Con un cuarto amparo, el narcotraficante Rafael Caro Quintero busca evitar que se cometan actos de tortura, maltrato e incomunicación en su contra mientras se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano en espera de un juicio de extradición.
Este jueves el titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Fernando García ordenó que cese de inmediato cualquier tipo de hostigamiento que ponga en riesgo la integridad física de quien fuera líder del cártel de Guadalajara.
"Se decreta de plano y oficio la suspensión para que cesen los actos consistentes en la incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones que ponen en riesgo la vida de Rafael Caro Quintero, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional", señala el acuerdo.
Y es que los abogados de Caro Quintero alegaron ante el Poder Judicial de la Federación que su defendido ha sufrido malos tratos luego de ser recluido en penal del Altiplano, en el Estado de México, tras su detención el pasado 15 de julio en el municipio Choix, Sinaloa.
"De la presente demanda se advierte que la parte quejosa reclama en la incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones que ponen en riesgo la vida del quejoso", se expuso.
A Caro Quintero le concedieron una suspensión definitiva que frena su extradición
Según registros judiciales la demanda de amparo admitida a trámite por el juzgador fue promovida a nombre de Rafael Caro Quintero por una persona identificada como José Mora León y señala como autoridad responsable al director General del Altiplano.
Apenas el 2 de agosto una jueza federal concedió una suspensión definitiva que frena, por tiempo indefinido, cualquier intento por enviar a Estados Unidos y mantener incomunicado a Rafael Caro Quintero. La resolución puede ser impugnada ante un tribunal.
Sin aclarar los alcances de su decisión, pero sin que ello implique la libertad para quien fuera líder del cártel de Guadalajara, la juzgadora otorgó el beneficio judicial para garantizar un proceso de extradición apegado a derecho ante las peticiones del gobierno estadounidense de juzgarlo en su territorio.