A finales de septiembre, Gerardo Sánchez Zumaya, exaspirante a la gubernatura de San Luis Potosí por el Partido del Trabajo, escapó de México. Lo hizo justo después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara sus cuentas bancarias. Las autoridades lo persiguen por lavado de dinero, defraudación, una extensa red de facturación irregular y huachicol fiscal.
El prófugo del huachicol fiscal y sus negocios intactos
Lejos de frenar su maquinaria, Sánchez Zumaya aprovecha sus alianzas clave. El alcalde potosino, Enrique Galindo, entregó cuatro contratos directos a Torang Construcciones, empresa de los familiares del político: María Liliam Torres, María Asunción Sánchez y su hijo César Torres Sánchez.
El Instituto de Fiscalización Superior potosino encontró anomalías graves en cada adjudicación otorgada entre 2022 y 2023. Primero, un contrato de pavimentación por 6.9 millones de pesos incluyó documentación irregular y un acta de entrega improcedente. Otro por 47.3 millones sumó penas convencionales y pagos por conceptos fuera de especificación.
El caso más grave estalló en 2023. La construcción de una fosa en la carretera a Zacatecas, valuada en 37.5 millones de pesos, culminó en la cancelación de la obra. Sin embargo, jamás reintegraron el anticipo de más de 11 millones. Para esa misma obra fallida, recibieron otro contrato por 28.5 millones; las inspecciones de campo confirmaron su pésima calidad y, de nuevo, retuvieron 8.5 millones de adelanto. Mientras el PT acusa una “persecución política”, el desfalco habla por sí solo.