Los ahorros de millones de trabajadores podrían estar en riesgo; eso fue lo que denunciaron senadoras del PRI al señalar contratos millonarios en el Infonativ.
Mely Romero, Claudia Anaya y Carolina Viggiano cuestionaron la administración de Octavio Romero Oropeza y advirtieron que las decisiones sobre los recursos del instituto están concentradas en personas vinculadas con Morena, situación que, desde su perspectiva, debilita los mecanismos de vigilancia y transparencia.
Uno de los principales señalamientos apunta a compañías que anteriormente fueron proveedoras de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que ahora participan en proyectos de construcción de viviendas, pese a que algunas no tendrían experiencia en ese sector.
Contratos de hasta 580 millones de pesos encienden las alertas
Entre los casos expuestos por las legisladoras destaca un contrato por 580 millones de pesos para fotocopias. También mencionaron otro por 89.9 millones de pesos que, aseguraron, no lograron localizar en el portal correspondiente.
Las priistas sostuvieron que estos contratos representan indicios que deben investigarse y recordaron que sus advertencias comenzaron desde la discusión de las reformas al Infonavit.
Aunque existen comités de adquisiciones y un Consejo de Administración, cuestionaron que la mayoría de quienes toman las decisiones estén vinculados con Morena o con el director del organismo.
“Eso es concentración del poder”, advirtieron.
Alertan por el destino de los ahorros de los trabajadores
Las senadoras también pusieron el foco en los 1.2 billones de pesos acumulados en las subcuentas de vivienda, recursos que pertenecen a los trabajadores.
Durante sus declaraciones, señalaron que más de 150 mil millones de pesos ya fueron utilizados: más de 60 mil millones se habrían erogado y otros 92 mil millones estarían disponibles para pagos en las próximas administraciones.
El mecanismo cuestionado consiste en transferir recursos de las cuentas de los trabajadores al Infonavit y posteriormente a la empresa constructora creada mediante la reforma legal, para que esta contrate a particulares.
Las legisladoras denunciaron que algunas compañías reciben contratos mediante adjudicaciones directas, pese a que serían de reciente creación, carecerían de experiencia en construcción o no tendrían registros previos en Compranet.