Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 25/2018 al Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, por la inadecuada atención médica a cuatro recién nacidos pertenecientes a comunidades indígenas del estado, que derivó en la muerte de tres de ellos en el Hospital Comunitario de Guadalupe y Calvo, informó el organismo defensor de los derechos humanos.
Se encontraron elementos suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de los cuatro menores de edad y vulneraciones al derecho a la vida en perjuicio de tres de ellos por personal de salud, según concluyó la CNDH, después de analizar diversas pruebas y testimonios.
Para la CNDH, la inadecuada atención médica y los decesos, fueron propiciados por “la falta de insumos y equipo para practicar diversos análisis clínicos a las víctimas, carencia y/o disfuncionalidad de incubadora, inexistencia de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el hospital y diversas irregularidades como ausencia de registros o procedimientos para lavado, desinfección, esterilización y aseo de áreas y mobiliario, además de que los afectados fueron valorados por un médico residente sin la dirección y asesoría de un médico adscrito.
La CNDH solicita al Gobernador de Chihuahua reparar integralmente el daño ocasionado a la menor de edad, a sus familiares y a los de los niños que perdieron la vida, que incluya atención psicológica, pago de indemnización y su inscripción en el Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito para que tengan acceso, en lo conducente, al fondo de ayuda y asistencia.
La Comisión precisó que para la niña que sobrevivió, deberá otorgársele atención médica vitalicia para dar seguimiento integral a las complicaciones derivadas del servicio inadecuado que se le proporcionó, así como tomar las medidas pertinentes para dotar al Hospital Comunitario de material, equipo, medicamentos, infraestructura y personal necesario para llevar a cabo sus actividades.
Además, el Gobernador deberá colaborar con la CNDH en las quejas que presente para iniciar procedimientos administrativos contra los servidores públicos responsables de las violaciones a derechos humanos señaladas y capacitar al personal del hospital.