El Poder Ejecutivo Federal presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de reducir la instalación de casillas para el ejercicio de revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril.
A través de un recurso de queja la Consejería Jurídica de Presidencia acusó que el INE incumplió un mandato del Máximo Tribunal del país, pues “de manera discrecional e injustificada” disminuyó el número de casillas violando la Constitución.
“Si bien el ministro instructor modificó la suspensión para que el proceso de revocación de mandato se ejecutara de una manera más eficiente por parte del INE, con el presupuesto ya programado, ello no puede verse traducido en la disminución del número de casillas ya que ello implicaría la afectación al derecho a la participación política de los ciudadanos”, señaló Presidencia.
Corte da 15 días al INE para informar sobre organización de revocación
Ante esto, el ministro Juan Luis González dio un plazo de 15 días al INE para informar a la Suprema Corte u ofrecer pruebas sobre la forma en que se ha organizado el ejercicio de revocación de mandato
Corte ordenó en febrero al INE realizar de forma eficiente revocación
El pasado 2 de febrero la Suprema Corte dispuso que el INE realice el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente y tanto como lo permita el presupuesto que al día de hoy tiene asignado.
A través de un acuerdo, el ministro Juan Luis González modificó las medidas cautelares dictadas el año pasado ante una demanda del INE y blindó a los consejeros electorales de responsabilidades penales o administrativas por este tema.
“Se modifica la suspensión decretada el diez de diciembre de dos mil veintiuno, solicitada por el Instituto Nacional Electoral, para que lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado; así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto”, señala el acuerdo.