Tras recibir una serie de observaciones, la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel retiró el proyecto en el que proponía avalar la presencia de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en labores de seguridad pública.
De esta forma, las impugnaciones impulsadas por la oposición a la Ley Orgánica de la Armada de México, publicada en marzo de 2021 serán analizadas en los próximos meses.
Proyecto avala labor de Marina en tareas de seguridad pública
"Toda vez que en este asunto, en esta acción de inconstitucionalidad 173/2021, he recibido algunas observaciones de las señoras y señores ministros, yo solicitaría se retire el asunto, para efecto de analizarlas cuidadosamente", explicó la ministra.
Esquivel Mossa proponía avalar la presencia de los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en labores de seguridad pública, así como tareas civiles y declarar infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados federales de oposición que aseveran que la Ley Orgánica de la Armada de México militariza la seguridad.
Ante el crimen organizado se justifica el uso de las fuerzas armadas
En su proyecto, Esquivel Mossa argumentaba: “Ese fin constitucional se ve gravemente amenazado por el fenómeno del crimen organizado, cuya sofisticación y enorme poder tanto logístico como en armamento, ha rebasado por mucho, en los hechos, la tarea de seguridad pública desempeñada por la policía de los tres niveles del gobierno, trascendiendo, incluso, al plano internacional.
“La presencia del crimen organizado merma la seguridad, estabilidad y gobernabilidad democrática, obstaculiza el desarrollo e impide la vigencia de los derechos humanos. Precisamente la agresividad y voracidad que representa ese fenómeno, que flagela no sólo a nuestro país, sino que se ha convertido en un problema grave a nivel internacional, es lo que ha justificado el reconocimiento en los planos internacional y nacional, el empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Así lo reconoció este Tribunal Pleno desde hace poco más de veintiséis años”, planteó.
Los legisladores impugnaron entre otras cosas, la falta de claridad en algunos artículos en los que, afirmaron, se otorgaron facultades discrecionales a la Secretaría de Marina para actuar en labores de seguridad pública, comisionar elementos navales a la Guardia Nacional y subordinar este cuerpo originalmente de mando civil a la Semar, así como la presencia de elementos de la institución en diversas dependencias para militarizarlas.
Ministra señala que no hay facultades discrecionales de Marina
Sin embargo, en su propuesta, Esquivel Mossa busca avalar todos los artículos impugnados al afirmar que no se otorgaron facultades discrecionales ni se están militarizando las instituciones.
“No existe previsión alguna que le confiera tareas de seguridad pública a la Unidad de Policía Naval, sino únicamente de operaciones de apoyo a las instituciones que se encargan de esa actividad. Incluso se hace referencia que ese apoyo debe otorgarse del marco jurídico aplicable, sin que la parte actora evidencie la forma en que este último pudiera conferirle atribuciones que pudieran significar una violación a la normativa constitucional o legal en materia de seguridad pública.
“Por otra parte, el hecho de que esa Unidad asuma el control administrativo del personal naval comisionado a la Guardia Nacional no subordina esta última institución a la primera”, puntualiza la ministra Esquivel.