“Después de ahogado el niño, a tapar el pozo”. No hay frase que describa mejor lo que está pasando en la Secundaria Alfonso Caso, tras el caso de Jeremy en Tláhuac. Parece que finalmente las autoridades están intentando “aplicarse”, pero lo hacen cuando el daño ya es profundo y, en muchos sentidos, irreversible.
Esta escuela se ha convertido, literalmente, en un ring de pelea. Y no es una exageración gratuita; es una realidad documentada. ¿Se acuerdan del caso de Nicole? Esas niñas peleándose con una saña impresionante. ¿Qué pasó después de eso? Nada. ¿Hubo consecuencias reales que frenaran la violencia? No.
Del aula al hospital: La escalada de violencia en CDMX
Hoy el escenario es todavía más oscuro con el caso de Jeremy y Kevin. La gran y terrible diferencia es que aquí la violencia escaló de nivel: hubo una navaja de por medio. El resultado de esa negligencia acumulada es desgarrador: hoy Jeremy está luchando por su vida en un hospital, grave, mientras que Kevin está detenido.
Lo más indignante no es solo el ataque, sino la pasividad institucional. La pelea ocurrió el pasado miércoles de febrero. Tuvieron que pasar cinco días de silencio absoluto para que el Gobierno de la Ciudad de México finalmente se pronunciara. Y cuando lo hacen, publican un boletín que se puede resumir en dos promesas que, honestamente, dejan más dudas que certezas.
¿Seguridad real o solo para la foto?
Primero, anuncian que van a reforzar la seguridad afuera de la secundaria en ambos turnos. Suena bien en el papel, ¿pero qué significa eso en la realidad? Lo que apareció fue una patrulla con un solo policía. ¿En serio creen que eso es suficiente? Lo pregunto de manera honesta: estamos hablando de un cuadrante que tiene, por lo menos, entre 12 y 13 escuelas. Una patrulla no es una estrategia, es un parche.
Segundo, dicen que lanzarán un programa integral de salud mental para los niños. Y aquí es donde la narrativa oficial se cae:
- ¿Cómo lo van a hacer?
- ¿A partir de cuándo?
- ¿En qué consiste realmente?
- ¿Con qué personal cuentan?
La realidad es que hoy no tenemos ni siquiera un psicólogo por escuela. Entonces, ¿con qué capacidad pretenden atender la salud mental de miles de estudiantes de manera “integral”? Prometer esto después de una tragedia suena más a una salida política que a una solución real.
Esto tiene que decirse con todas sus letras: no nos podemos quedar con los brazos cruzados. La seguridad de nuestros hijos no puede depender de boletines reactivos y patrullas solitarias. La pregunta queda en el aire: ¿cuántos “Jeremys” más tienen que pasar para que la prevención sea la prioridad y no el control de daños?.