En medio de una semana donde policías de Campeche se mantienen en huelga, protestando por los malos tratos de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz, y tras denunciar que el gobierno de Layda Sansores les retiró la gasolina para el uso de las patrullas, los actos de ‘intimidación’ contra los elementos de seguridad municipal continúan, pues durante la noche del miércoles 17 de abril, la Dirección Jurídica del Gobierno del Estado notificó que deberán entregarles las 460 patrullas que están bajo su control.
A las puertas de la Secretaría de Protección y Seguridad Pública, los agentes inconformes reiteraron que por el momento no entregarán los vehículos, pues además de que son recursos para el bienestar de la ciudadanía, la solicitud tiene algunas ‘lagunas’ legales.
Los policías que mostraron su inconformidad señalaron que el documento donde se les ordena la entrega de patrullas está lleno de irregularidades. Entre ellas, el formato no tenía clara la información, con un padrón no actualizado, y señalaron que no existe ese número de unidades en movimiento.
Reiteran que no se niegan a entregar las unidades, pero esperan que no se afecte sus derechos. Los policías piden que este documento sea entregado de manera legal y transparente, solicitando la presencia de la contraloría para que todo se ejecute conforme a las leyes.
En medio de la embestida que sufren, los elementos de seguridad pública municipal muestran preocupación, pues señalaron que de entregar las unidades, tendrán que hacer sus recorridos a pie, lo que los pone contra la ‘pared’ en su lucha contra la delincuencia.
¿Qué detonó la huelga de los policías en Campeche?
Fue el pasado 16 de marzo que elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) tomaron la sede de la dependencia como medida de protesta después de que algunos de sus compañeros resultaron lesionados en un intento de motín ocurrido en el Cereso de San Francisco Kobén.
Dentro de las exigencias que solicitaron están la destitución de Marcela Muñoz, señalada de presuntas irregularidades y de no garantizar condiciones laborales adecuadas ante la falta de equipo para hacer frente a la delincuencia que azota el estado.
