Irán ejecutó a un segundo hombre supuestamente implicado en el movimiento de protestas antigubernamentales a escala nacional tras ser condenado por apuñalar mortalmente a dos agentes de seguridad el mes pasado, según informaron este lunes Mizan Online, una agencia de noticias afiliada al poder judicial iraní, y la agencia de noticias semioficial Tasmin.
Nos horroriza que las autoridades iraníes hayan ejecutado a Mohsen Shekari menos de tres semanas después de haberlo declarado culpable y condenado a la pena de muerte en un simulacro de juicio manifiestamente injusto.
Brutal cumplimiento de las autoridades de Irán
Ante el brutal cumplimiento de las autoridades iraníes de sus amenazas públicas de acelerar las causas de pena de muerte y llevar a cabo las ejecuciones con rapidez, tememos que otras personas manifestantes condenadas a muerte o acusadas de delitos punibles con esa pena corran el peligro inminente de ser ejecutadas, manifestó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“La escandalosa velocidad con la que progresó el juicio de Mohsen Shekari por el sistema judicial de Irán sin darle la oportunidad de un juicio y un proceso de apelación adecuados, ilustra una vez más el hecho del que las autoridades recurren a la pena de muerte como instrumento de represión política. El objetivo está claro: infundir miedo a la población en un intento desesperado por aferrarse al poder y poner fin al levantamiento popular.”
Acusado de enemistad con Dios
Las autoridades declararon a Mohsen Shekari culpable del cargo impreciso y excesivamente general de “enemistad con Dios” (moharebeh) en relación con la acusación de “bloquear una calle en Teherán, provocando miedo y privando a la población de libertad y seguridad, y herir intencionadamente a un agente de seguridad con una arma blanca (cuchillo)", lo que infringe el derecho internacional, que limita el uso de la pena de muerte a los más graves delitos, entendidos como tales los que implican homicidio intencional.
Amnistía Internacional teme que muchas otras personas corran peligro de ser condenadas a muerte en relación con el levantamiento popular, habida cuenta de los miles de personas detenidas y formalmente acusadas. Amnistía Internacional ha identificado al menos a otras 18 personas que corren peligro de ser ejecutadas en relación con las protestas y que se encuentran en distintas etapas del proceso de justicia penal.
12 personas condenadas a muerte por protestas
Las 12 personas condenadas a muerte son: Sahand Nourmohammad-Zadeh, Mahan Sedarat Madani, Manouchehr Mehman Navaz, Mohammad Boroughani, Mohammad Ghobadlou, Saman Seydi, Hamid Ghare Hasanlou, Akbar Ghafarri, y otras cuatro personas de apellido Alborz y nombre desconocido.
Las seis personas que están siendo enjuiciadas/o han sido acusadas de delitos que acarrean la pena de muerte son: Abolfazl Mehri Hossein Hajilou, Mohsen Rezazadeh Gharegholou, Saeed Shirazi, Ebrahim Rahimi, Majidreza Rahnavard y Toomaj Salehi.
“Dado que las autoridades iraníes tienen la firme intención de continuar con su oleada de homicidios tanto en la calle como a través de simulacros de juicio, corresponde a la comunidad internacional tomar medidas urgentes para detener nuevas ejecuciones. Más allá de expresar su indignación y su condena, la comunidad internacional debe tomar todas las medidas necesarias para hacer rendir cuentas a todos los funcionarios -incluidos los de seguridad, inteligencia, la fiscalía y la judicatura- involucrados en crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida. Una de las medidas debe ser ejercer la jurisdicción universal para investigar a todos los presuntos autores de tales crímenes y, cuando haya pruebas suficientes, emitir órdenes de detención”, manifestó Diana Eltahawy.
Aumento horrendo de ejecuciones en Irán
Incluso antes del inicio de las protestas a mediados de septiembre, Amnistía Internacional advirtió de un aumento horrendo de las ejecuciones en Irán, donde las autoridades mataron al menos a 251 personas durante los primeros seis meses de 2022. La organización se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para matarla. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
