Un joven venezolano, Gabriel Sarmiento, fue asesinado en tiempo real mientras transmitía en TikTok. Su crimen no fue casual ni anónimo: momentos antes, había denunciado a la policía y a funcionarios con presuntos vínculos con el Tren de Aragua, la banda criminal más temida de Venezuela y que está presente en todo el continente. El acto deja muchas preguntas, la más recurrente: ¿eran militares?.
Un disparo, miles de testigos en línea y el mensaje más brutal que puede enviar un Estado: “Si hablas, te callamos”.
Lo que pasó en Venezuela no es un hecho aislado. Es el reflejo de un modelo que se repite. Un modelo donde el poder militar y policial no está para proteger, sino para controlar. Para silenciar. Para censurar. Y aquí es donde México debe mirar con terror.
Porque mientras el caso de Gabriel se vuelve una anécdota más en la tragedia latinoamericana, en México los aplausos del gobierno hacia los militares crecen. Se les ha dado más poder que nunca: controlan aeropuertos, aduanas, obras públicas, trenes y hasta bancos del Bienestar. Y aunque quieran vendernos la idea de que son el pueblo uniformado, la verdad es que la militarización avanza sin contrapesos, sin rendición de cuentas y sin freno.
¿No te parece preocupante que cada vez más tareas civiles estén en manos castrenses?
Porque cuando todo lo administra el uniforme, ¿quién administra al uniforme?
En México, el discurso de seguridad ha servido para entregar el poder, y el presupuesto a los militares. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre 2019 y 2023 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha participado en más de 2,800 obras públicas, muchas de ellas asignadas sin licitación, violando principios de transparencia y competencia. Además, la Sedena y la Marina concentran un porcentaje abrumador del gasto en seguridad pública federal: en 2023, más del 90 % del presupuesto fue ejercido directamente por las Fuerzas Armadas, desplazando por completo a los cuerpos civiles.
¿Te suena a Venezuela?
¿Y la prensa? Acorralada.
¿Qué tan peligroso se volvió contar la verdad?
Investigar se convirtió en sentencia. México es hoy el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. Las amenazas no solo vienen del narco. También del Estado. Solo en lo que va de 2025, 5 periodistas han sido asesinados en México. Y los casos de censura a comunicadores incómodos se acumulan.
El asesinato de Gabriel Sarmiento no fue solo un crimen. Fue un mensaje. Uno que puede leerse así: el Estado no te protege del crimen, cuando el crimen es el Estado. Y si te parece que eso es problema de Venezuela, te invito a mirar con lupa lo que ocurre hoy en México:
¿Quién fiscaliza al Ejército?
¿Quién audita sus contratos?
¿Quién les exige resultados si no responden a civiles?
¿Qué poder tiene un ciudadano frente a una fuerza armada que construye, administra, vigila y sanciona?
La censura no siempre llega con una ley mordaza. A veces llega disfrazada de seguridad nacional. Y cuando el miedo a hablar se instala, cuando los ciudadanos dejan de denunciar, cuando los periodistas se autocensuran, cuando los fiscales son amigos de los jefes militares, entonces el silencio gana. Y el Estado también.
¿Cuánto falta para que sea nuestra realidad?
El caso de Gabriel es un espejo roto, que nos devuelve el reflejo de lo que ocurre cuando no se pone límite al poder armado. Y en México, estamos dejando la puerta abierta al mismo horror.
Hoy, como periodista, pero sobre todo como ciudadana, me lo pregunto y te lo pregunto:
¿Cuánta democracia se puede sostener cuando los civiles se convierten en espectadores de su propio silencio?