Cd. de México.- Senadores de Morena solicitaron al gobierno al Congreso estatal de Tamaulipas iniciar un juicio político en contra del gobernador de la entidad Francisco García Cabeza de Vaca por la ejecución extrajudicial de ocho personas, ocurrida el pasado cinco de septiembre en Nuevo Laredo, acto en el que presuntamente están vinculados elementos de la policía estatal.
“Hacemos un llamado al Congreso de Tamaulipas para que den inicio al juicio político en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quién ha violentado el derecho humano a la vida, transgredido el bien jurídico social más importante permitiendo una ejecución de personas a su amparo y com presión de ellas, llevando a cabo masacres que han dejado a su paso violaciones preocupantes”, anunció la senadora Nestora Salgado.
En conferencia de prensa, las y los senadores morenistas argumentaron que el juicio político es procedente por haber violentado el derecho a la vida de ocho tamaulipecos y por las constantes violaciones a los derechos humanos en la entidad gobernada por el PAN.
“De acuerdo con datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mismo período (primeros siete meses de 2019) fueron asesinadas 855 personas en la entidad que gobierna Francisco García Cabeza de Vaca. Frente a estas circunstancias se ha manifestado un uso excesivo de la fuerza, actos de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, mientras que la confianza de las y los ciudadanos se ha visto mermada debido principalmente a la impunidad, la corrupción, la indiferencia y la ineficacia de las autoridades”, abundó Salgado.
“Hoy presenté una proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la fiscalía general de la república para que atraiga el caso relacionado con las ejecuciones presuntamente realizadas por elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas y un extrañamiento el gobierno del Estado Actualmente el estado de Tamaulipas es una de las entidades más violentas del país el clima en las diversas regiones del estado es la incertidumbre e impunidad. Es inadmisible encontrarnos ante un probable caso de ejecución extrajudicial puntos de ver de todas las autoridades coadyuvar en el esclarecimiento de crímenes de esta naturaleza. Debemos llegar hasta las últimas consecuencias”, abundó la senadora Guadalupe Covarrubias.
Mientras que Raymundo Ramos, presidente de la comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, acusó al gobierno de Tamaulipas de criminalizar a los defensores de derechos humanos en la entidad, y responsabilizó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por lo que les pueda suceder.
“Es muy difícil para nosotros, porque al hacer una denuncia pública que hicimos por estos hecho, el gobierno Tamaulipas nos ha criminalizado, nos ha perseguido, nos ha amenazado. Estamos aquí para responsabilizar al gobierno de Tamaulipasz al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de lo que nos puede suceder a nosotros, a nuestras familias, a nuestros trabajos; porque estar aquí no es fácil. Estamos denunciando un acto inhumano, una ejecución extrajudicial y el engaño que quiso hacer el gobierno de Tamaulipas a todos nosotros, a las familias a la ciudadanía, a las autoridades y a los medios de comunicación, por un montaje burdo de lo que pasó la mañana del 5 de septiembre en Valle de Anáhuac”, apuntó.
El defensor de los Derechos Humanos presentó un certificado de defunción de uno de las personas que perdieron la vida en la supuesta ejecución, Severiano Treviño, quién de acuerdo al reporte falleció a las 9:55 de la mañana, lo que “quiere decir que dos horas antes de que esto ocurriera ya estaba ahí la autoridad Estatal acordonando el área preparando el montaje”.
También destacó que Treviño falleció de un impacto de bala en la cabeza que “no corresponde a un enfrentamiento, como lo quiso hacer creer el gobierno Tamaulipas”.
“Tenemos la evidencia suficiente para demostrar que lo que ocurrió el 5 de septiembre en Valle de Anáhuac fue una ejecución extrajudicial, y no un enfrentamiento”, remató Ramos.
A pregunta expresa, Ramos rechazó tener vínculos con el crimen organizado y aseguro que su organización tiene 23 años documentando violaciones y es la única organización civil que existe en Tamaulipas, “a pesar de las campañas de desprestigio y de las malas intenciones del gobernador”.
