Doña Rosa, habitante de la localidad de Nuevo Progreso, en Querétaro, vivió décadas bajo la sombra del miedo. “Siempre me amenazó con un machete; amenazó a mi hijo de muerte”, relata con una voz que carga el peso de años de violencia física y psicológica. Sin embargo, cuando finalmente decidió romper el silencio y “tocó fondo”, se encontró con una barrera inesperada: la negligencia institucional.
Al acudir al Instituto de la Mujer en busca de auxilio, la respuesta fue un portazo burocrático. “Me dicen: ‘Usted se tiene que divorciar y ese proceso no lo llevamos nosotros. Usted tendrá que pagar su propio licenciado’”, recuerda Rosa. Su caso no es aislado, sino el reflejo de un sistema que, bajo el papel, promete erradicar la violencia, pero en la práctica, deja a las víctimas a su suerte.
El espejismo de los programas federalesEn 2025, el gobierno federal anunció con bombo y platillo el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Pivim). Presentado como una solución de vanguardia, expertos y excolaboradores denuncian que se trata simplemente de una fusión de programas del desaparecido Inmujeres; un cambio de nombre que no resolvió las carencias de fondo.
La operatividad del Pivim revela una falla estructural crítica: la estacionalidad de la justicia. El programa funciona por ciclos que dejan desprotegidas a las mujeres durante meses clave. Mientras la atención se brinda de abril a noviembre, el mes de diciembre se destina exclusivamente al cierre administrativo y la entrega de estadísticas.
“Si sufro violencia en enero y decido separarme, tengo que esperar hasta abril para que entren en turno los programas”, explica Nadia, una profesionista que vivió desde dentro la falta de presupuesto. Esta brecha temporal obliga a las víctimas a convivir con su agresor o a desistir de la denuncia por falta de acompañamiento.
Sin viáticos, sin seguro y sin herramientas
La precariedad no solo alcanza a las víctimas, sino también a quienes intentan ayudarlas. Nadia relata que en las zonas más recónditas de Querétaro, las profesionistas operan bajo condiciones de alto riesgo: sin apoyo para viáticos, sin materiales para talleres de oficio y, lo más grave, sin seguridad social ni prestaciones.
“Si ellas en el camino chocaban o se caían, ¿dónde quedaban?”, cuestiona Nadia, señalando que muchas veces las propias trabajadoras debían poner de su bolsillo para trasladarse a las comunidades. Esta situación provoca una deserción masiva de especialistas, rompiendo la continuidad de los procesos de sanación de las mujeres.
Aunque Doña Rosa logró conseguir recursos propios para contratar una abogada y concretar su divorcio, su “suerte” es la excepción en un estado donde la burocracia parece caminar más lento que la violencia. Mientras los programas federales sigan priorizando las estadísticas sobre las vidas humanas, el “infierno” de Nuevo Progreso seguirá repitiéndose en cada rincón de la entidad.