Ciudad de México.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Beatriz Luna Ramos, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Procuraduría General de la República (PGR) y el INAI para impugnar las reformas a la Constitución Política de Sonora, aprobadas el pasado 8 de agosto mediante la Ley 288.
En un comunicado, se indicó que también admitió la controversia constitucional que presentó el municipio de Puerto Peñasco en contra de la totalidad de las reformas, que incluyen disposiciones en materia de acceso a la información, presupuesto, veto y eliminación del fuero constitucional.
El municipio solicitó la suspensión de la entrada en vigor de la norma impugnada, que no se le concedió.
En su demanda, la PGR solicitó al Alto Tribunal invalidar las disposiciones que restringen la representación legislativa de las coaliciones y candidaturas comunes, pues de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solamente los partidos políticos pueden ser sujetos de tal restricción.
A su vez, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) demandó la invalidez de las normas relativas a la integración y atribuciones del instituto sonorense de transparencia, así como el procedimiento de selección de los comisionados.
Estas acciones y la controversia se suman a la acción de inconstitucionalidad promovida por el partido Morena, que también fue admitida a trámite hace unos días.
Al admitir las demandas, la ministra instructora acordó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Sonora, para que rindan su informe dentro del plazo de seis días naturales, en el caso de la demanda de la Procuraduría, 15 días hábiles en la del INAI y 30 días respecto de la demanda del municipio de Puerto Peñasco, contados a partir del día siguiente al que surta efecto la notificación.
Para integrar debidamente el expediente, Luna Ramos requirió también al Poder Legislativo estatal, por conducto de quien legalmente lo representa, para que al rendir el informe solicitado, envíe a la SCJN copia certificada de los antecedentes de la norma impugnada.
Se deben incluir las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los diarios de debates.
La ministra solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Sonora, que con el fin de agilizar la resolución de este asunto, de ser posible, exhiban ante el Alto Tribunal en disco magnético los archivos que correspondan a los informes solicitados o que sean remitidos vía correo electrónico.
Finalmente, se acordó dar vista a la Procuraduría General de la República con copia simple del escrito y anexos presentados en esta acción de inconstitucionalidad para que, antes del cierre de instrucción, formule el pedimento que le corresponde.
