Cd. de México.- El afán justiciero se instaló en el Senado y durante la sesión de este martes, diversos senadores solicitaron la creación de comisiones de investigación para dar seguimiento a los casos de corrupción del sexenio que está por terminar.
Senadores de Morena plantearon la creación de una comisión especial de investigación relativa al presunto desvío de recursos en diversas dependencias de la Administración Pública Federal y se cita a diversos funcionarios para que informen sobre las acciones e investigaciones que sobre este caso han llevado a cabo en el marco de sus atribuciones.
En tribuna, la senadora Guadalupe Covarrubias destacó el caso de la Estafa Maestra, que dio cuenta del desvío de 7 mil millones de pesos. Aseguró que de acuerdo con un medio de comunicación, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron desviados otros 700 millones de pesos a través de la Sedesol y la Sedatu.
Por ello, propuso citar a comparecer a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, para que informen sobre los presuntos desvíos de recursos en las dependencias a su cargo, mismos que han sido detectados por la Auditoría Superior de la Federación a través de diversos informes de fiscalización.
También propuso citar a diversos funcionarios para conocer las acciones que han llevado a cabo desde sus respectivas dependencias respecto del presunto desvío de recursos detectado por la Auditoría Superior de la Federación en diversas dependencias federales.
De esta manera, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo; el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán; la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Antonio Santín Quiroz; al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bernardo González Rosas, y al funcionario encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueron los funcionarios que los morenistas buscan expliquen al Senado qué hicieron para prevenir, detectar o investigar los presuntos desvíos millonarios.
Aunque Morena mantuvo su proposición con punto de acuerdo, declinó su pretensión de que esta comisión investigadora fuera creadas en la comisión de este mismo martes, y en cambio la propuesta fue turnada a la comisión de Justicia, la cual aún no ha sido conformada en la 64 Legislatura.
El senador Mauricio Kuri solicitó a la Junta de Coordinación Política crear una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones del caso Odebrecht y Petróleos Mexicanos.
Recordó que en diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre presuntos sobornos por 788 millones de dólares efectuados por la constructora brasileña en doce países de América Latina y África, de 2001 a 2016. Mientras que en marzo del mismo año en una Corte Federal en Nueva York, Odebrecht admitió sobornos en México por la cantidad de 10.5 millones de dólares.
“El tema no es nuevo. En la pasada Legislatura se hicieron muchos llamados y exhortos a las autoridades del gobierno federal; sin embargo, al día de hoy el gobierno no ha dado respuesta a la sociedad mexicana (…) Es momento de mostrarle a los ciudadanos que no se equivocaron al elegirnos como sus representantes. Mandemos el mensaje correcto a los ciudadanos y exijamos que se rindan cuentas claras sobre el escándalo más grande de corrupción en América Latina”, expuso.
No obstante, los panistas criticaron la poca disposición de Andrés Manuel López Obrador porque haya una investigación independiente al poder Ejecutivo que lleve a Robles Berlanga a rendir cuentas.
“Está muy mal que un Presidente electo, porque al final del día va a ser él el jefe, desgraciadamente de la Fiscalía, y digo desgraciadamente porque él ha dicho que no va a cambiar el modelo de subordinación directa de la Fiscalía General de la Presidencia, y nosotros creemos que debe haber una Fiscalía General autónoma e independiente.
