Ciudad de México. Para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, el Congreso de la CDMX aprobó con modificaciones el dictamen por el que se reforman y adicionan los artículos 19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios.
De esta manera, en caso de que una persona sea privada de su libertad y pertenezca a un pueblo, barrio originario o comunidad residente en la CDMX, al igual que los extranjeros, tendrán derecho a disponer de una persona traductora o intérprete.
La iniciativa presentada por la diputada de Morena Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García busca dar certeza jurídica, toda vez que “las personas pertenecientes u originarias de los pueblos y barrios originarios o de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, históricamente se han encontrado rezagados, en muchos casos excluidos y casi en su totalidad han sido discriminados”.
Al fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, señaló que el estado mexicano tiene la obligación de llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que las personas involucradas en un proceso penal puedan comprender y hacerse comprender de manera clara.
El diputado del PAN, Ricardo Rubio Torres, presentó reservas al dictamen, las cuales fueron aprobadas para quedar establecido que cuando la persona privada sea extranjera se podrá coordinar para proporcionarle un intérprete o traductor con la representación diplomática o consular de la nacionalidad de procedencia.
El dictamen fue avalado en lo general con 41 votos y enviado a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta de la CDMX