El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el lunes un proceso de pacificación luego de un nuevo motín acontecido en Guayaquil el sábado 13 de novimbre. El plan, que intentará abordar la ola de violencia carcelaria que ha dejado decenas de presos muertos, incluye la presencia indefinida de los militares en las prisiones del país y es una consecuencia de los cada vez más comunes enfrentamientos entre grupos criminales dentro de prisiones.
Las medidas se acordaron con las autoridades de las otras funciones del Estado, dijo Lasso, y agregó que la violencia es una de las mayores crisis que ha enfrentado Ecuador en las últimas décadas.
Los pasos para pacificar y evitar motines en las cárceles de Ecuador incluirán diálogos y el respeto por los derechos humanos, y contarán con el apoyo de organizaciones internacionales.
Personal militar también participará en los controles de seguridad dentro y fuera de las cárceles de manera indefinida, con el fin de mantener el orden. El despliegue será de conformidad con la Constitución y la ley.
Previo a los anuncios, Lasso nombró al general Orlando Fabián Fuel como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además, designó a Luis Burbano como nuevo comandante del Ejército y encargó la dirección de la entidad del sistema penitenciario, SNAI, a Fausto Cobo, quien se desempeña como titular del Centro de Inteligencia Estratégica.
Durante la conferencia de prensa en Guayaquil donde anunció su plan, Lasso afirmó que Ecuador enfrenta “una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad y quitarnos la tranquilidad en las calles y ciudades”.
Motín en penitenciaria de Guayaquil
Durante el fin de semana, 68 presos resultaron muertos durante un motín en la Penitenciaría del Litoral. Es la misma donde 119 reclusos murieron a fines de septiembre, en el peor incidente de violencia carcelaria de la historia reciente de Ecuador.
Las autoridades atribuyen la ola de violencia carcelaria a bandas rivales que buscan establecer el control de las rutas de tráfico de drogas.
El Gobierno declaró un estado de excepción en septiembre por 60 días en el sistema penitenciario para liberar fondos de emergencia para abordar la crisis.
Mil policías y militares ingresaron el lunes 15 de noviembre a la Penitenciaría del Litoral para “imponer la presencia del Estado en este escenario de forma indefinida”, anunció un comunicado.