marzo 24, 2020 02:29 PM

Fin a la inversión / Sergio Sarmiento

“El problema con el mundo es que los tontos y fanáticos tienen tanta certeza, pero los sabios están tan llenos de dudas”

Bertrand Russell Por segunda ocasión el presidente López Obrador ha cancelado un enorme proyecto de inversión, realizado completamente en apego a la ley, a través de una consulta amañada. Ahora le ha tocado el turno a una nueva cervecera en Mexicali de la empresa Constellation Brands. En un “ejercicio participativo” organizado por el gobierno federal el pasado fin de semana, el 76 por ciento de quienes participaron votaron en contra de la planta. La subsecretaría de gobernación Diana Álvarez Maury dijo ayer que, en consecuencia, la Conagua no dará los permisos para su operación.

El proyecto era muy importante. Implicaba una inversión total de 1,500 millones de dólares, de los cuales ya se han erogado 900 millones. La planta tenía permiso para utilizar 5.8 millones de metros cúbicos al año, un 0.2 por ciento del agua disponible en el valle de Mexicali, pero la autorización incluía el compromiso de realizar inversiones en infraestructura para tener una huella hídrica neutra. Era un proyecto ganar-ganar.

El presidente López Obrador lo echó para atrás como hizo con el aeropuerto de Texcoco. No fue el pueblo sabio. El consejero electoral Ciro Murayama ha señalado que “el ‘ejercicio participativo’ sobre la cervecera que hizo el gobierno de Baja California NO tiene sustento legal. La figura del ‘ejercicio’ no existe en la Constitución local. Hay, sí, consulta popular, pero la debe organizar la autoridad electoral local y no el gobierno federal”. Si Conagua se niega a entregar agua a la planta, estará violando un acuerdo formal del gobierno federal.

Contellation Brands podrá exigir una compensación. Esta no solo debe incluir los 900 millones de dólares ya erogados, sino los 600 millones que faltan del proyecto original y una indemnización adicional. No hay certeza de que el gobierno quiera pagar ese monto, sin embargo, que sin duda debería dedicarse mejor a enfrentar las necesidades del país en una inminente crisis sanitaria y económica. El gobierno podría extorsionar a Contellation Brands, que tiene otras plantas en el país, pero con esto solo estaría recalcando el mensaje a los inversionistas de que no respeta la ley. Sería un absurdo, por otra parte, que el gobierno siguiera gastando carretadas de dinero para pagar proyectos que se cancelan por consideraciones políticas.

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