La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a quien resulte responsable por el tráfico y venta ilegal 12 cocodrilos que fueron abandonados en el Mercado 20 de noviembre de Villa Flores, Chiapas. Por tal motivo se integró una carpeta de investigación por el delito contra la biodiversidad.
Elementos de la Policía Federal de Investigación fueron alertados sobre la venta de cocodrilos en ese mercado público de Chiapas, al llegar a las inmediaciones de dicho lugar, en donde realizaron el hallazgo de los animales, que se encontraban dentro de una caja de madera cubierta con una bolsa de plástico.
Estos reptiles se encuentran sujetos a protección especial de la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, explicó la FGR.
Por estos hechos, el Ministerio Público de la Federación (MPF) continúa con la investigación, y busca a los quienes se dedicaban a la venta de cocodrilos. Los ejemplares fueron entregados a la autoridad correspondiente para su cuidado y atención.
La @FGRMexico rescató 12 cocodrilos abandonados en una caja de madera en el Mercado de Villa Flores, #Chiapas.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2022
Iniciaron una carpeta de investigación por delitos contra la biodeversidad: buscan a quienes pretendían venderlos de manera ilegal. pic.twitter.com/0X2qZi0Wye
Cocodrilos y otros animales fueron asegurados en CDMX
El año pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró de manera precautoria a 154 animales de vida silvestre, entre ellos, boas constrictoras, cocodrilos, iguanas verdes, tortugas, lagartijas, camaleones, geckos y tarántulas.
Las autoridades aseguraron a los ejemplares en un operativo dentro del Mercado Nuevo San Lázaro, de la colonia Magdalena Mixhuca, Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, no acreditar la legal procedencia de este tipo de animales puede derivar en una multa, que va de cuatro mil 481 pesos a cuatro millones 481 mil pesos.
Mientras que el Código Penal Federal, en el artículo 420, fracción IV, señala que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 26 mil 886 a 268 mil 860 pesos, a quien ilícitamente realice cualquier actividad con fines de tráfico, capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar de vida silvestre.