México lleva años enfrentando una guerra interna no declarada. No existe un anuncio oficial ni un enemigo visible en un solo frente, pero millones de personas conviven diariamente con la violencia.
Hoy, los hechos violentos ya no sorprenden: se han normalizado. Determinan cómo se desplazan las personas, cómo trabajan, cómo participan en política y, en muchos casos, cómo logran mantenerse con vida.
El discurso oficial frente a una realidad más compleja
Durante un tiempo, muchos mexicanos pensaron que el país no podía tocar fondo. Sin embargo, la percepción cambió. Aunque el gobierno federal sostiene que los índices delictivos han disminuido, organismos independientes señalan que esa narrativa no refleja la realidad completa.
Human Rights Watch advierte que el último sexenio, encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, representó un punto de quiebre. No porque la violencia haya sido erradicada, sino porque las instituciones diseñadas para contenerla se debilitaron de forma sistemática.
#México lleva años en una guerra no declarada que millones viven a diario. Aunque el gobierno presume una baja en las cifras delictivas, organismos independientes advierten que la violencia sigue siendo extrema y sistemática.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2026
Human Rights Watch (@hrw_espanol) señala que durante… pic.twitter.com/jZ5QukfZwC
Homicidios y violencia extrema más allá de las cifras
México cerró ese periodo con una cifra cercana a los 100 mil homicidios, una de las tasas más altas del mundo. Pero la crisis no puede medirse únicamente en números. Organizaciones de la sociedad civil documentaron 4 mil 783 actos de violencia extrema en un solo año, incluyendo torturas, ejecuciones, desmembramientos y masacres.
En promedio, el país registró trece atrocidades al día. Además, se reportaron hallazgos de masacres con una frecuencia aproximada de una por mes, lo que evidencia un patrón de brutalidad sostenida y cada vez más visible.
El crimen dentro del gobierno: un nuevo nivel de la crisis
El problema ya no se limita a la acción de grupos criminales fuera del Estado. México enfrenta ahora una infiltración directa del crimen organizado en las estructuras gubernamentales. Operativos federales recientes han derivado en la detención de alcaldes, mandos policiales y funcionarios de seguridad local en varios estados, señalados por presuntos vínculos con cárteles.
No obstante, estas acciones se han concentrado casi exclusivamente en autoridades locales. Las figuras políticas de mayor jerarquía continúan fuera del alcance de la justicia.
Impunidad y debilitamiento del Poder Judicial
La impunidad es el eje que explica esta situación. De acuerdo con Human Rights Watch, cerca del 90% de los delitos en México nunca reciben castigo. Este escenario se agravó tras la reforma judicial de 2024, que removió a jueces y los sustituyó mediante elecciones populares, debilitando la independencia judicial y eliminando contrapesos clave al poder político.
Aunque algunas estadísticas oficiales muestran descensos, la violencia no se ha detenido y la rendición de cuentas sigue ausente. La crisis de México no está oculta ni enterrada en informes técnicos: es el elefante en la habitación. Todos lo ven, todos lo reconocen, pero aún no existe una respuesta clara, estructural y efectiva para enfrentarlo.