Ciudad de México.- La agencia calificadora R&I ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México en BBB+, con perspectiva negativa, así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Detalló que la acción de calificación de R&I mantiene la calificación soberana en una posición tres escalones por encima del grado de inversión.
México está superando el impacto de la pandemia
La calificadora destaca que México está superando el impacto de la pandemia por COVID-19 y esperan un crecimiento sólido en 2021 debido a la recuperación en la actividad económica nacional, beneficiada por los avances en la vacunación y del repunte económico de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos.
Aunado a lo anterior, la agencia japonesa espera que la deuda con relación al PIB tenga una tendencia decreciente a partir de 2021. Asimismo, señala que el deterioro del saldo fiscal del país en 2020 fue moderado en comparación con otros países pares.
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Fortalecimiento del sistema tributario
R&I resalta los resultados positivos del fortalecimiento del sistema tributario, implementado desde 2019, que permitieron el incremento de los ingresos fiscales en 2020, a pesar de la pandemia.
Además, apunta que, el superávit del saldo en cuenta corriente, una amplia liquidez externa y un sistema financiero estable, respaldarán la recuperación económica.
R&I menciona como riesgo para el crecimiento de mediano plazo el nivel de inversión en el país debido a la menor confianza de los inversionistas del sector privado.
Gobierno reitera estrecha relación con sector privado
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) preciso a través de un comunicado que el Gobierno de México reitera la estrecha relación que mantiene con el sector privado. Asegura que se han implementado diversas iniciativas estratégicas como la reforma de pensiones en 2020 y el T-MEC.
Destacó que con la finalidad de fortalecer las oportunidades de inversión en el país, en conjunto con el sector privado se han puesto en marcha 67 proyectos de infraestructura por un monto de inversión equivalente al 2.3% del PIB.
