Un juez federal de Yucatán aceptó la petición de Greenpeace México de analizar la legalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el desarrollo de las obras en el Tramo 5 Sur del Tren Maya.
La decisión del juez Fernando Novelo de admitir la ampliación de la demanda promovida por la agrupación ambientalista no implica que se paralicen las obras en la región pues el freno fue levantado esta semana.
La organización pide al juez, entre otras cosas, que considere que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de ese segmento menoscabó los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales.
El 3 de agosto un juez revocó la suspensión que mantenía paralizadas las obras
Greenpeace señaló las solicitudes hechas a la autoridad se basan en el incumplimiento de los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
El juez Novelo revocó el 3 de agosto la suspensión que mantenía paralizadas las obras en el Tramo 5 Sur del Tren Maya, por lo cual el Gobierno Federal podrá continuar con su construcción.
La decisión del titular del Juzgado Primero de Distrito en Yucatán se tomó luego de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregó una serie de documentos para acreditar la legalidad de la obra tales como dictámenes de impacto ambiental y autorizaciones.
La revocación de tres suspensiones definitivas por parte de Novelo puede ser impugnada ante un tribunal colegiado por la organizaciones ambientalistas que promovieron los amparos. Finalmente serían tres magistrados quienes determinen si confirman o revocan la resolución del juzgador.
En los acuerdos se informó que, registros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que el Fonatur ya cumplió con tres condiciones que se le fijaron como requisitos previos para el inicio de obras del subtramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum.
Incluso, se reportó que el Fondo cumplió con la condición numero dos al exhibir una fianza expedida el 28 de julio por Afianzadora Aserta, que cubre un monto de 188.3 millones de pesos.
La semana pasada el juez Fernando Novelo ordenó al Gobierno federal entregarle copia, para su revisión, del decreto mediante el cual se declaró a la obra como un proyecto de seguridad nacional.