Ciudad de México, a 27 de junio de 2025.
Nuevamente, las instituciones del Estado han sido usadas para el acoso sistemático y la presión política en contra de Grupo Salinas en búsqueda de acallar y someter a voces críticas.
La procuradora fiscal, Grisel Galeano, fue la encargada de llevar la extorsión fiscal a niveles impropios del Estado de derecho o de gobiernos democráticos.
Esta es una muestra clara de la herencia del expresidente López Obrador, quien siempre operó con ataques, calumnias y consignas militantes desde la más alta tribuna del país en contra de un grupo empresarial exitoso y próspero con un solo objetivo: amedrentar y silenciar a quienes critican al poder y presionar a juzgadores para que fallen en el sentido que les conviene.
Al igual que la anterior administración, la procuradora fiscal exhibe que la ley no les importa; que el debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad son letra muerta con tal de asegurar que solo su verdad sea válida y reproducida hasta la náusea.
Para el autoritarismo manifiesto en voz de la procuradora fiscal, resulta fácil declarar culpables a como dé lugar para cobrar dinero que puedan después regalar a sus bases electorales y, más importante aún, distraer al “pueblo bueno” de sus errores y fallas.
Los supuestos adeudos presentados en la conferencia matutina son extorsiones a partir de cobros dobles, abusivos e ilegales por parte del corrupto Servicio de Administración Tributaria con afán de cubrir los huecos en las finanzas públicas que dejaron las obras faraónicas del sexenio pasado.
El fallido AIFA costó 74 mil millones de pesos; la refinería en Dos Bocas –que produce menos que la clandestina–, cerca de 400 mil millones de pesos; y el tren vacío en el sureste, más de 500 mil millones de pesos; casi 990 mil millones de pesos para el capricho presidencial que, además, equivale a más de 13 veces la extorsión que nos pretenden cobrar. Queda claro que lo suyo es gastar y endeudar irresponsablemente a los mexicanos.
Así, como en los tiempos de la dictadura perfecta, buscan doblegar a la justicia por la vía de la retórica y no de la ley; desde esa tribuna intentan presionar a juzgadores y dictarles el sentido de sus votos, siempre en contra nuestra, y con ello validar las extorsiones.
Gracias a la farsa electoral judicial, la justicia en México se ha convertido en un mecanismo de control y presión política en contra de críticos y opositores. Pero estén ciertos que no lograrán doblegarnos; como siempre lo hemos sostenido: seguiremos defendiéndonos de los abusos que pretenden imponernos y, sin importar cuánto nos presionen, ¡no nos van a silenciar!