Apoyos gubernamentales a los pobres por parte del presidente Jair Bolsonaro, dio un impulso en la recta final de la contienda electoral contra Lula da Silva, según muestran las encuestas de opinión, en un precedente peligroso para la ley electoral, según expertos legales.
Las nuevas medidas costarán unos 273 mil millones de reales (52.000 millones de dólares) este año y el próximo, según un análisis de las cifras gubernamentales realizado por Reuters, lo que se suma a los desafíos fiscales para quien gane las elecciones. Está pendiente la aprobación del Congreso por un valor de 146.000 millones de reales de ese gasto.
Algunos de los expertos dijeron que la ola de gastos del gobierno de derecha viola las reglas electorales al utilizar recursos públicos para ayudar a Bolsonaro a ganar la reelección en la segunda vuelta del domingo contra el expresidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva.
Mayra Goulart / Analista política:
La oficina de Bolsonaro no respondió a una solicitud de comentarios.
Los fiscales federales responsables de hacer cumplir la ley electoral no han respondido a las llamadas para investigar las denuncias de abuso del presidente de su autoridad presupuestaria. Lula no ha impugnado los nuevos gastos del gobierno ante el Tribunal Supremo Electoral.
Aunque Lula podría hacerlo, un alto asistente de campaña dijo que está postergando un breve desafío para evitar exponerse a los ataques de Bolsonaro apelando a los votantes pobres, que son los principales partidarios de Lula.
Apoyo a Bolsonaro aumentó 7 puntos en solo un fin de semana
El apoyo a Bolsonaro de esos votantes aumentó al 40% en una encuesta de Datafolha publicada la semana pasada, frente al 33% de la semana anterior. En una encuesta de fines de septiembre, cuando había más candidatos en la carrera, Bolsonaro obtuvo un 26% de apoyo de los beneficiarios de Auxilio Brasil.
Varias firmas encuestadoras fueron criticadas luego de la primera ronda de votación del 2 de octubre por subestimar el apoyo a Bolsonaro.
El mes pasado, el gobierno agregó alrededor de medio millón de familias a las listas de asistencia social, extendió el plazo de registro y adelantó algunos de los pagos.