La senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó un punto de acuerdo ante el Senado para solicitar que el Poder Legislativo emita una condena contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por lo que calificó como un agravio y una forma de actuar y proceder en contra de la abogada y periodista Mónica Calles Miramontes.

El planteamiento también alcanza a personal del propio instituto electoral y pide que tanto el INE como la Fiscalía General de la República (FGR) conduzcan sus actuaciones conforme a la legalidad, la ética, la objetividad y la imparcialidad.

En su propuesta, Téllez solicita además que cesen los actos que identifica como acoso, hostigamiento y persecución contra Calles.

documento presentado por la legisladora panista sustenta su planteamiento en distintos principios relacionados con la protección de los derechos humanos y el ejercicio profesional de abogados y periodistas.

Entre ellos, Téllez señala los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, particularmente la disposición que establece que, cuando la seguridad de los profesionales del Derecho sea amenazada como consecuencia de sus funciones, las autoridades deben procurar que reciban protección adecuada.

La senadora también hace referencia al acceso a la información necesario para la defensa de los clientes. De acuerdo con el documento, las autoridades deben garantizar a los abogados el acceso a información, archivos y documentos pertinentes que estén bajo su poder o control, con la anticipación suficiente para permitir una asistencia jurídica eficaz.

Téllez cita la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), específicamente el principio que señala que la censura previa, así como la interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida por medios de comunicación, resulta incompatible con el derecho a la libertad de expresión.

La senadora también menciona el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionado con el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole.

En el documento, Téllez sostiene además que la utilización del aparato punitivo del Estado para inhibir, amedrentar o sancionar a quien ejerce el periodismo crítico constituye una forma de censura indirecta incompatible con una sociedad democrática, retomando lo señalado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

A partir de estos argumentos, la senadora plantea que el Senado emita una condena contra el INE por el agravio y la forma de actuar y proceder que, según su planteamiento, se ha ejercido contra Mónica Calles Miramontes y personal de ese instituto electoral.

Además, exhorta al INE y a la Fiscalía General de la República a que sus actuaciones en el caso se apeguen a la legalidad, ética, objetividad e imparcialidad.

La propuesta incluye también un llamado a detener cualquier acto de acoso, hostigamiento o persecución contra la abogada y periodista.

La crítica al gobierno no debería abrir la puerta a una lista de vigilancia; sin embargo,recientemente artículo 19 México y Centroamérica denunció la existencia y utilización de documentos elaborados por integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas en los que aparecen periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otras voces consideradas críticas de la administración de David Monreal Ávila .

De acuerdo con la organización, las listas no solamente habrían servido para identificar a determinadas personas e impedirles el acceso a un acto público, también contendrían información personal y, en algunos casos, datos sensibles como domicilios, teléfonos, placas de vehículos, RFC, referencias a situaciones personales, información sobre salud y anotaciones relacionadas con posiciones políticas, protestas o vínculos con el gobierno estatal.

Artículo 19 sostiene que la existencia y circulación de estos documentos representa una posible afectación a la privacidad, la protección de datos personales, la seguridad y, particularmente, a la libertad de expresión.

Según testimonios recopilados por Artículo 19, las fichas habrían sido utilizadas durante el Quinto Informe de Gobierno de David Monreal, realizado el 8 de septiembre en el Palacio de Convenciones de Zacatecas.

Personal encargado de la seguridad en los accesos habría contado con copias impresas de los documentos para identificar a las personas incluidas y, presuntamente, impedir su entrada al evento.

En las fotografías de las fichas conocidas por Artículo 19 aparecen personas agrupadas en categorías relacionadas con posibles “conflictos sociales y políticos”.

Artículo 19 señala que las fichas contienen nombres, fotografías, números telefónicos, domicilios, características y placas de vehículos, RFC y referencias a situaciones personales. Algunas incluso contendrían datos relacionados con el estado de salud y opiniones o posicionamientos políticos.

Si esta información fue efectivamente recopilada y utilizada para determinar quién podía o no ingresar a un acto gubernamental, el caso plantea interrogantes que las autoridades deberán responder.

Una de las personas que aparece en el listado es Verónica Trujillo Jiménez, periodista independiente que, de acuerdo con Artículo 19, mantiene una línea editorial crítica hacia el gobierno estatal y ha informado de manera recurrente sobre violencia y seguridad en Zacatecas .

Trujillo dijo a Artículo 19 que le resulta “indignante” que la fotografía utilizada en el documento corresponda al momento en que acudió a la Fiscalía estatal para presentar una denuncia, luego de que en enero fueran dañados dos espectaculares con los que promocionaba su trabajo periodístico.

Artículo 19 considera necesario que las autoridades expliquen qué institución obtuvo cada uno de los datos, bajo qué fundamento jurídico, con qué finalidad fueron recabados, qué dependencias tuvieron acceso a ellos y si existieron transferencias de información entre autoridades.

Otro de los periodistas incluidos es Luis Chávez, quien, según Artículo 19, afirmó que no sería la primera ocasión en que se intenta limitar o negar su acceso a coberturas periodísticas.

El periodista también relató haber sufrido distintas formas de violencia y señaló que una fuente interna del gobierno estatal le informó sobre la existencia del listado y le recomendó no acudir al informe porque no le permitirían entrar.

“Este listado es otra forma de hostigarnos, sí siento un acoso más grande y pienso en mis hijos y mi familia”, relató, de acuerdo con Artícula 19.

Artículo 19 solicitó además a Transparencia para el Pueblo de Zacatecas iniciar de oficio un procedimiento para determinar si existieron posibles violaciones a la legislación en materia de protección de datos personales.

En el caso de Verónica Trujillo, pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establecer contacto inmediato con la periodista y valorar los riesgos derivados de estos hechos

El Senado de la República optó por dar la vuelta a la página y dejar sin sanciones internas al senador de Morena por Coahuila, Luis Fernando Salazar, luego de las amenazas abiertas que lanzó contra el periodista Enrique Acevedo . El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, afirmó que su compañero de bancada únicamente cometió "un error" al declarar la frase "vamos a ir por ti", justificando que con la disculpa pública emitida por el legislador y la exposición al juicio mediático la falta queda saldada, descartando cualquier castigo o investigación parlamentaria.

La controversia se desató cuando el senador Salazar arremetió contra Acevedo en defensa de su compañera, la senadora con licencia Julieta Ramírez, tras la publicación de un reportaje periodístico que la vinculaba a investigaciones y presuntos acuerdos con autoridades de Estados Unidos. Tras la ola de condenas de gremios periodísticos por el hostigamiento desde el poder, Salazar publicó un comunicado asegurando que sus palabras se sacaron de contexto y que con "ir por ti" se refería a emprender acciones legales por difamación, aunque admitió que la expresión no fue correcta y ofreció una disculpa.

A pesar de que organizaciones en defensa de la libertad de expresión advirtieron que un amago emitido por un representante del Estado no puede tomarse con ligereza, la dirigencia del Senado cerró filas para proteger al legislador oficialista. Higinio Martínez reconoció que en la Cámara Alta debe respetarse el trabajo periodístico, pero acotó que la reacción de Salazar ocurrió "al calor de la molestia" generada por la nota informativa. El legislador sostuvo que en la vía parlamentaria no existen mecanismos adicionales de sanción y dejó en manos de Acevedo la decisión de aceptar o no la disculpa ofrecida.

El manejo de este incidente vuelve a poner bajo el reflector la vulnerabilidad de los comunicadores ante los abusos de poder y la falta de consecuencias reales para los funcionarios que amedrentan a la prensa. Al catalogar la amenaza como una simple falla de mesura de la que el senador ya se "hizo cargo" con una carta, las autoridades legislativas envían un peligroso mensaje de tolerancia hacia el hostigamiento directo contra periodistas que investigan a integrantes de la bancada mayoritaria.

El portal informativo TVBUS Oaxaca condenó la retención ilegal de su colaborador y periodista Graciano Gómez Lescas, quien fue privado de la libertad la tarde del pasado miércoles mientras realizaba la cobertura de un conflicto postelectoral en el municipio de San Sebastián Río Hondo, ubicado en la Sierra Sur del estado de Oaxaca.

El comunicador se encontraba documentando las tensiones políticas locales en el barrio El Portillo cuando un grupo de pobladores inconformes irrumpió con el uso de la fuerza en las oficinas donde se llevaba a cabo una reunión de trabajo. En el lugar, además del reportero, fueron retenidos el alcalde municipal, Rigoberto Primitivo , y cuatro personas más que integraban su comitiva.

Los manifestantes rehúsan reconocer la designación del munícipe e intentan frenar su toma de posesión, situación que derivó en un conato de violencia y en la posterior privación de la libertad de los presentes. Hasta la mañana de este jueves, el comunicador y los funcionarios locales sumaban más de 16 horas en calidad de rehenes, permaneciendo bajo resguardo del grupo inconforme sin que se haya concretado su liberación formal.

Aunque los informes iniciales confirman que el periodista se encuentra físicamente bien, su estado de salud ha comenzado a verse mermado debido a las condiciones de encierro y a las bajas temperaturas que caracterizan a la región montañosa.

Ante la gravedad de los hechos, el medio de comunicación demandó la intervención inmediata de las autoridades estatales para resguardar la vida y la integridad física de su reportero, enfatizando que su presencia en el sitio respondía exclusivamente a labores de cobertura informativa sobre la coyuntura política que atraviesa el municipio. Diversos gremios periodísticos de la entidad se sumaron al reclamo, exigiendo al Gobierno del Estado un actuar oportuno que impida una escalada de violencia y garantice el libre ejercicio del periodismo.

En respuesta a la emergencia, personal de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO) entabló mesas de diálogo con los pobladores de San Sebastián Río Hondo para desactivar el conflicto social y coordinar la pronta liberación de todas las personas retenidas. Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa recordaron que el ejercicio informativo no debe ser rehén de disputas ni pugnas políticas locales, por lo que urgieron la aplicación de protocolos de protección expeditos para el periodista.

Un nuevo episodio de opacidad y falta de respeto hacia la labor periodística se registró en el estado de Veracruz. Durante un intento de cobertura por parte de la reportera Alba Valdez, el secretario de Finanzas y Planeación de la entidad, Miguel Santiago Reyes Hernández, eludió responder a los cuestionamientos de la prensa sobre presuntos actos de nepotismo, anomalías en la nómina estatal y la contratación de funcionarios directamente vinculados con la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador . Lejos de ofrecer datos oficiales o transparentar el uso del erario, el servidor público optó por la burla y la falta de respeto ante el trabajo de los medios de comunicación.

Al ser abordado y seguido por la periodista Alba Valdez para solicitarle una postura clara sobre los salarios de estos colaboradores, el funcionario responsable de administrar el dinero público de los veracruzanos apresuró el paso argumentando compromisos de agenda. Sin embargo, ante la insistencia sobre las inconsistencias presupuestales y los nexos familiares en la administración saliente, Reyes Hernández zanjó la interacción con un tono condescendiente: “No te puedo responder ahorita... Te mando muchos besos, besos”, soltó el secretario antes de abordar su vehículo y retirarse sin rendir cuentas.

La respuesta del titular de Finanzas generó un inmediato rechazo entre integrantes del gremio periodístico y organizaciones de la sociedad civil, quienes señalaron que la conducta del funcionario contraviene los principios elementales de transparencia, rendición de cuentas y respeto al ejercicio de la libertad de expresión. La labor de la prensa no consiste en recibir muestras de afecto no solicitadas ni evasivas burocráticas, sino en exigir datos concretos y explicaciones claras sobre el destino de los recursos presupuestales del Estado.

Ante el incremento de señalamientos por contrataciones irregulares dentro del aparato estatal, la actitud del secretario evidencia una estrategia recurrente de esquivar las preguntas incómodas mediante el sarcasmo. Los ciudadanos y los profesionales de la comunicación demandan que las autoridades de la administración pública actúen con la seriedad que exige el cargo; los besos y las evasivas deben quedarse en la esfera privada, mientras que a las aulas, a los medios y a la ciudadanía se les responde con información transparente y sustentada.

México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos de América Latina para el periodismo, especialmente en 2026.

Según Balvina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, desde el año 2000 han sido asesinados más de 170 periodistas y 28 han desaparecido.

Desde octubre de 2024 se documentaron 17 asesinatos, siete de ellos en lo que va de 2026, registrándose uno por mes.

Ante esta situación, Reporteros Sin Fronteras y decenas de medios mexicanos lanzaron una campaña exigiendo al Estado acciones urgentes e inmediatas para frenar la violencia contra periodistas.

La violencia contra la prensa en Veracruz ha provocado indignación entre periodistas, quienes señalan que el régimen de Rocío Nahle minimiza la crisis pese a los ataques y asesinatos que afectan al gremio. Otros compañeros levantaron la voz para exigir apertura, diálogo y resultados en las investigaciones.

Durante casi dos años de la administración estatal, cuatro periodistas han perdido la vida en Veracruz : Avisack Douglas Coronado, asesinado en 2025; así como Carlos Leonardo Ramírez Castro, Luis Ángel López Valdez y Roxana Berenice Guzmán, cuyos casos corresponden a 2026.

La organización no gubernamental Artículo 19 documentó 34 comunicadores asesinados en Veracruz desde el año 2000 hasta la fecha. Esta cifra coloca a la entidad como la más peligrosa para ejercer el periodismo.

María Fernanda De Luna Ferral, hija de la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla, pidió a las autoridades escuchar al gremio y mantener un diálogo abierto con quienes ejercen la labor informativa.

“Apertura, escucharnos, dialogar con nosotros, no sentir que atacamos, porque nuestro deber es informar lo que está pasando. Nosotros, como periodistas, sí dejamos de exigir justicia por los compañeros que lamentablemente ya fueron asesinados”, mencionó.

La inseguridad también obligó a reporteros a modificar la forma en que realizan su trabajo. Marcos Miranda Cogco ejerce su labor desde fuera del estado después de sufrir un secuestro en 2019.

El periodista acusó a la gobernadora Rocío Nahle de atacar públicamente a los comunicadores y de descalificar sus opiniones. También afirmó que el ambiente generado por el gobierno estatal provoca temor entre quienes buscan informar.

“La gobernadora Rocío Nahle ataca a periodistas; les llama despectivamente, ‘comentócratas’. Imagínese este gobierno represor en Morena que ha logrado que en Veracruz los periodistas ya no puedan hablar libremente porque tienen miedo”, afirmó.

La reciente agresión armada contra los reporteros de nota policiaca Raymundo Perdomo y Elí Martínez, en Poza Rica, representa una muestra más de la violencia que persiste contra la prensa veracruzana.

Con información de Jorge Briones.

La exigencia de justicia que une a la prensa nacional“¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?” Esta es la dolorosa y urgente pregunta con la que Reporteros Sin Fronteras (RSF) y más de 40 medios mexicanos interpelan al gobierno y a las autoridades del país ante la persistencia de los asesinatos de periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes.

En el marco de una movilización inédita, medios nacionales y locales publican simultáneamente esta alerta, acompañada de una lista de los comunicadores asesinados para exigir una respuesta acorde con una violencia que no puede convertirse en la norma.

Como telón de fondo del mensaje aparecen los nombres de los periodistas asesinados bajo la mirada de las autoridades, registrando un ritmo alarmante de uno por mes durante los primeros siete meses de 2026.

En total, 17 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la actual administración federal. El llamado generalizado deja claro que México no puede ni debe acostumbrarse a contar a sus profesionales de la información caídos.

Cada nombre en la lista representa una deuda profunda del Estado con las víctimas, sus familias y la sociedad. Detrás de cada uno hay una persona, una historia de vida y una voz silenciada cuyas consecuencias van mucho más allá de la tragedia directa. La violencia instala el miedo, alimenta la autocensura, debilita severamente el periodismo local y priva a comunidades enteras de información de interés público indispensable.

Esta interpelación conjunta lanzada por medios de distintas regiones del país no es solamente un recuento de víctimas, sino una firme advertencia contra la normalización de una violencia que se ha vuelto estructural.

El fenómeno evidencia la persistente incapacidad institucional para contener una problemática impulsada principalmente por grupos del crimen organizado, los cuales continúan operando en la impunidad hasta el día de hoy.

Ante este escenario crítico, los compromisos asumidos al inicio del mandato presidencial en favor de la libertad de expresión deben traducirse de inmediato en acciones concretas.

RSF recuerda que el problema no ha sido una prioridad política durante demasiado tiempo y exige que la atención a esta crisis se convierta en el eje central de las políticas de justicia y derechos humanos del gobierno mexicano.

La organización internacional urge al gobierno de México a poner en marcha una respuesta nacional de emergencia frente a la violencia contra la prensa.

Esto requiere movilizar de manera coordinada a los distintos niveles del Estado, incluyendo autoridades federales y estatales, fiscalías especializadas y el Poder Judicial, para garantizar una contención real de las agresiones.

Asimismo, las exigencias presentadas demandan la garantía de medidas rápidas y eficaces frente a situaciones de riesgo activo. Es imperativo fortalecer las investigaciones sobre los crímenes cometidos, combatiendo la impunidad mediante la identificación y sanción implacable tanto de los autores materiales como de quienes ordenaron los asesinatos.

Finalmente, el plan de acción subraya la necesidad de establecer mecanismos estrictos de seguimiento y rendición de cuentas. Estos instrumentos permitirán detectar a tiempo las deficiencias en materia de prevención, protección e investigación para corregirlas de inmediato y evitar que las agresiones contra quienes ejercen el periodismo sigan repitiéndose en el país.

Liberan al reportero Eli Martínez, quien fue secuestrado la noche del lunes 24 de agosto en Poza Rica, Veracruz, luego de un ataque armado mientras realizaba una cobertura junto a su compañero Raymundo Perdomo.

Ambos se encontraban en la colonia Casones cuando sujetos armados les dispararon sobre la avenida 20 de Noviembre. Raymundo Perdomo consiguió ponerse a salvo, pero Eli Martínez fue privado de la libertad por los agresores.

La incertidumbre se prolongó durante unas 12 horas, hasta que autoridades confirmaron que el comunicador había sido localizado con vida. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

El lugar donde ocurrió el ataque tiene un antecedente especialmente delicado para el gremio periodístico.

En esa misma avenida fueron asesinados en enero el comunicador Carlos Castro y, en junio de este año, Luis Ángel López Valdés.

Por ello, el nuevo ataque volvió a encender las alertas entre periodistas de la región, quienes reclaman condiciones que les permitan realizar su trabajo sin exponerse a agresiones.

Meses atrás, durante el sepelio de uno de sus compañeros asesinados, Eli Martínez había hecho público un llamado a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para pedir mayor seguridad para quienes trabajan en los medios de comunicación.

Tras el ataque y posterior localización del reportero, integrantes del gremio insistieron en la necesidad de que la administración estatal implemente medidas que garanticen la seguridad de los comunicadores.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que enfrentan los periodistas que cubren información de seguridad y violencia en Veracruz.

Una semana transcurrida sin respuestas ni pistas claras sobre su paradero. El comunicador y locutor de la emisora Radio Evolución, Iván Michel Atilano, de 47 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado martes 18 de agosto en el municipio de Huautla de Jiménez, ubicado en la región de la Cañada oaxaqueña. De acuerdo con las fichas de alerta emitidas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) tras la solicitud formal de sus familiares, el trabajador de los medios fue visto por última vez en las inmediaciones del centro de la localidad. A siete días de haber perdido todo contacto con él, las autoridades estatales mantienen un absoluto hermetismo sobre el caso, sin precisar qué hipótesis se están siguiendo en la investigación ni si existen avances sustanciales en las diligencias de campo para dar con su paradero.

La desaparición de Iván Michel Atilano ha generado consternación e indignación entre la comunidad de Huautla de Jiménez y los gremios de comunicación en el estado. A pesar de que los familiares acudieron de inmediato a las instancias ministeriales para solicitar el apoyo e iniciar los protocolos de búsqueda, la falta de informes oficiales sobre el avance de las indagatorias mantiene en vilo a sus allegados. Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no han detallado si se han realizado rastreos en zonas aledañas o si se cuenta con testimonios e imágenes de cámaras de vigilancia que permitan reconstruir sus últimos movimientos en el centro del municipio.

Ante el estancamiento de las investigaciones y la falta de datos por parte de las corporaciones locales, la organización internacional defensora de la libertad de expresión, ARTICLE 19, emitió una alerta para exigir a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno de Oaxaca que actúen con la debida diligencia y de forma coordinada para lograr la localización con vida del comunicador. La agrupación hizo un llamado directo a las autoridades ministeriales para continuar las labores de búsqueda sin descartar su labor periodística como una posible línea de investigación ligada a su desaparición. Asimismo, instó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y al Mecanismo de Protección a adoptar de manera urgente medidas de seguridad integrales y acompañamiento para la familia y los compañeros de trabajo del locutor.