jueves en la madrugada que la unidad arribó finalmente.

Usuarios relataron que las autoridades a cargo tardaron más de cinco horas en resolver la situación y durante ese lapso no ofrecieron información clara sobre el estado de los pasajeros. Además, la cobertura telefónica presentó intermitencias en la zona donde quedó el tren, lo que dificultó la comunicación entre quienes iban dentro de la unidad y sus familiares en tierra.

Los testimonios recogidos en el lugar señalan que el personal no aplicó los protocolos adecuados mientras permanecieron detenidos. Una persona que esperaba a sus familiares declaró: “Tenemos más de tres horas esperando. En este caso tengo esperando a dos familiares que estamos esperando desde las 8 de la noche”.

Una pasajera afectada narró la experiencia dentro del tren: “Decidieron regresar el tren, nos quedamos según eso porque lo iban a remolcar, no tuvimos luz, nos quedamos sin aire, tengo tres personas grandes, no hemos comido nada desde las 8:40 de la mañana”.

Desde su inauguración, el Tren Maya ha tenido tres incidentes relevantes; El 25 de marzo de 2024, un vagón salió de las vías cerca de la estación Tixkokob, en Yucatán, y no hubo heridos. Mientras que seis meses después, el 18 de septiembre, otro convoy se quedó sin energía, con lo cual los pasajeros se quedaron varados en la estación Candelaria en Campeche.

Mientras que el 30 de enero de 2025, un tren de carga que llevaba material para las obras se descarriló cerca de la estación Limones, en Quintana Roo.

La salida del general Óscar Lozano Águila de la dirección del Tren Maya y su sustitución a finales de abril pasado por el entonces director de Banjercito, el general en retiro Manuel Jaime Ramírez Camacho, no tuvo un gran anuncio, considerando que hubo un cambio de mando en un polémico proyecto que pierde 25 millones de pesos diarios y que su alternativa de recuperación, el transporte de carga, no tiene una fecha exacta de inicio, en el corto ni en el mediano plazo.

El general Águila tenía la expectativa de que el proyecto estrella de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sería un detonante del desarrollo económico y social del sureste; sin embargo, el costo total de esta obra se ha elevado a cientos de miles de millones de pesos, según estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El presupuesto se disparó de 7 mil millones de pesos a más de 25 mil millones, mientras que la venta de boletos cubre menos del 13% de sus costos de operación.

Además de la opacidad financiera, hay problemas en su operación, como lo demuestra el reciente cierre de la estación del Tren Maya en Chichén Itzá, que tras 13 días de bloqueo por parte de integrantes de la comunidad maya de Pisté, se reabrió aunque los manifestantes mantienen sus demandas por reconocimiento económico y derechos colectivos.

Ese paro afectó a cientos de familias que viven del turismo, porque las principales líneas de cruceros que llegan al Caribe mexicano desde Puerto Progreso o Cozumel suspendieron sus excursiones y tuvieron pérdidas diarias estimadas en un millón de pesos; quedaron en medio del conflicto del Tren Maya y autoridades locales con los artesanos y comerciantes de Chichén Itzá .

El general Águila confió en que el tráfico de pasajeros podría ser suficiente para llevar al punto de equilibrio la red ferroviaria de 1,500 kilómetros y que la expropiación masiva de terrenos cercanos a Mérida y Puerto Progreso abrirían la expectativa de capacidad para una gran atracción de mercancías, con ellos, se aceleraría el equilibrio entre ingresos y egresos.

El tren de carga es una promesa postergada desde hace dos años y el nuevo director del Tren Maya enfrentará los costos de reconstrucción de rutas con errores de planeación, deficiencias constructivas —deslizamientos, hundimientos , declives— así como incumplimientos de contratos.

En 2024, las estaciones del Tren Maya vendieron 640 pesos de algo (unos refrescos, un sombrero, un peluche), pero sin que existan datos públicos para 2025.

Durante el sexenio de AMLO se proyectaba que esta megaobra transportaría 3 millones de personas al año, pero después se recortó la cifra a 1.2 millones, lo cual se refleja en la menor entrada de dinero de la esperada.

Por ahora, el general Águila ha mantenido silencio, y sus colaboradores tampoco han dado mayor información, sobre señalamientos de presuntos abusos de políticos locales, como Víctor Lavín Sansores (sobrino de la gobernadora de Campeche) quién apareció en la lista de viajeros VIP.