La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar la petición de Amado Omar Yáñez Osuna, dueño de la empresa Oceanografía, de atraer el estudio de un amparo contra la acusación que pesa en su contra, por el supuesto delito de defraudación fiscal por más de 100 millones de pesos.
Será la ministra Norma Piña la encargada de elaborar en los próximos meses un proyecto de resolución para que los cinco integrantes de la Primera Sala del máximo tribunal del país definan si el caso reúne las características de importancia y trascendencia para atraer el amparo.
Amado Yañez pidió amparo por proceso de defraudación fiscal millonaria
Según las indagatorias, desde 2020, la Procuraduría Fiscal de la Federación detectó que Amado Yáñez Osuna declaró ante las autoridades ingresos acumulables por 68 millones de pesos, cuando según las autoridades obtuvo ingresos por 395 millones.
Luego de ser vinculado a proceso por un juez de control federal por el delito de defraudación fiscal equiparada, el empresario presentó un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, pero el recurso le fue negado.
Amparo llegó ante la Suprema Corte para revisión
Ante la resolución negativa, el 21 de septiembre del 2021, Amado Yañez apeló la decisión ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y posteriormente su recurso fue llevado hasta la Suprema Corte.
Según registros judiciales, Amado Yáñez Osuna explicó que recibió “préstamos” por parte de Oceanografía, los cuales no declaró bajo este rubro, y que además recibió “pagos por concepto de sueldos y salarios” de la empresa Soluciones Dinámicas para la Competitividad S.A. de C.V., que tampoco pudo acreditar a plenitud.
Dueño de Oceanografía es procesado desde diciembre 2020
Fue el2 de diciembre de 2020 cuando Amado Yañez, dueño de Oceanografía fue vinculado a proceso tras supuestamente causar perjuicio al fisco federal por más de 100 millones de pesos y se le impusieron como medidas cautelares la presentación periódica de manera trimestral y una garantía económica de 300 mil pesos.
