Por primera vez en la historia de la Suprema Corte, el pleno utilizó el recurso de la declaratoria general de inconstitucionalidad para expulsar del orden jurídico mexicano las multas excesivas que por incumplimiento de obligaciones se le imponían a los concesionarios de radio y televisión.
Por mayoría de ocho votos decretó la invalidez del artículo 298, inciso B, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones que no había sido reformado pese a que existía una jurisprudencia de la segunda sala.
Justo por esta desatención al criterio obligatorio del Máximo Tribunal es que se abrió la discusión para hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad para que no se vuelvan a aplicar las multas mencionadas a los concesionarios.
