Seguiremos defendiéndonos de los cobros ilegales y abusivos

La resolución parcial del Décimo Tribunal Colegiado no detendrá a Grupo Elektra en la defensa de sus derechos y contra cobros fiscales abusivos.

Comunicado Grupo Elektra
Grupo Salinas
Imagen roja de portada, dice “Grupo Elektra Informa”
Noticias Grupo Salinas

Ciudad de México, a 20 de junio de 2025.

La resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que negó el amparo a Grupo Elektra es ilegal y expone un sistema de justicia sometido a una agenda e intereses políticos.

Esta decisión muestra una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas. Ayer fuimos víctimas de ello.

Los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López, además de omitir considerar impedimentos procesales debidamente planteados, confirmaron y exhinbieron su alineación con un proyecto político, dejando de lado los derechos de los contribuyentes y abriendo la puerta al uso político de la justicia.

Sobre el contenido de la resolución, se aclara que:

  • Es ilegal, pues omiten intencional y dolosamente lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012, año en que se originó el crédito fiscal.
  • Viola el debido proceso al negar el amparo en lugar de remitir el asunto a un tribunal distinto, como correspondía, ante la existencia de impedimentos procesales.
  • El sesgo del tribunal confirma un patrón alarmante: aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT), legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios.

En Grupo Salinas siempre hemos defendido nuestro derecho a una justicia pronta, completa e imparcial. Seguiremos ejerciendo nuestra defensa dentro del marco legal y conforme a los procedimientos establecidos, con el firme propósito de combatir cobros que consideramos ilegales, abusivos y desproporcionados.

Este caso no será la excepción. Una vez notificada formalmente la sentencia, acudiremos al máximo tribunal del país para solicitar su revisión constitucional. Estamos ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica; pese a presiones políticas y actos de consigna judicial, seguiremos defendiendo nuestras causas hasta las últimas instancias.

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