La solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha dejado de ser una noticia judicial para convertirse en un terremoto político que sacude los cimientos de la llamada Cuarta Transformación. Mientras el Departamento de Justicia de EU sostiene que Los Chapitos financiaron y aseguraron la victoria de Rocha en 2021 mediante el secuestro de opositores y el robo de urnas, en México resurgen las voces que advirtieron sobre esta colusión hace años.
Lilly Téllez lo dijo hace años sin temor a represalias
La senadora Lilly Téllez ha recordado recientemente su intervención de septiembre de 2021, cuando denunció frente al gabinete de seguridad lo que llamó el "narcopacto de Morena". No escuchó a quienes la trataron de censurar por sus acusaciones al entonces presidente, quien acuñó la estrategia "abrazos no balazos" para entregar en charola de plata el país a los criminales.
En aquel momento, calificó la estrategia de "abrazos, no balazos" como una proclama de sometimiento de la fuerza pública ante las mafias.
Tras la acusación formal del fiscal Jay Clayton, la senadora señala que "el tiempo le dio la razón" y que el caso de Sinaloa es solo el principio de una "mafiocracia" que afecta a varios estados del país.
Téllez enfatiza que México merece un cambio radical con cero tolerancia a los narcopolíticos, asegurando que esta crisis apenas comienza.
En 2024 el periódico The New York Times publicó una investigación donde funcionarios de justicia estadounidenses indagaron durante años presuntos vínculos entre operadores de los cárteles del narcotráfico y aliados cercanos a Andrés Manuel López Obrador una vez que este ya ocupaba la presidencia. Los registros sugieren que asesores y confidentes del mandatario habrían recibido millones de dólares, destacando testimonios sobre una reunión entre un colaborador cercano y Ismael "El Mayo" Zambada antes de la elección de 2018, así como un pago de 4 millones de dólares por parte de fundadores de los Zetas para gestionar una liberación de prisión. Incluso, agentes de la ley rastrearon pagos de operadores del cártel a intermediarios de López Obrador, uno de los cuales coincidió con su polémica visita a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Defendiendo lo indefendible
El gobierno de México se encuentra en una posición defensiva, intentando blindar la soberanía nacional frente a lo que califica como una "intromisión" con fines políticos.
También se ha mostrado públicamente los anexos de la fiscalía neoyorquina, cuestionando la validez de testimonios de criminales y notas escritas a mano sobre supuestos sobornos.
La presión de Washington: Donald Trump ha intensificado su retórica, utilizando el caso para presionar en la renegociación del TMEC y reafirmando su visión de que México está "controlado por los cárteles".
Ante la negativa de México de aceptar ayuda militar o extradiciones inmediatas, expertos advierten que Trump podría optar por métodos unilaterales para capturar a los señalados.
Un sistema en crisis de impunidad
Más allá de la batalla por la narrativa, el caso de Rocha Moya pone al descubierto la fragilidad institucional frente al crimen organizado.
La fiscalía estadounidense basa su caso en datos proporcionados por casi un centenar de delincuentes enviados por el propio gobierno mexicano a EU.
El precedente de la exoneración del General Cienfuegos en México pesa sobre la confianza de Washington en la justicia local, lo que explica la agresividad de la actual petición de extradición.
México enfrenta una crisis de violencia que se alimenta de la impunidad y que, sin cambios de fondo, el país seguirá siendo vulnerable a la presión externa.
Este es el discurso completo de Lilly Téllez del 21 de septiembre de 2021:
