El Gobierno de la Ciudad de México impulsa una iniciativa que podría cambiar la forma en que se castigan los robos menores.
La propuesta plantea que el apoderamiento de un bien ajeno cuyo valor no supere los 5 mil 865 pesos pueda dejar de ser atendido por un juez penal y pase a manos de un juez cívico, siempre que se cumplan determinadas condiciones: que no exista violencia, que el objeto sea devuelto de inmediato y que la víctima acepte la restitución.
De acuerdo con el planteamiento, las sanciones contemplarían arrestos de entre 30 y 36 horas o trabajo comunitario.
Además, contempla que las personas reincidentes no puedan acceder a mecanismos alternativos, uno de los puntos que marcaría los límites de este posible cambio en la justicia capitalina.