Dentro de algunos meses, entrará en vigor en Illinois una normativa que promete cambiar radicalmente la forma en que se manejan las transacciones con tarjetas de crédito. Se trata de la Ley de Prohibición de las Tarifas de Intercambio (IFPA, por sus siglas en inglés), recientemente firmada por el gobernador demócrata JB Pritzker.
Sus promotores argumentan que esta legislación traerá muchos beneficios dado que eliminará las comisiones sobre las transacciones, propinas e impuestos sobre ventas. Sin embargo, expertos aseguran que su implementación podría grandes desafíos para el sector financiero y comercial del estado.
El impacto de la nueva ley de Illinois en las pequeñas empresas
La IFPA podría hacer que las pequeñas empresas enfrenten graves dificultades operativas y económicas. El sistema actual de procesamiento de pagos no permite separar impuestos y propinas de las transacciones principales, lo que obligará a las compañías a adquirir costosos sistemas nuevos.
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Es casi seguro que estos costos terminarán repercutiendo en los consumidores, dado que derivarían en aumentos de precios, bienes y servicios. Además, las empresas que dependen de las propinas, como los restaurantes, podrían verse obligadas a procesar transacciones separadas para estos pagos, lo que podría generar retrasos e inconvenientes.
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Según datos de la Federación Nacional de Empresas Independientes, los propietarios de compañías pequeñas ya ven las regulaciones gubernamentales como uno de sus mayores desafíos. La implementación de la nueva ley está pautada para el 1 de julio del 2025.
Consecuencias de la regulación de Illinois a nivel nacional
El alcance de esta ley podría ir más allá de las fronteras de Illinois. Los expertos en economía aseguran que si otros estados adoptan regulaciones similares, el sistema financiero nacional podría fragmentarse, lo que generaría que los bancos seguirían diferentes normativas según el estado.
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Esto no solo dificultaría el comercio interestatal, sino que también reduciría la competitividad y aumentaría los costos para todos los involucrados. De hecho, grupos como la Asociación de Banqueros Estadounidenses ya presentaron demandas, al argumentar que la ley infringe las normativas federales.
