La Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford señalaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de un documento denominado “amicus curiae”, que el Plan B en materia electoral pone en riesgo la independencia de las instituciones electorales en México.
En su informe técnico se establece que el paquete de reformas que han sido aprobadas en el Congreso y que ya fueron impugnadas ante el máximo tribunal del país atenta contra el principal árbitro electoral.
“El decreto analizado en la Corte viola la capacidad de autorregulación del INE permitiendo que el Ejecutivo Federal imponga al instituto nuevas estructuras, diseños organizacionales y recursos humanos, lo que vulnera gravemente su independencia, violando las obligaciones internacionales de México relacionadas con el principio democrático, el derecho al voto y el derecho a participar en elecciones periódicas auténticas”, se expone.
Abogados señalan necesidad de que el INE cuente con infraestructura y recursos para garantizar elecciones justas
En el documento se destaca la imperativa necesidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuente con la infraestructura adecuada, recursos y fortaleza laboral que aseguren la efectividad e imparcialidad de los procesos electorales para garantizar elecciones justas y equitativas.
El “amicus curiae” fue presentado a las ministras y ministros con fecha del 26 de mayo de 2023 y fue firmado por Víctor Oléa Peláez, Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y Amrit Singh, Directora Ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford.
Entre los riesgos detectados está la eliminación del 84 por ciento del personal del servicio profesional de carrera del Instituto Nacional Electoral encargado de la organización de las elecciones. Ambas instituciones consideran que este drástico recorte eleva considerablemente las posibilidades de fraude electoral.
Se indicó además en el texto que el llamado “Plan B” permite al Ejecutivo intervenir en las decisiones internas de carácter operativo y técnico en el INE, situación que viola los compromisos y obligaciones internacionales de nuestro país para garantizar organismos electorales independientes.