Al no generarse consenso para una mayoría calificada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantendrá vigente la reforma que permite al gobierno federal comprar medicamentos mediante organismos internacionales sin sujetarse a la Ley de Adquisiones del Sector Público.
Y es que, a propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, siete ministros coincidieron en que la reforma viola el derecho a la salud, así como normas constitucionales sobre libre competencia económica. Se necesitaban ocho votos para anular las modificaciones legales.
“Esta propuesta no es miope ni es ajena a la dura realidad que ha atravesado nuestro país durante esta pandemia, ni tampoco a las dificultades con las que se han enfrentado las autoridades y los Poderes para garantizar el acceso a la salud en tan adversas circunstancias”
"No debe de conducirnos a perpetrar en el ordenamiento jurídico normas generales, atemporales y abstractas, hoy, justificadas por la urgencia, pero mañana por la arbitrariedad que permitan hacer un uso subóptimo, o en todo caso un uso opaco de los recursos destinados al sector de la salud lastrado históricamente por la corrupción y por la ineficiencia", expuso el ministro.
La ley actual no atenta contra el derecho a la salud: Ministra Ríos Farjat
Fueron los ministros Arturo Zaldivar, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Margarita Ríos Farjat quienes este jueves votaron contra la propuesta que tenía un aval mayoritario y salvaron la reforma.
"No encuentro que la disposición cuestionada sea regresiva y atente contra el derecho a la salud, en los términos que lo presenta la consulta, porque la Ley de Adquisiciones no es el único mecanismo de control", expuso Ríos Farjat.
A pesar de la conclusión de la Suprema Corte, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) retomó, para 2023 y 2024, el esquema de licitaciones consolidadas para medicamentos y material de curación que, hasta 2018, eran operadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).