4 de septiembre.- Las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, prestanombres confesas del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, recibieron beneficios de preliberacion para concluir anticipadamente con las condenas de tres años cuatro meses de prisión que les dictaron en abril del año pasado, por el delito de lavado de dinero, confirmaron fuentes judiciales.
Para el Juzgado Federal de Control del Reclusorio Norte, encargado de la causa penal, ambas cumplieron con los requisitos de buena conducta que prevé el Sistema Penal Acusatorio para reducir sentencias; y cubrieron además con las multas de 48 mil 664 pesos que les fijaron desde el momento de la condena.
Las fuentes consultadas detallaron que las hermanas Arzate Peralta están condicionadas a firmar semanalmente en el juzgado; no aproximarse a los testigos que declararon contra ellas; y no cambiar de domicilio.
Nadia Isabel y Elia abandonaron el Penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, entre el 23 y 24 de agosto pasado; dos días después de que la PGR decidiera reconfigurarle a Javier Duarte, el delito de delincuencia organizada por asociación delictuosa.
Ambas fueron detenidas el 18 de octubre de 2016, en cumplimiento a una orden de aprehensión por ser presuntas prestanombres en una red de empresas fantasma que orquestó Javier Duarte para desviar recursos del erario veracruzano.
De acuerdo con las investigaciones, ellas fueron quienes constituyeron la empresa Brades S.A. de C.V. para realizar diversas transferencias bancarias de las arcas públicas a los testaferros del exgobernador.
El 23 de octubre de 2016 el entonces juez federal de Control con residencia en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, las vinculó a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Las hermanas Arzate Peralta optaron entonces llevar un proceso abreviado; y admitieron su responsabilidad por lavado de dinero, por lo que PGR solicitó la cancelación o sobreseimiento del delito de delincuencia organizada.
Hacia el 12 de abril de 2017 fueron condenadas a tres años cuatro meses de prisión, sólo por operaciones con recursos de procedencia ilícita; y al pago de una multa de 48 mil 664 pesos; además de desistimiento de la PGR para impugnar la decisión.
