Deberían negar el cuerpo de “El Mencho”, así como él les negó a las madres buscadoras la tranquilidad de recuperar a sus hijos”.
El mensaje llegó a través de redes sociales y sí, es duro. Sacude. Incomoda. Pero no es un comentario aislado: es el reflejo del enojo de un país fracturado.
Porque si hay algo que duele más que la muerte, es la desigualdad frente a la muerte.
El cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, será entregado a un representante legal de su familia, tras la solicitud presentada ante la Fiscalía General de la República conforme a la ley. El trámite procede como debe proceder en un Estado de Derecho.
Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuántas madres en este país siguen esperando exactamente lo mismo?
El cuerpo de sus hijos.
Los restos de quienes fueron víctimas del crimen, de la violencia, de la desaparición forzada.
En México, la entrega de un cuerpo no es un favor: es una obligación legal. La Ley General de Víctimas, en su artículo 24, reconoce el derecho de las familias a recibir los restos de sus seres queridos. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, una vez concluidas las diligencias periciales, el cuerpo debe ser entregado a familiares o representantes legales.
Eso es Estado de Derecho. Y no puede aplicarse a modo.
Pero que sea legal no significa que no duela.
La ley es clara cuando se trata de cumplir un procedimiento. ¿Por qué no ha sido igual de eficaz para encontrar a más de cien mil personas desaparecidas en el país?
Las madres buscadoras no exigen privilegios. Buscan huesos. Buscan restos. Buscan verdad. Buscan algo que les permita dejar de vivir en la incertidumbre eterna.
No tienen un cuerpo que velar. No tienen un acta que cerrar. No tienen una tumba donde llorar.
En un país donde tantas familias siguen excavando con palas, con picos y con sus propias manos, la discusión no debería centrarse en a quién se le quita un derecho, sino en por qué no se ha garantizado para todos.
El verdadero reclamo no es contra un trámite que cumple la ley. El reclamo es contra un Estado que ha sido incapaz de responder con la misma contundencia y rapidez a miles de familias que llevan años esperando.
Hay enojo. Hay coraje. Hay un dolor acumulado que no encuentra descanso.
Y quizá la conversación no debería girar en torno a negar derechos —porque la ley no puede ser selectiva—, sino en exigir que esos derechos existan y se cumplan para cada madre, cada padre, cada familia que sigue buscando. La indignación es comprensible.