La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la próxima semana si fue correcto o no otorgar un amparo a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en contra de la inhabilitación por diez años para ocupar un cargo público, sanción que se le había impuesto por las irregularidades encontradas durante el desempeño de su función, durante la administración pasada.
A propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá la Primera Sala analizará la decisión de un tribunal federal que concedió a Robles Berlanga la protección de la justicia federal el pasado 15 de junio, ante lo cual la Secretaría de la Función Pública (SFP) interpuso un recurso para que la Corte revoque la sentencia.
Definirán si fue procedente el amparo a favor de Rosario Robles
"Este Tribunal Colegiado concluye que artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es inconstitucional, por simplemente sancionar severamente cualquier “falta a la verdad”, sin atemperar las condiciones de comisión de la infracción, como podría ser, la culpa o el dolo, figuras que, si bien son propias del derecho penal, pueden resultar perfectamente aplicables a casos como el presente”, señalaron los magistrados.
Ante esto, el Colegiado ordenó enviar de nuevo el expediente a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que revise nuevamente el caso y dicte una nueva resolución sobre la inhabilitación de Robles Berlanga.
EXPEDIENTE ROBLES: LA INHABILITACIÓN
En septiembre de 2019, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, informó de la sanción a María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La ex funcionaria fue notificada de la resolución que la inhabilitaba por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que prevé la sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial.
Con esta sanción, la secretaria Sandoval Ballesteros afirmó en aquella ocasión, que se impulsaba el principio de honradez que rige al servicio público, en busca de una nueva Ética Pública en el Gobierno de México, así como se refrendaba el compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y a la impunidad.