El que los libros de texto gratuitos ya estén en algunos almacenes de los estados y en otras entidades los hayan concentrado en las supervisiones escolares y plánteles educativos, configura una flagrante violación al debido proceso de elaboración e impresión; esa es la crítica coincidente de constitucionalistas.
De acuerdo con Javier Marín Reyes, abogado investigador “¿esas violaciones en qué se traducen? Pues en una violación a ese federalismo educativo que tenemos y en ese sentido yo te diría que sí es muy importante el tema de las consultas".
Por lo tanto, pretender que ese material llegue a las mochilas debería ser declarado ilegal, eso señala Francisco Burgoa, abogado constitucionalista.
Sólo se contemplaron libros de texto gratuitos para primero de primaria y secundaria
La opacidad de la SEP, dicen, radica en haberlos mandado a imprimir con un plan de estudios solo para primero de primaria y primero de secundaria, sin incluir al resto de los grados; y sin programas sintéticos.
Los especialistas explican y coinciden en que faltaron una serie de elementos de suma importancia para que la autoridad pudiera dar luz verde al nuevo material educativo.
"Lo que ha hecho la SEP es prácticamente hacer libros de texto gratuitos a modo, ha ignorado los aspectos principales que establece la Ley General de Educación, tiene que hacer una solicitud de opinión a entidades federativas", agregó Francisco Burgoa.
No consultar a maestros de todo el país también sería una violación al proceso
Detallan que es también una grave violación al proceso, brincarse otros pasos como la consulta a maestros de todo el país o el tener en tiempo y forma los programas de estudio
“No estamos frente a requisitos menores o puros formalismos, estamos frente a requisitos que lo que buscan es que los libros de texto sean reflejo de un diálogo informado con sectores relevantes" según Javier Martín Reyes.
Hoy la moneda está en el aire y la decisión sobre el futuro de los libros de texto gratuitos en el terreno de los tribunales. Hasta el momento son tres los actores que levantaron la voz ante el poder judicial de la federación para frenar la distribución en el ciclo escolar que se avecina: la unión nacional de padres de familia que solicitó un amparo; y los estados de Chihuahua y Coahuila que promovieron controversias constitucionales ante la Corte.