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Corte acepta revisar la impugnación contra la reforma por Litio

La ministra de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, admitió a trámite impugnaciones de legisladores del PAN, PRI y PRD, contra la reforma por Litio

Las impugnación de la oposición contra la reforma que establece las reglas de explotación del Litio, fue admitida a trámite por una ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que analizará el recurso que promovieron senadores contra las modificaciones a la Ley Minera, que definen al Litio como un elemento de utilidad pública, permitiendo al Estado hacerse cargo en exclusiva de su explotación y procesamiento.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por los legisladores del PAN, PRI y PRD contra las modificaciones a la legislación promulgada el 20 de abril pasado.

Senadores impugnaron Ley Minera por cambios en el manejo del Litio

La reforma a la Ley Minera dispone que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos ni autorizaciones para explotar Litio,y que establece que ésta actividad será exclusiva del Estado.

Además, se establece que el Estado tiene el deber de proteger la salud de la población, el medio ambiente y los derechos de pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas durante las actividades de explotación.

Ministra de la Corte, Norma Piña, elaborará proyecto de sentencia

De esta forma, la ministra Norma Piña deberá elaborar en los próximos meses un proyecto de sentencia para presentarlo ante el pleno del máximo tribunal del país, cuyos ministros definirán si la reforma que establece las exclusividad del Estadoen la explotación y procesamiento del Litio está o no apegada a las disposiciones que marca la Constitución.

La impugnación fue presentada el 27 de mayo pasado por 43 senadores de oposición, quienes nombraron como sus representantes legales a Julen Rementería, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera.

Senadores tendrán 15 días hábiles para responder a la Corte

Al dar entrada al recurso, Piña Hernández dio un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación, para que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo rindan su informe y remitan copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y del Diario Oficial de la Federación en el que se publicó.