Ciudad de México.- Un tribunal federal frenó temporalmente cualquier posibilidad de abrir juicio oral contra el abogado penalista, Juan Collado Mocelo, preso actualmente en el Reclusorio Norte por estar acusado de formar parte de una red que presuntamente simuló la compra-venta de un inmueble en el centro de Querétaro, valuado en 156 millones de pesos.
El magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, admitió a trámite el amparo promovido por la defensa del penalista contra la vinculación a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero que ratificó el 27 de agosto pasado el Quinto Tribunal Unitario, a través de un recurso de apelación.
Tras darle entrada a la demanda de garantías, el magistrado obsequió una suspensión provisional para que el juez federal de control encargado de la causa penal, Jesús Eduardo Vázquez Rea, suspenda el procedimiento una vez cerrada la etapa intermedia y no se aperture el juicio oral.
La medida que frena temporalmente el procedimiento, se mantendrá por lo menos hasta que el tribunal se pronuncie sobre el otorgamiento o no de la suspensión definitiva. La audiencia constitucional está prevista para el 10 de octubre próximo, según los estrados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal.
En su sentencia final, el magistrado Aguilar López deberá resolver si otorga o no el amparo contra el auto de vinculación a proceso que mantiene encarcelado al litigante Juan Collado desde el 9 de julio, cuando fue detenido en un restaurante al sur de la Ciudad de México, donde se encontraba comiendo con el líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el pasado 7 de junio Sergio Hugo Bustamante Figueroa, exsocio de la empresa Caja Libertad, denunció que Juan Collado formó parte de una red que lo despojó de un inmueble, a través de una operación simulada de compra-venta superior a los 156 millones de pesos.
En los datos de prueba que el ministerio público de la federación exhibió ante la justicia, presentó indicios de que el abogado penalista recibió en sus cuentas bancarias transferencias por 24 millones de pesos y que según la acusación, son recursos procedente de esa operación presuntamente fraudulenta.
El reciente 6 de julio en Matehuala, San Luis Potosí, la policía federal cumplimentó las órdenes de aprehensión giradas contra José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad y José Antonio Vargas Hernández, señalados como socios de Juan Collado.
Con los mismos datos de prueba, el juez federal de control, Vázquez Rea, les decretó vinculación a proceso por delincuencia organizada y lavado dinero; y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que cumplen en el reclusorio norte, al igual que Juan Collado.
