Un tribunal federal de Guanajuato abre la posibilidad para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregue el mando de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras dejar sin efecto la suspensión provisional que había frenado la reforma legislativa.
Sin embargo ese trámite de adscripción podría volver a congelarse si la jueza que estudia el amparo solicitado por la ONG, Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México, decide el viernes emitir una suspensión definitiva hasta que resuelva de fondo el asunto.
Y es que este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el estado de Guanajuato resolvió un recurso de queja tramitado por la Sedena contra la suspensión concedida por el juez Noveno de Distrito en la entidad con la que se frenó tanto la militarización de la GN.
Los magistrados avalaron por unanimidad el proyecto para declarar fundado el recurso de la Sedena y revocar la suspensión provisional al considerar que el quejoso, quien tramitió el amparo de origen, no tiene interés legítimo para solicitar la suspensión de la entrada en vigor del decreto reclamado.
La suspensión provisional tenía vigencia hasta este viernes
“El interés jurídico del quejoso no llegó a un medio de convicción más allá del carácter de defensor de derechos humanos con el que se ostentó, este tribunal colegiado advierte que esa autodeterminación como defensor de derechos humanos, tal como lo hace valer la autoridad recurrente es insuficiente para conceder la suspensión provisional solicitada en tanto el quejoso no acreditó ni siquiera de manera indiciaria un agravio diferenciado que genere un daño inminente o irreparable”, señaló el magistrado José Gerardo Mendoza.
La suspensión provisional tenía vigencia hasta este viernes, fecha en la que se tiene programada la audiencia incidental en la que el juez Noveno de Distrito definirá si concede o no la suspensión definitiva.
Aunque la resolución del tribunal no impide a la juez conceder la suspensión definitiva, también puede retomar los argumentos de los magistrados para negarla.