Greenpeace se sumó a las más de 30 empresas eólicas y solares que promovieron amparos en contra de las nuevas políticas implementadas durante la Alerta Sanitaria del Covid-19 para impedir el acceso a nuevas plantas de energía renovable.
Tras admitir a trámite la demanda de garantías el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica concedió suspensión provisional al organismo para congelar el acuerdo que el pasado 29 de abril emitió el Centro Nacional de Control de Energía -CENACE-.
Mientras el juzgado analiza si Greenpeace tiene interés legítimo, la medida cautelar señaló como sujetos obligados a cumplir con la suspensión a la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía.