Este fin de semana, la presidente volvió a colocar una palabra en el centro del debate nacional: la soberanía. Y vale la pena detenernos en ella, porque no podemos confundirnos.
La soberanía no pertenece a Morena. No pertenece a un gobierno en turno y mucho menos a un funcionario señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. La soberanía y la autodeterminación son derechos del pueblo mexicano, no de un narcopolítico.
Del debate sobre las pruebas al debate sobre las intenciones
Sin embargo, pareciera que el Gobierno ha decidido trasladar la discusión del terreno de las pruebas al de las motivaciones ocultas.
Bajo esa lógica, ya no importa qué evidencia aparezca ni qué funcionario sea señalado. Según la narrativa oficial, el problema siempre será el mismo: que todo forma parte de una ofensiva extranjera contra México.
Pero la verdadera intervención que padecen millones de mexicanos ocurre todos los días. Se manifiesta cuando los cárteles cobran derecho de piso, expulsan familias de sus comunidades, controlan territorios completos y deciden quién puede hacer campaña, abrir un negocio o simplemente seguir viviendo en su propia tierra.
Pedir que se investigue a un político no es traición a la patria. La verdadera traición a la patria consiste en permitir que partes del territorio nacional queden bajo el control del crimen organizado y, posteriormente, pedirles a los ciudadanos que confundan la defensa de México con la defensa de un presunto narcopolítico.
Ni oficinas extranjeras ni cárteles deben decidir el futuro de México
Este fin de semana también se escuchó una advertencia clara: que vienen por unos y luego por otros, hasta que el Departamento de Justicia se convierta en el principal elector de México.
Nadie quiere que una oficina extranjera decida quién gobierna nuestro país. Pero tampoco queremos que esa decisión quede en manos de los cárteles.
El gran elector debe seguir siendo el pueblo mexicano.
La decisión corresponde a los mexicanos
Efectivamente, somos los mexicanos quienes debemos decidir nuestro futuro.
Los ciudadanos nunca firmamos ningún pacto con el narcotráfico y tampoco merecemos pagar con nuestra seguridad, nuestra economía y nuestras oportunidades el costo de proteger a quienes pudieran estar vinculados con él.
Defender a México significa defender sus instituciones, su legalidad y el derecho de los ciudadanos a vivir libres de la influencia del crimen organizado. La soberanía nacional no puede convertirse en un argumento para evitar el escrutinio, sino en una obligación permanente de rendir cuentas ante la sociedad.