El procurador general de Texas, Ken Paxton, interpuso hoy una demanda contra la ciudad de San Antonio y su jefe de policía, por supuestamente violar la ley SB4 que prohíbe las llamadas ciudades santuario y sanciona a quienes se nieguen a acatar las leyes federales de inmigración.
En su querella, Paxton solicitó a una corte federal que obligue a la ciudad de San Antonio y a su jefe policiaco William McManus a cumplir con la SB4, y que prohíba al Departamento de Policía “frustrar” el trabajo de las autoridades federales de inmigración.
La demanda pide también a la Corte Federal que se evalué la posibilidad de imponer sanciones civiles contra McManus, el Departamento de Policía y la ciudad de San Antonio. La ley SB4 “garantiza la cooperación entre las autoridades federales, estatales y locales para proteger a los texanos”, señaló Paxton en un comunicado.
Politically motivated #SB4 lawsuit filed against City of San Antonio by @TXAG @KenPaxtonTX is a “trifecta of misconstruing the law, ignoring the Constitution, and targeting the vulnerable,” @MALDEF president says. Full statement: https://t.co/bd2O8moMxS— MALDEF (@MALDEF) 30 de noviembre de 2018
“Desafortunadamente, algunos municipios, como San Antonio, ponen en riesgo la seguridad de los agentes de policía y del público al desafiar la ley estatal”, indicó.
“La Corte debe conceder nuestra solicitud de interdictos y sanciones civiles contra San Antonio para enviar un mensaje de que todas las ciudades de Texas deben obedecer la ley”, agregó el procurador.
La demanda se deriva de un incidente ocurrido en diciembre pasado, cuando la policía descubrió a 12 inmigrantes indocumentados en la parte trasera de un camión de carga.
Según un informe policial, los agentes de policía de San Antonio entrevistaron a los inmigrantes y luego los liberaron, en lugar de entregar el caso a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Los casos de inmigración son típicamente manejados por las autoridades federales.
Sin embargo, la ley SB4 autoriza a los policías locales a preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante cualquier detención, incluyendo paradas de tránsito.
La legislación establece que los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.
La Oficina del Procurador de Texas realizó una investigación del incidente en San Antonio, concluyendo que el jefe McManus y el Departamento de Policía violaron los mandatos de la Ley SB4 al prohibir y limitar de forma material la ejecución de las leyes de inmigración y la cooperación con las autoridades federales.
McManus justificó previamente su decisión al argumentar que el Departamento de Policía no tenía jurisdicción para detenerlos y asegurar que sus agentes no impidieron que oficiales federales tuvieran acceso a los migrantes en el lugar.
